Archivo
José Luis Morocoima “El Gobierno ha dado fuerza y apoyo a los grupos violentos”
En su carrera para obtener el grado de abogado, José Luis Morocoima abordó la violencia sindical en el sector construcción en la tesis partiendo de una preocupación: “un ‘sindicato’ que actúa como una banda armada (…) obedeciendo a intereses oscuros”. “Este es un tema que personalmente he venido denunciando ante la Asamblea Nacional y ante la misma Fiscalía en el 2009”, dijo el secretario general de Sutralúmina-Bolívar que resultó herido de bala y con varios golpes en la cabeza el pasado miércoles, en una asamblea de trabajadores de CVG Bauxilum. Al repasar los hechos y mirarse a sí mismo -hospitalizado por el atentado que sufrió en la empresa donde ha labrado una trayectoria sindical- Morocoima sabe que cualquier otro empleado o dirigente pudo estar en la cama, convaleciente, porque la impunidad ensancha las posibilidades de una agresión. “En el problema del desempleo, por ejemplo, hay problemas con la droga, con el tráfico de armas; y hay entre los delegados de la construcción quienes tienen alguna relación con los centros penitenciarios.
Siempre habla en plural porque dice que no está solo. Cuenta con los trabajadores a quienes representa como secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Alúmina (Sutralúmina-Bolívar).
Más recuperado pero aún hospitalizado, José Luis Morocoima hace un análisis de lo ocurrido. Escucha menos porque con los golpes se le acentuó la pérdida de la audición del oído izquierdo y la membrana del derecho está perforada en 60 por ciento, según el informe médico. Requerirá control durante tres meses y, de no recuperarse, deberá someterse a una operación.
El impacto de bala en el glúteo es una herida más. Los médicos esperan los resultados de la tomografía y la resonancia con la que tendrán un diagnóstico más detallado de los daños en el cráneo.
Después de haber recibido mensajes de solidaridad y con un conflicto en pie dice sentirse orgulloso. “Me siento orgulloso de haber cosechado tantos amigos, que me hayan dado la tarea de representar sus intereses colectivos y de estar en primera fila en esta lucha, aunque la vida esté en riesgo”.
Considera que lo ocurrido el miércoles en la mañana, cuando un grupo armado rodeó la planta coaccionando a los trabajadores a desistir de su protesta, no es un problema sólo de CVG Bauxilum, sino del Estado.
Aboga por medidas eficaces para controlar a sujetos que -en su opinión- han penetrado las instituciones creando un Estado dentro del Estado.
Y lo señala así, pues tiene conocimiento teórico y práctico. Su tesis de grado para obtener el título de abogado trató el caso de la violencia en el sector construcción; y luego ha conocido de cerca el proceder del movimiento Muralla Roja el cual pretende la administración de la cláusula 80 del contrato colectivo.
Desde que fue electo, en el 2009, ha sido amenazado de muerte por adscritos a este sindicato. La denuncia está en la Fiscalía y se ha tratado en reuniones con el alto gobierno.
Cancha política
Insta a que los hechos trasciendan para ir al fondo del problema: la violencia del sector construcción. “Este es un tema que personalmente he venido denunciando ante la Asamblea Nacional y ante la misma Fiscalía en el 2009 por la manera en que un ‘sindicato’ actúa como una banda armada (…) obedeciendo a intereses oscuros”.
La actuación de Muralla Roja ¿es algo personal contra usted o es un encargo?
– Es una conducta que se está arraigando en las empresas. Estoy seguro que no es solamente en Bauxilum, solo que en Bauxilum -quienes han dirigido esta factoría- les han dado las facilidades para que avancen en su propósito. Mejor dicho, le han dado fuerza y apoyo.
¿Apoyo económico y político?
– Es un apoyo económico y político para que esto suceda. Entonces ese fenómeno se ha desbordado más en Bauxilum y por ello, ocurre lo que ocurrió ayer: donde ellos creyéndose con un derecho -que alguien se los dio- arremeten contra una protesta pacífica de los trabajadores de la empresa, atribuyéndose ellos el poder de abrir los portones y desactivar una protesta natural de esta compañía. Habiéndose hecho las denuncias esto es parte de las consecuencias de lo que no se ha querido hacer.
En las últimas tres reuniones que he sostenido con el ministro José Khan le he manifestado mi preocupación sobre la forma cómo se viene manejando esos grupos violentos dentro de las estatales y lamentablemente ocurrió esto y se ha generado una conmoción regional para el que hay que aprovechar esta coyuntura.
Diálogo y sanción
¿Qué zona de seguridad?
“Nos preguntamos: ayer ocurrió un acto de violencia contra los trabajadores naturales de esta empresa y los guardias que estaban en el portón, en vez de guardar la integridad, o llamar a más efectivos, lo que hicieron fue retirarse del portón. Excepto uno que también fue repelido. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Cuál va a ser el papel del Ejército, de las Fuerzas Armadas ante las situaciones que están ocurriendo? No puede ser que no se haga nada aquí en situaciones de violencia pero sí se emplee, como en el caso de Rubén González, para criminalizar la protesta”.
¿Cuál diálogo?
“Yo quiero saber cuál va a ser la posición que él (José China) va a tener sobre los hechos que están ocurriendo allí y sobre esas relaciones peligrosas que hay en Bauxilum y además saber si esa puerta que se está abriendo es producto de esta circunstancia o es que definitivamente se van a respetar las organizaciones sindicales”.
Para el dirigente con 23 años en CVG Bauxilum lo que está en juego es la libertad sindical y el derecho a la protesta.
“No puede ser que en esos grupos haya gente con antecedentes penales, solicitados, que han cometido crímenes y andan impunemente ejerciendo cualquier actividad sindical”.
¿Cree que lo ocurrido se trata de una amenaza para impedir que los trabajadores sigan protestando?
– Yo creo que sí, porque los métodos de coacción al ejercicio de la libertad sindical ha llegado a estos límites. Ya no sólo se amenaza a la gente por el solo hecho de saludar a un dirigente sindical sino que son capaces, de hacer uso de lo que se llama comúnmente las fuerzas mercenarias, para amedrentar y meterle miedo a los compañeros que continuaron con la lucha y la continúan hasta que haya resultados.
