Tello Benítez condena: “detención de González y falta de pagos”

Ferromineros se encuentran en estado de indefensión

Cristóbal Pierluissi H.Especial para

El Progreso

-En la Ley contra la Corrupción hay suficientes disposiciones para enjuiciar a unos cuantos Presidentes y Gerentes de las empresas básicas, que administran esas empresas en detrimento del patrimonio público. Pero las consecuencias de su mala administración no solo afectan al patrimonio público sino también a los trabajadores activos, jubilados y pensionados.

Tal opinión es sostenida por Eleuterio (Tello) Benítez, abogado laboral en ejercicio, asesor de varias organizaciones sindicales, Presidente de Fundatrabajo y ex -Secretario General de SUTISS, de cuyo ascenso, junto a Andrés Velásquez en la Presidencia de dicho sindicato de los siderúrgicos, se cumple 30 años el próximo lunes 23 de noviembre.

-A la mala administración de quienes están al frente de las empresas básicas, en detrimento de los trabajadores activos, pensionados y jubilados, se suma la acción y omisión de los sindicalistas patronales y el efecto del terror que causa en los trabajadores la criminalización de las protestas laborales alerta el ex-sindicalista y abogado.

Considera como una “flagrante violación a la libertad sindical”, cuestión que a su criterio “afecta directamente a lo derechos de los trabajadores”, el hecho de que s el Secretario General del sindicato Sintraferrominera, Rubén González, se encuentre preso en su casa, “impidiéndosele su actividad sindical”.

-Todo ese cuadro general es grave, extremadamente grave desde el punto de vista del derecho humano, laboral y político alerta Tello Benítez, ante nuestra interrogante al respecto.

-Los Presidentes de las empresas básicas señala nuestro entrevistado- esgrimen como argumento en su defensa y para incumplir los beneficios establecidos en las convenciones colectivas, los efectos de la crisis financiera global; pero todos sabemos que una superficial auditoría de la situación general de esas empresas, evidenciaría la mala administración, incluso, cuando los altos precios de la materias primas, les permitían a estos Presidente y Gerentes fomentar irresponsablemente el clientelismo político duplicando las nóminas y malbaratando cuantiosos recursos en propaganda política.

Tello Benítez, refiere de sus conversaciones con trabajadores de Ferrominera Orinoco y al respecto enumera algunas de las deudas que, según sus palabras, tiene contraída esa empresa con su personal: “No les han pagado el 10% del aumento del contrato (pendiente desde el 1§ de septiembre de 2009). No les han pagado las utilidades, las cuales debieron ser canceladas en la primera quincena de noviembre. No les dieron la contribución a los jubilados para celebrar el día del jubilado. No llevan a Margarita a los jubilados que recién cumplen el requisito de, como de costumbre se hace. No pagan el fideicomiso. Los ahorros tienen 4 meses que no los entregan a quienes los solicitan. A la asociación de jubilados y pensionados les descuentan las cotizaciones y no se las entregan a la asociación, etc., etc.”

-¿Entonces, está hablando de toda una serie de compromisos pendientes?

-Se trata de un montón de deudas las que Ferrominera tiene contraído con sus trabajadores, sin duda alguna.

-¿Y hasta qué punto el Estado tiene responsabilidad en todo esto que denuncia?

-Nuestra constitución establece que el Estado es responsable. Basta leer, entre otros, los artículos 6, 25, 26, 49.8, 139, 140 y 259. El 140 es muy claro: ¨El Estado responderá patrimonialmente por los daños que sufran los particulares en cualquiera de sus bienes y derechos siempre que la lesión sea imputable al funcionamiento de la Administración Pública”.

-Lo anterior lógicamente completa al respecto Benítez- no implica, que si la administración pública es responsable, los funcionarios no tienen responsabilidad. La constitución y la ley también en esto son bien claras.

Finalmente, Tello Benítez es determinante cuando afirma que “los trabajadores no deben hacerse corresponsables, como quiere la gerencia, de la mala administración de las empresas básicas, para las cuales no han creado ni implementado ninguna política de sustentabilidad que permita prestar el trabajo en condiciones decentes. Deben luchar por sus derechos”.

La Causa Radical Guayana