Responsabilidad en el poder central
Advierte que si el presidente Hugo Chávez analiza la situación desde el punto de vista de una confrontación política, sería un análisis errado. Y nombra al primer mandatario pues está convencido que ni el ministro José Khan ni los presidentes tienen autonomía para decidir.
“Es un hecho real lo que está ocurriendo desde el punto de vista social y económico con todo lo que está ocurriendo en la ciudad. El desmantelamiento de las empresas, la falta de empleo y, ante todo esto que está ocurriendo, es obvio que tiene que haber una orden del Presidente de la República para que esto comience a resolverse”.
Muralla Roja defiende gestión de José China
En el programa de radio -Público y Confidencial- el líder de la Muralla Roja, Andrés Escalona, manifestó sentirse conmovido “al ver como la gente quiere criminalizar, satanizar a Andrés Escalona que toda la prensa de Guayana sabe lo que ha hecho para erradicar la violencia del sector construcción”.
Contó que cuando ocurrieron los hechos violentos en CVG Bauxilum no estaba en el lugar, que no se disparó ni un proyectil, que sus trabajadores no andan armados y que, por lo tanto, Morocoima no sufrió ningún impacto de bala.
“Ayer la Muralla Roja no fue a crear ningún tipo de conflicto. El señor Morocoima envió a la gente, en su interés de parar Bauxilum, fue a sacar a la gente del sector construcción. Nosotros estamos trabajando en la recuperación de los calcinadores y los PA3, que son dos puntos importantísimos dentro de los planes que se tienen para sacar a esta empresa adelante”.
Dijo estar a favor de la paz, la conciliación, así como manifestó su identificación con la gestión de José China, presidente de CVG Bauxilum. “¿Qué defendemos la gestión de José China? Sí la defendemos porque nos parece un buen gerente. Yo defiendo -por ejemplo- la administración del coronel Manzulli porque me gusta como él dirige, eso no quiere decir que si el gobernador o el alcalde, o José China, no, ellos no tienen nada que ver en esto. Fue una reacción y cada quien tiene que hacerse responsable”.
Voces partidistas repudian atentado contra Morocoima
El repudio fue unánime y espontáneo: partidos opositores rechazaron las agresiones contra el dirigente sindical de CVG Bauxilum, José Luis Morocoima.
Algunos de los voceros acusaron, directamente, al Gobierno nacional por pretender intimidar la vocería sindical en tiempos de crisis para las empresas básicas.
Tan espontáneos como resultaron esos pronunciamientos, notorios fueron los silencios de los dirigentes locales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quienes brillaron por su ausencia en este caso.
Luis Medina (La Causa Radical). “Nosotros queremos señalar en las primeras de cambio que el gobernador, el alcalde, y José China son los responsables directos de esto que podemos llamar un atentado contra la libertad sindical. No se puede permitir que la iniciativa de lucha y protesta hoy se vea empañada por el sicariato sindical, que desde el 2005 hasta la fecha ha cobrado 150 vidas en el ámbito de la construcción. No podemos permitir que esa realidad que hoy existe en la construcción del estado Bolívar se traslade a las empresas básicas, por eso pedimos el pronunciamiento rápido de las autoridades, la investigación y que se sancione a los culpables”.
Feliciano Guzmán y María Álvarez (Bandera Roja). “Desde el equipo de Bandera Roja condenamos enérgicamente este acto de sicariato. Rechazamos la participación del sector construcción en el campo sindical, sobre todo en las empresas básicas, agrediendo a la dirigencia sindical reconocida y electa por los trabajadores como es el caso de José Luis Morocoima (…) Es responsabilidad de Rangel Gómez, como figura número uno en el estado, ese grupo sindical que hoy se vincula a la agresión de José Luis Morocoima está muy ligado a las políticas del gobernador Rangel Gómez y tiene que investigarse a quien dio la orden para que esos individuos entraran como Juan por su casa en la empresa. Es un fascismo solapado que se está dando desde el Gobierno nacional a través de la Gobernación del estado Bolívar”
Pablo Castro (Un Nuevo Tiempo). “Hoy un grupo de trabajadores en una asamblea fueron atacados por la pandilla que se identifica como Muralla Roja y agredieron a los que allí se encontraban, en donde resultó herido José Luis Morocoima, secretario general de ese sindicato, a quien le dispararon sin lograr impactar, y lo golpearon contundentemente con la intención criminal de matarlo. Exigimos al Gobierno nacional, a la Fiscalía y a los que hoy tienen el llamado control obrero, a que no permitan que estos actos de violencia sigan ocurriendo, ya que está en riesgo la vida de dirigentes sociales, sindicales, y de trabajadores de este sector que sólo persiguen progreso para el país. Exigimos respeto al sindicato, al ejercicio sindical, a la contratación colectiva, y exigimos respeto a la vida y a protestar, que son derechos consagrados en nuestra Constitución”.
José Ríos (Acción Democrática). “Repudiamos de manera rotunda el ejercicio que se está haciendo para la constitución de bandas de choque que surgen desde el mismo seno de los trabajadores. Esta es una demostración evidente de que se pretende silenciar el legítimo ejercicio sindical. “Estas personas vienen luchando por una contratación colectiva justa, y el Gobierno les responde con una paliza. Igual ocurrió con Rubén González en Ferrominera: queremos decirles a los trabajadores de Guayana que no están solos, y que abriguen las esperanzas para el 2012”.
Atentado contra líder sindical de CVG Bauxilum
• Rebasó el vaso
• Unos repudian, otros callan
“El gobernador, el alcalde y José China (titular de Bauxilum) son los responsables directos de esto que podemos llamar un atentado contra la libertad sindical”, opinó Luis Medina.
• CVG lamenta y acusa
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Foto William Urdaneta
El secretario general de Sutralúmina, José Luis Morocoima, presentó golpes en la cabeza y laceraciones en los glúteosEra la única empresa del sector aluminio cuyos trabajadores no se habían sumado hasta la mañana de ayer a las protestas.
Los trabajadores acudieron con más convicción este miércoles, e indignados por la situación general -convenciones colectivas, desinversión y pasivos laborales- decidieron trancar los portones y presionar, como el resto de los trabajadores del aluminio, una respuesta oficial.
Cuando Juan Rojas, uno de los dirigentes de Sutralúmina-Bolívar, fue a cerrar el portón que da a la planta desde el polideportivo de CVG Bauxilum, forcejeó con voceros del control obrero que intentaban impedir la acción.
El secretario general de Sutralúmina, José Luis Morocoima, fue a ayudarlo hasta el portón. De hecho, lograron cerrarlo. Testigos -que no quisieron identificarse- contaron que el consultor jurídico de la empresa llamó a un grupo de sujetos armados del sindicato de la construcción, que han merodeado estos portones desde hace mucho tiempo, y les indicó quién era Morocoima.
“Eran más de 100 hombres”, dijo uno de los trabajadores, y entre varios le cayeron a golpes en la cabeza con la pistola al directivo sindical que cayó tendido en el suelo. En ese instante detonan las armas (se escucharon más de 12 tiros, según testigos) y una bala impactó a Morocoima, quien seguía tirado en el piso.
Algunos pensaron que el secretario general estaba muerto. Los disparos se escucharon en el edificio administrativo. Poco antes de encontrar al dirigente, los sujetos pasaron por el sindicato y con las armas golpearon los vidrios buscando a Morocoima.
Cuando ya casi se retiraban los de la construcción, Andrés Escalona -líder de Muralla Roja- amenazó al dirigente José García delante de la Guardia Nacional y de la Policía: “Si no lo mato hoy, lo mato mañana”, y se marcharon.
Morocoima fue trasladado a la clínica Ceciamb en la ambulancia de CVG Bauxilum. El cirujano Rafael Hurtado informó que presentó traumatismo en la región fronto parietal izquierda, agudización de la hipoacucia y laceraciones en los glúteos provocados con el arma de fuego. Indicó que no se le encontró entrada y salida de bala.
Ministro, venga a Guayana
“Hoy, realmente estamos viviendo una situación que nunca en la historia de Guayana había pasado”, señaló Juan Gómez, secretario general de Sunep-CVG, junto a Emilio Campos (Sutracarbonorca), Rubén González (Sintraferrominera) y otros dirigentes sindicales.
“El llamado es: ministro, usted es la cabeza de todo lo que está pasando en las empresas de Guayana. Usted tiene que dar la cara. Usted tiene que despachar desde acá, desde Guayana. Le pedimos que las acciones que estamos tomando sean solucionadas, como lo es la negociación de las convenciones colectivas, que muchos años, estamos hablando de 3 4 y 5, que no se ha quitado este gobierno. A usted lo colocaron para solucionar estos problemas acá”.
Gómez indicó que hay un anhelo de los trabajadores para volver a ser lo que eran antes: “Un estado de desarrollo, de paz, de tranquilidad y de una calidad de vida envidiable por todo el mundo (…) Aquí habíamos padres de familia que pensábamos en trabajar y en producir el futuro y lo que vemos es atropello, amenaza a estos dirigentes sindicales que lo que hacen es poner su vida para que los trabajadores de Guayana tenga una calidad de vida”.
“Lo que quieren es que nosotros no digamos nada”
“Nosotros estuvimos en la Fiscalía y advertimos de los riesgos que corría Morocoima, pero a pesar de eso no se hizo la diligencia. Eso demuestra que esa acción es parte de la política del gobierno y nosotros cuestionamos eso. Fue algo premeditado para sembrar el terrorismo porque lo que quieren es que nosotros no digamos nada. Que muramos callados. Que no digamos que las empresas tienen crisis”.
Evalúa que hay un desorden en todos los niveles y “somos los trabajadores quienes construimos futuro, quienes construimos patria, que con nuestro esfuerzo físico desarrollamos un país, estamos obligados a ponerle orden a esta pea”.
Contó que en la última reunión le advirtieron al ministro que en Bauxilum había una escalada de violencia a manos de sujetos armados que actuaban bajo el manto de la impunidad. En ese encuentro Morocoima le reiteró que temía por su vida pues en otras oportunidades el mismo sector lo había amenazado de muerte.
“Ese es el brazo derecho, en el caso de Bauxilum, del control obrero. Incluso quien iba dirigiendo esta mañana a esos mercenarios era el consultor jurídico de esa empresa. Eso significa que ellos son responsables de eso porque ellos son los que dirigen esa empresa”.
Responsabilizó al presidente Hugo Chávez de permitir la impunidad dentro del Estado y el crecimiento de grupos armados.
Correo del Caroni
El control obrero sin obras que mostrar
A un año de la instalación del control obrero en las empresas básicas de Guayana los trabajadores exigen al Ejecutivo corregir las desviaciones, desterrar la puntiaguda influencia del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) de las fábricas, acelerar las inversiones y pagar los pasivos laborales.
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Los pasillos de las empresas básicas están tapizados de propaganda política, quejas, reclamos y críticas. Los trabajadores pasan de largo durante las asambleas, pocos se detienen a escuchar a los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV); lucen agotados de los discursos.
Y hoy, cuando se cumple un año de la juramentación de los “presidentes- trabajadores”, los empleados manifiestan estar decepcionados de los resultados; su evaluación apunta a una sola cosa: la pugna política no deja recuperar la productividad de la industria.
La mayoría reconoce que el “control obrero” despertó la participación de la masa laboral hacia un mayor interés por el ámbito administrativo, mas hay un desconocimiento a quienes dicen representar a los trabajadores en las mesas de trabajo.
Aunque la ejecución del control obrero varía de una fábrica a otra, en general, el establecimiento de un nuevo modelo de gestión se tradujo en mayor conflictividad dentro de las estatales.
Algunos gerentes como Elio Sayago, presidente de CVG Alcasa, considera “el conflicto” como natural en el proceso de depuración de las estructuras donde coexisten los intereses personales y económicos de factores de poder cercanos al gobierno.
Sin embargo, los empleados consultados exigen al Ejecutivo que asuma su cuota de responsabilidad en el debilitamiento institucional.
El ojo del huracán
“A un año de poner en práctica el control obrero son pocos los resultados que hemos obtenido. Manejamos unos recursos que son del Fondo Chino que se utilizaron para la criticidad que vive la empresa, pero no fue suficiente para resolver la situación y sirvió no más que para palear algunas situaciones”, en fin -dice- “la empresa está cerrada con las puertas abiertas”, comenta Jhoan Rodríguez, un alcasiano participante de la mesa de reducción.
En su análisis el control obrero sirvió para acrecentar las pugnas y las divisiones. “Vemos ahorita cómo dos sectores del oficialismo, que representan y se adjudican el control obrero, están en pugna y eso en nada ha contribuido a solucionar la problemática sino que, por el contrario, esta se ha venido agudizando en los últimos meses”.
Y los alcasianos están claros: “De todo esto los más perjudicados somos los trabajadores que en realidad queremos echarle pichón y sacar la compañía adelante”, cuenta Ángel Oviedo.
De la maraña que se ha convertido las distintas visiones del propagandeado modelo, el trabajador rescata la importancia de que cada quien asuma su responsabilidad.
Vacío institucional
En resumen: “El control obrero ha llenado las lagunas que ha dejado la participación sindical y gerencial de todas las empresas del sector aluminio”, sentencia Luis Medina, trabajador de Alcasa.
La percepción de que, en el fondo, no hay un debate ideológico sino una pelea por el control de las empresas recorre las plantas. Félix Caldera, trabajador de CVG Venalum, lo subraya: “Aquí se están matando unos con otros por el poder de la jugada”.
Y el mayor rechazo surge por el ascenso de dirigentes, no electos por los trabajadores, como representantes de la masa laboral. CVG Venalum es – quizás- el caso más emblemático de esta situación.
Daniel Lejarazo, un empleado con más de 10 años en la factoría, le indigna que dirigentes que no tienen ni la cualidad ni la solvencia moral para representarlos, cobren sin trabajar.
“¿Por qué no se escogió a un trabajador de la propia producción que guerrea con uno, que saca aluminio? No las hemos visto negra porque los beneficios son para ellos, no para uno. Tiempo completo para ellos, cobran por guardia, mientras uno trabaja por guardia y si faltas un día te lo quitan. Eso ha generado descontento. Ahora los mandaron a trabajar ¡Gracias a Dios!”.
La incorporación de trabajadores contratados a la nómina y una mayor ventilación de presuntos casos de corrupción son algunos de los aspectos que los empleados resaltan como positivos, sin embargo, el balance no satisface sus expectativas.
¿Hacia dónde van?
Algunos empleados como Eyisto Mesa, de CVG Venalum, cree que es necesario que se alcance un consenso de cuál es el futuro de las factorías y el rol de cada uno de los actos.
Emilia Rodríguez, quien tiene 29 años laborando como alcasiana se pregunta “¿Cuál control obrero?”. Dice estar triste y preocupada, cuenta que la situación en la fábrica ha sido “cansona” en todos los sentidos. “Los presidentes que han estado siempre son lo mismo: la tiranía, la apatía y Alcasa cayéndose. La pugna entre el sindicato y los presidentes ha dañado y, nosotros, que estamos en el medio, somos los que agarramos la pugna política que tienen”.
Creo que lo que hace falta es consciencia, “porque aquí cada quien hace lo que le da la gana”.
La misma historia se repite en CVG Carbonorca donde ni el sindicato ni el control obrero aprueban la gestión del presidente Juan José Méndez y en varias oportunidades han promovido un referendo revocatorio.
En cambio, CVG Bauxilum parece haber logrado reducir la conflictividad, pero la amenaza de fondo sigue presente: ¿Lograrán los consejos de trabajadores sustituir a los sindicatos?
Dos años del Plan Guayana Socialista
– 6 de marzo de 2009: Presidente Hugo Chávez en cadena nacional dice que los trabajadores de Guayana “quieren ser ricos” y que tienen privilegios; anuncia la conformación de las Corporaciones del Aluminio, Hierro y Acero.
– 2 de mayo de 2009: Primer mandatario aprueba Bs. 410 millones para atacar “emergencia financiera” en el sector aluminio.
– 21 de mayo de 2009: Presidente Hugo Chávez bautiza el Plan Guayana Socialista 2009-2019, mesas de trabajo presentan diagnóstico y nacionaliza seis empresas estratégicas: Matesi, Comsigua, Orinoco Iron, Venprecar, Tavsa y Cerámica Carabobo.
– 12 de julio de 2009: Comienzan protestas de los sindicatos en reclamo del pago de los intereses de prestaciones sociales.
– 16 de julio de 2009: Ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, se compromete a pagar en dos partes intereses de prestaciones.
– 8 de agosto de 2009: Chávez regresa a Guayana y otorga un “préstamo socialista” a la industria del hierro y el aluminio: Bs.F. 382,6 millones y 122,4 millones de dólares para atender “terapia intensiva” de las empresas a ejecutar entre septiembre-diciembre.
– 24 de septiembre de 2009: detienen a secretario general de Sintraferrominera, Rubén González.
– 1 de diciembre de 2009: Ministro Sanz garantiza pago de aguinaldos a los trabajadores.
– 22 de diciembre de 2009: Sanz anuncia el cierre de las líneas 1 y 2 de CVG Alcasa, el apagado de dos hornos en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) y 360 celdas en CVG Venalum para incorporar 558 megavatios (Mw) al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
– 10 de marzo de 2010: Mesas del Plan Guayana Socialista promueven referendo para presidente de CVG Alcasa, César Aguilar.
– 4 de marzo de 2010: Comienzan protestas de los sindicatos del aluminio por la discusión de los contratos colectivos, pago de pasivos laborales y destitución de presidentes de las fábricas.
– 6 de abril de 2010: Destituyen a ministro de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz y designan a José Khan -por segunda vez- titular de la cartera minera.
– 12 de abril de 2010: Ministro Khan da las pautas para la elección de los nuevos “presidentes-trabajadores” y dice que gobernará “sin sectarismos”.
– 26 de abril de 2010: Trabajadores del aluminio y sindicatos inician protesta por aumento de salario y piden igual aumento que a militares.
– 30 de abril de 2010: Presidente Hugo Chávez aprueba inversión contemplada en el plan trienal del Plan Guayana Socialista (PGS) 2009-2019. Mil millones de bolívares fuertes y 783,9 millones de dólares para ser administrados por el control obrero.
– 15 de mayo de 2010: Chávez juramenta a los nuevos “presidentes-trabajadores” de Sidor, Alcasa, Venalum, Bauxilum y Alunasa. Anuncia nacionalización de Norpro de Venezuela.
– Julio de 2010: Presidentes presentan Plan de 100 días para recuperación de las empresas.
– 31 de octubre de 2010: Presidente Hugo Chávez anuncia nacionalización de las plantas de la Siderúrgica del Turbio (Sidetur).
– 9 de noviembre de 2010: Movimiento 21 de CVG Alcasa toma la presidencia de la empresa para desplazar a Elio Sayago en ejercicio del control obrero.
– 10 de enero de 2011: Trabajadores exigen la destitución de la comisión de transición de Orinoco Iron.
– 13 de enero de 2011: Trabajadores de Norpro de Venezuela protestan por pago de salarios y la firma del Decreto de nacionalización.
– 19 de enero de 2011: Sindicatos de CVG Venalum emprenden paralizaciones escalonadas en la empresa del aluminio por la discusión del contrato, pago de pasivos y la consigna: “Fuera Rada”.
– 24 de enero de 2011: Comienza paro en CVG Alcasa promovido por el Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa para el pago de beneficios laborales y destitución de Sayago.
– 11 de febrero de 2011: Canciller Nicolás Maduro llega a Ciudad Guayana a resolver conflicto en CVG Venalum.
– 12 de febrero de 2011: Termina conflicto en CVG Venalum.
– 15 de febrero de 2011: Trabajadores de Cerámica Carabobo protestan en reclamo a dos años de paralización.
– 28 de febrero de 2011: Sentencian al secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, a siete años y seis meses de prisión.
– 3 de marzo de 2011: Eliminan causa de Rubén González y Tribunal Superior exige iniciar nuevo juicio.
– 25 de marzo de 2011: El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) marcha en respaldo al control obrero en Ciudad Guayana.
– 26 de marzo de 2011: Sindicatos agrupados en el Frente Unido en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess) marchan en Guayana y exigen discusión de contratos colectivos.
– 28 de marzo de 2011: Presidente de CVG Alcasa, Elio Sayago, decreta la “emergencia operativa y financiera” en la pionera del aluminio y anuncia la compra de aluminio primario.
– 6 de mayo de 2011: Trabajadores de Tubos de Acero de Venezuela (Tavsa) protestan en CVG a dos años de la nacionalización: exigen reactivar la empresa que opera a 40 por ciento de su capacidad.
– 11 de mayo de 2011: Movimiento 21 comienza referendo consultivo para medir aceptación de presidente Elio Sayago en CVG Alcasa.
– 13 de mayo de 2011: Sindicatos del aluminio se reúnen con ministro de Industrias Básicas y Minería, José Khan, y acuerdan reunión para el 19 de mayo. Amenazan con reactivar ciclo de protestas.
Evaluación laboral
Jhoan Rodríguez, participante de la mesa de reducción de CVG Alcasa. “El único resultado que se ha tenido es el conocimiento que ha adquirido el trabajador común, el que no pertenece a las áreas administrativas, que nunca había manejado contrataciones (…) Puedo hablar responsablemente que los recursos del Fondo Chino sí se han administrado con eficiencia. Lo que no podemos garantizar es que por otras vías se sigan utilizando los mismos métodos que se han utilizado para lograr comisiones y beneficios”.
Ángel Ovieda, trabajador de Alcasa. Siete años. “Aquí el control obrero no se ha dado al 100 por ciento como tiene que darse. Porque aquí nos dieron un control obrero y resulta que es un control a dedo. Entonces, por una parte, hay gente… trabajadores que queremos echarle pichón pa’ sacar la empresa adelante, pero entonces hay otros factores como el sindicato que no deja, porque es una pelea interna política de la gente del PSUV”.
Luis Medina, participante de las mesas de trabajo de Alcasa. Siete años.“Primera vez que se le da autoridad y participación al trabajador en todos los procesos productivos, lo que pasa es que los sectores sectarios, político partidistas no les ha convenido nunca. Igualmente que a las gerencias carcomidas por la corrupción, tampoco les ha convenido nunca ¿Por qué? Porque el trabajador tiene participación en la producción y controla tanto los procesos productivos como administrativos”.
Emilia Rodríguez, trabajadora de Alcasa. 30 años. “La decepción es total. Antes se podía decir que nos sentíamos orgullos de estar en Alcasa, por lo menos yo lo sentía, ahorita es así como cuando te cansas… decepcionada. Tenemos una Alcasa más poblada y más desolada, eso es lo que siento (…) Ha sido un desacierto de los gobiernos, no han tenido la certeza en colocar a alguien que saque esto adelante”.
Félix Caldera. Trabajador de CVG Venalum. 20 años. “Ahorita hay mucha tiranía entre el control obrero y el sindicato que tenemos. No ha sido positivo nada. No sé qué clase de socialismo hay cuando lo que tenemos es que estar unidos y lo que hay es desunión, esa es mi opinión. Paran la flota, mañana se le meten los otros y puro golpe, pelea. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto se puede solucionar si llegamos a un acuerdo y nos sentamos todos unidos”.
Daniel Lejarazo. Trabajador de CVG Venalum. “Lo positivo del control obrero es que es un instrumento para que se ejecuten los proyectos, pero quienes lo dirigen no sirven: porque no ganan nunca dentro del sindicato, no ganan en ningún lado. Los trabajadores no lo queremos, porque son malos: malos trabajadores, malos sindicalistas, malos en todo. Nunca han ganado nada. Quieren todo a la fuerza, imponerle a uno todo, porque el control que quieren tener es controlar a los trabajadores”.
Efigenio Amarista. Trabajador de CVG Venalum. 12 años. “Después de que se instaló el control obrero no le hemos visto nada positivo, se ha continuado en lo mismo de siempre. Yo en realidad te digo, hace tiempo la administración de Isaías Suárez, sí se vio bastante. Me parece que la gente que está en el control obrero, creo que no tienen el conocimiento necesario sobre lo que es la producción o la dirección de la empresa. No es que tengan malas intenciones, sino que parece que les llegó algo para lo que no tenían conocimiento”.
Eyisto Mesa. Trabajador de CVG Venalum. 17 años. “Considero que el control obrero es muy importante en la gestión que lleva nuestro presidente comandante pero efectivamente aquí no se ha podido consolidar eso, porque hay mucha pugna política y eso está desviando el verdadero rol de la empresas. Hay que corregir muchas cosas que no se están llevando a cabo. No se está haciendo la verdadera participación. Si esto no se corrige lamentablemente las empresas se nos van a ir palo abajo”.
Francisco Gómez. Trabajador de CVG Venalum. “Esas mesas no sirvieron para nada, no han hecho nada. En vez de un control obrero lo que hay es un antiobrero porque ese control obrero no ha hecho nada por la empresa. El control obrero no tiene nada positivo porque ellos no fueron elegidos por los trabajadores, se eligieron ellos mismos. Un grupito se formó sin ser elegido por los trabajadores”.
Pablo Acosta. Trabajador de CVG Bauxilum. “Hay un poco de avance en las cuestiones pero ellos se inmiscuyen en cosas que no deberían inmiscuirse. Ellos tienen sus funciones específicas que es velar por las inversiones de la empresa, las compras que se tienen que hacer. Se meten en cosas como cambiar a un trabajador de su área y dicen quién debe ir y quién no debe ir. Yo pienso que las personas que tienen años aquí de experiencia deberían tener prioridades”.
EDUCACIÓN Y PRODUCTIVIDAD/ La productividad en las empresas básicas
Columna de José M. Fernández (Chema) en el Correo del Caroni
La productividad y la solidaridad son dos principios complementarios (no excluyentes como pretenden hacerlo ver quienes hablan de dos modelos, capitalismo vs socialismo) del régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela (Art. 299). Cuando el presidente Chávez comenzó a definir su revolución como socialista y anticapitalista, la productividad ha sido omitida o menospreciada en los discursos, leyes y consignas de los personeros del régimen por considerar que la misma se corresponde con un pensamiento mercantilista. Esa orientación ha incidido en los resultados de las empresas “socialistas” de Guayana.
La cultura de la productividad emergió fuertemente en la economía mundial mediante la introducción del paradigma de la calidad, que establecía como principio la optimización de insumos y procesos para obtener los mejores productos al menor costo posible. Para ello, era necesario hacer mediciones de la producción a fin de establecer mejoras continuas en todos los procesos.
Pero ¿qué es la productividad? Es un cociente entre un bien y los insumos necesarios para producirlo como materia prima, trabajo, tiempo. En este escrito, nos referiremos únicamente a la productividad laboral entendida como la relación entre producción y personal.
Es un indicador sencillo que nos permite contrastar diferentes mediciones en el tiempo y así, compararla con índices de productividad de otros lugares. De la productividad y su justa distribución depende la calidad de vida de los trabajadores.
En un artículo anterior afirmaba que conseguir datos oficiales de la nómina de las empresas del Estado es misión imposible. Me voy a atrever a ofrecer números de cantidad de personal que expresan los dirigentes sindicales, aun a sabiendas que son datos aproximados.
Agradecería una confirmación o corrección oficial a los mismos.
1. La capacidad instalada de las industrias básicas de Guayana no ha crecido en esta década.
Asumiendo que en el año 2000 éstas tenían una fuerza laboral, por lo menos suficiente para alcanzar dicho nivel de producción, el personal de Ferrominera pasó de 3.200 trabajadores en ese año a 7.500 en 2010. (Habría que descontar los trabajadores incorporados de Topca); Alcasa de 2.386 a 3.600; Venalum de 2.886 a 4.350; Bauxilum-Puerto Ordaz de 1.502 a 1.950; Carbonorca de 320 a 643; Edelca de 3.427 a 6.097 (se incorporó en esta década la producción de Caruachi) y CVG casa matriz de 2.347 a 3.000. Solamente en estas empresas el aumento de nómina, prácticamente improductiva, fue de 11.072 trabajadores.
2. Con el objeto de ofrecer una visión más clara de la grave situación por la que atraviesan las industrias de Guayana he elaborado el siguiente cuadro con datos propios y con información obtenida de informes de empresas de acero y aluminio brasileñas y del libro de Jóvito Martínez (2005) “La nacionalización del Hierro en Venezuela” sobre la productividad laboral de las empresas.
Comparando las columnas 1 y 2 observamos que el índice de productividad descendió en todas las industrias en pocos años a menos de la mitad. Aunque parezca ilógico, este declive en caída libre ocurrió por la confluencia de los dos factores: disminución de la producción y simultáneamente aumento del personal.
Analizando la relación entre las columnas 2 y 3 concluiremos que la distancia de los índices de productividad entre industrias de Brasil y Venezuela es asombrosa. Cerca de nosotros, en las riberas del río Amazonas funcionan tres empresas de la cadena del aluminio gemelas a las nuestras: Mineracao Rio do Norte con 1.283 trabajadores extrae 18 millones de TM. de bauxita; Alunorte procesa 6 millones de TM. de alúmina con 2.500 trabajadores y Albras produce 453.000 TM de aluminio con 1357 trabajadores. Comparemos producción y personal con las nuestras. Bauxilum mina con 1.100 trabajadores extrajo en 2010, 2.800.000 TM de bauxita; Bauxilum Puerto Ordaz con 1.950 trabajadores procesó 1.243.000 TM. de alúmina y Venalum con 4.350 trabajadores produjo 260.000 TM de aluminio.
Ante esta dramática situación de caída de la productividad no son de extrañar las declaraciones de los presidentes de las empresas afirmando que los ingresos no logran cubrir ni siquiera los compromisos contractuales y tienen que recurrir a la solicitud de puntos de cuenta al Presidente de la República cada vez que los trabajadores reclaman el pago de pasivos laborales.
Lo que quiero señalar de forma categórica con este análisis es que la fuente de nuevos empleos, que significó la industria básica de Guayana, hace tiempo que se agotó y es de vida o muerte para la ciudad generar nuevos yacimientos de trabajo productivo, no en la construcción de más industrias de producción primaria sino, con la creación de muchas empresas transformadoras, de tecnología y servicios, medianas y pequeñas, que surjan, como lo expresa el Art. 299, del acuerdo del Estado conjuntamente con el espíritu emprendedor de los guayaneses.
>En Guayana protestaron por condena de sindicalista de CVG Ferrominera y militante del PSUV
>
La circunscripción judicial adscrita al Estado Bolívar con sede en Puerto Ordaz, emitió anoche la sentencia de condena a 7 años, 6 meses y 24 horas, al secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, alegando culpabilidad por propiciar actos violentos en protestas laborales.
Desde las 6:00 am dirigentes sindicales y cientos de trabajadores se mantienen apostados a las puertas de CVG Ferrominera en repudio a la decisión tomada por el tribunal sobre el sindicalista.
Rubén González, militante del Psuv se mantiene detenido desde hace 14 meses en la sede de Patrulleros de Caroní, a la espera del fallo sobre el juicio abierto en los tribunales guayaneses.
José Luis Morocoima, secretario general de Sutralumina, Estilito García, ex secretario general de Sutralum, Emilio campos, secretario general de Sutracarbonorca, Leonardo Calderón, secretario de Finanzas de Sutralum, José Acarigua, director laboral de Sidor, acordaron trancar las principales vías de acceso a Puerto Ordaz, como medida de rechazo a la condena del sindicalista Rubén González, sin embargo el propósito no se cumplió producto a que un grupo de dirigentes sindicales oficialistas entre ellos José Gil, secretario general de Sintralcasa y el diputado de la AN Ángel Marcano mantienen tomado el acceso a la planta de Ferrominera, exigiendo al presidente de la empresa la suspensión definitiva de materia prima a Sidor; situación que ha provocado el caos en la zona industrial de Matanzas y aplaudiendo la sentencia de condena.
Morocoima explicó que no permitirán retaliaciones ni a los sindicalistas ni trabajadores de las empresas básicas, pese a que la condena de González forme parte de la pretensión del gobierno nacional de eliminar el liderazgo sindical y el derecho constitucional de protestar.
“Esto es insólito y detrás de todo este panorama hay algo oculto, y nos preguntamos por qué José Gil acaba de terminar una huelga general de 34 días que paralizó completamente a CVG Alcasa y no hay sanciones sobre él y González que también forma parte de la militancia roja rojita está siendo condenado de una manera injustificada” acoto.
Aseguró Morocoima que el caso está siendo manejado sobre una sentencia política y no desde la perspectiva laboral y mucho menos en defensa de los derechos reivindicativos.
>Condenan a Rubén González a siete años por liderar una huelga
>
Sin lugar la acusación de agavillamiento. El inicio de la lectura de la sentencia, luego de una prolongada espera en las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Guayana, guardaba relación con el ambiente cargado de la ilusión de ver salir por la puerta grande de la sede local del Poder Judicial a Rubén González, el dirigente sindical que ha estado privado de su libertad por ejercer el derecho a la protesta en Ferrominera Orinoco, en agosto de 2009. La segunda parte del dictamen cambiaría la historia de un día en el que la palabra libertad se coreó, se anheló, se llenó de vida. La jueza Magda Hidalgo, del Tribunal Sexto de Juicio en función penal, expuso muy breve las razones por las que Rubén González continuará tras las rejas, ahora por siete años más. Hidalgo lo halló culpable de los delitos de instigación a delinquir, restricción de la libertad al trabajo y violación de la zona de seguridad (artículo 56 de la Ley de Seguridad de la Nación). Visto así la receta de la criminalización de la protesta esta vez vino completa.
*“Estaré preso, no importa, así está la justicia en nuestro país. Pero hice lo que tenía que hacer”, dijo el secretario general de Sintraferrominera tras escuchar el fallo que lo sentencia a 7 años y seis meses de prisión.
*“Hoy Rubén González es un preso político resultado de un gobierno que estableció la criminalización de la protesta como política de Estado”. Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Foto William Urdaneta
Los trabajadores y vecinos estaban contentos. Organizaban una fiesta en Ciudad Piar para recibir al secretario general de Sintraferrominera, Rubén González.
En las afueras del Palacio de Justicia prepararon carteles que le daban la bienvenida y celebraban su regreso para ponerse al frente de la defensa de los trabajadores en Ferrominera Orinoco (FMO).
La mañana transcurrió con la presentación de las conclusiones. La defensa hizo hincapié en el ejercicio de una huelga pacífica sustentada en el testimonio de 70 trabajadores que participaron en la protesta y la Fiscalía Tercera del Ministerio Público hiló su estrategia en torno a los presuntos hechos violentos cometidos por el dirigente y otros cinco acompañantes.
A las 6:00 de la tarde, luego de que las partes expusieron las conclusiones, treinta testigos entraron a la sala principal de audiencia.
La juez del Tribunal Sexto de Juicio en función penal -Magda Hidalgo- tumbó, en menos de 15 minutos, las esperanzas de la familia y los ferromineros al sentenciar a González a siete años, seis meses y 22 días de prisión por los delitos de instigación a delinquir, violación a la zona de seguridad y restricción de la libertad al trabajo.
Nadie se lo esperaba. La noticia cayó como un balde de agua fría entre los presentes. Hermanos de González, hijas y nietos del dirigente rompieron en llanto y rabia en las adyacencias del Palacio de Justicia.
La hermana del dirigente, Cristsalida González repudió la actuación del Poder Judicial. “Mi hermano no se merece esto, esto es porque están vendidos. ¡Ay Dios mío, perdóname señor! ¡Dios mío ¿Por qué?!”, suplicaba.
“¿Por qué no nos meten preso a nosotros que fuimos que lo llamamos y lo llevamos para allá? ¡Eso es malo lo que le hacen! Señor Presidente, hasta cuándo las injusticias, ¡hasta cuándo! Esto es una injusticia que están haciendo, nosotros los trabajadores lo invitamos a que nos acompañara. Esa juez es una vendida”, dijo Keila Rodríguez, trabajadora de FMO en Ciudad Piar.
Las tres hijas del dirigente lloraban junto a los cinco nietos de González que -en la tarde- preguntaban sobre la posibilidad de regresar a su abuelo a Ciudad Piar.
En la tarde se generaron rumores sobre la libertad del dirigente luego de un presunto acuerdo político. La comunidad ferrominera confiaba en su liberación, no por los tras cámaras partidistas sino porque tenían la certeza de que -luego de 27 audiencias- habían suficiente elementos probatorios que confirmaban la inocencia del secretario general.
Fase conclusiva
A sus hijas les pidió calma y confianza en la justicia divina. “¿Qué son siete años?”, inquirió a los presentes.
Como siempre, el dirigente acudió a la sala con Biblia en mano. En su discurso eludió siempre a la buena voluntad del Señor, reafirmó que no teme a quienes obran con mal y dio gracias a Dios por la experiencia que le ha permitido estar al lado de los desposeídos.
“En los calabozos he estado al lado de drogadictos, delincuentes, violadores, narcotraficantes, ellos salen y yo permanezco. He estado, ciudadana juez, 17 meses separado de mi familia, de mi esposa con la que he estado 33 años casado”.
La fiscal tercera del Ministerio Público, Fátima Urdaneta, armó sus conclusiones con base al testimonio de cinco testigos, de los cuales dos de ellos la defensa solicitó el delito de audiencia que en lo sucesivo fue desestimado.
En representación del Estado reconoció que en efecto a los trabajadores se les debe dinero por beneficios dejados de percibir.
Cinco con orden de captura
Un informe presentado por la fiscal, sólo con el logo de la empresa y sin ninguna firma o responsable del documento, fue admitido como prueba bajo la presunción de buena fe.
Durante las conclusiones, la representante del Ministerio Público señaló que otros cinco dirigentes sindicales de FMO tienen orden de captura por haber agavillado e instado a delinquir y en consecuencia generar pérdidas por casi US$ 30 millones al Estado venezolano.
El delito de agavillamiento imputado por la Fiscalía fue desestimado por la juez, que basó su decisión en un informe presentado por la fiscal tercera, Fátima Urdaneta, y el testimonio de cinco testigos promovidos por el Ministerio Público.
El Tribunal desechó la declaración de 70 trabajadores de las minas de San Isidro y Cerro Bolívar que participaron en la huelga de 16 días en reclamo de los beneficios laborales suscritos en la convención colectiva.
La defensa había pedido solicitar el delito de audiencia para dos de los testigos presentados por la fiscal, a razón de que sus declaraciones se contradecían.
Con la declaración de los ferromineros, el abogado Ítalo Atencio intentó demostrar que los trabajadores no fueron instigados para reclamar sus pasivos laborales y que, en ningún momento, hubo daños al patrimonio de la nación más que las pérdidas generadas por la paralización, producto del ejercicio legítimo del derecho a huelga consagrado en la Carta Magna y en los convenios internacionales.
Criminalización de la protesta
Rubén González estuvo privado de libertad durante 17 meses, 13 de ellos en la sede de Patrulleros de Caroní, donde presuntamente cumplirá condena.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió en noviembre de 2010 la libertad “inmediata” del dirigente sindical, así como su indemnización en vista de que los argumentos presentados por el Gobierno eludían a un atropello a la libertad sindical y a un “grave” precedente para el ejercicio del derecho a huelga.
Indignación y desolación
Leonor Olivo, familiar de Rubén González. “Ya con mis votos Chávez no gana, esto parece un comunismo, es demasiado dolor junto”.
Keila Rodríguez, trabajadora de FMO en Ciudad Piar. “¿Por qué no nos meten preso a nosotros que fuimos que lo llamamos y lo llevamos para allá? Señor Presidente, hasta cuándo las injusticias”.
Ítalo Atencio, abogado defensor. “Hubo un silencio de pruebas por parte de la ciudadana juez. Decisión que respetamos pero notamos con preocupación que trajimos 70 testigos y sólo fueron valorados cinco testigos”.
Eleuterio “Tello” Benítez, asesor de Sunep-CVG. “Lo que se está enjuiciando es la actividad sindical. El comité libertad sindical fue muy claro: no puede someterse a juicio penal a un dirigente sindical”.
José “Acarigua” Rodríguez, director laboral de Sidor. “Hoy se define la posición del gobierno (…) Lo que han hecho contra el compañero es una expresión en contra de la clase trabajadora”.
Benjamín Moreno, dirigente sindical FMO. “Rubén González es un preso político, un preso del Estado venezolano, no puede ser que existan chavistas buenos y chavistas malos”.
Denny Sucre, vocero de Unete en el estado Bolívar.“Vemos la aplicación de una injusticia porque vemos cómo Alcasa con cadenas y candados no le pasó nada”.
>Condenan al sindicalista Rubén González a siete años de prisión
>
El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera está preso desde septiembre de 2009, tras haber organizado una huelga de empleados de la compañía siderúrgica
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, fue condenado este lunes a siete años y dos meses de prisión tras su comparecencia ante el Tribunal Sexto de Juicio, donde brindó su testimonio final y recibió sentencia.
El abogado deGonzález, Italo Atencio, criticó que la decisión sólo se basara en el testimonio de 5 testigos del Ministerio Público cuando la defensa presentó 70.
«Es un hombre inocente y como inocente lo vamos a tratar, utilizando todos los recursos necesarios. Rubén González no se va a sostener como un culpable cuando es inocente», agregó.
Dijo que las pruebas presentadas por la defensas fueron contundentes para demostrar que los trabajadores se pararon por una deuda que Ferrominera mantiene con ellos, que incluso está firmada por el presidente de la empresa que reconoce la deuda.
«Los trabajadores admitieron que eran responsables de la huelga porque a cada uno de le deben 100.000 bolívares fuertes. El único delito de Rubén González fue mediar con el presidente de la empresa», añadió..
El sindicalista fue procesado por cargos derivados de organizar en 2009 una huelga en Ferrominera del Orinoco. Fue detenido el 24 septiembre de ese año y desde entonces ha permanecido en Patrulleros del Caroní.
Su caso había sido señalado como muestra de la condena a la protesta que se hace desde el Gobierno contra líderes laborales.
+JPEG.jpg)
La Causa Radical Guayana 