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LCR denuncia amenazas de muerte contra Adón Soto y César Ramírez
CIUDAD GUAYANA (Prensa LCR).- El concejal y ex-alcalde del Municipio Piar, Américo de Grazia, en su condición de Coordinador Regional de La Causa R en el Estado Bolívar, denunció presuntas amenazas de muerte en contra de dos connotados dirigentes de esa organización política. Se trata de Adón Soto, miembro de la Dirección Regional y Nacional, ex-concejal y ex-diputado de Guayana y César Ramírez, Coordinador de LCR en el Municipio Caroní.De Grazia, dijo que estos dos dirigentes “han sido amenazados personalmente de muerte por haber hecho denuncias de manera sistemática contra del alcalde (de Caroní) José Ramón López y la situación de inseguridad que ocurre en el Estado Bolívar, que tocan también la gestión de gobernador Rangel Gómez”.
Aseguró, que en la primera rueda de prensa del año 2010 de La Causa R, será tratado el tema con lujo de detalles, lo que reportó César Ramírez, qué le dijeron, quién puede ejecutar la acción y lo que le pasó a Adón Soto en su casa, a la cual le dispararon hiriéndole al perro guardián, así como también que individuos a bordo de un carro con vidrios ahumados y otros en una moto, se pararon frente a su residencia haciendo una serie de preguntas sobre él, que a criterio de De Grazia conforman un claro cuadro de amedrentamiento y amenazas veladas que deben ser denunciadas e investigadas, así como también la responsabilidad directa de lo que está ocurriendo.
El dirigente regional de La Causa R, recordó el antecedente del atentado en contra del abogado y ex-Secretario General de Gobierno, Dr. Eliécer Calzadilla Álvarez, y considera oportuno advertir y alertar a la opinión pública sobre una eventual situación de sicariato político. “Y creo que al único tribunal y fiscalía al que podemos acudir, es el de la opinión pública, todo lo demás es un formalismo que queda en eso, en la formalidad, lo cual haremos en su momento y lugar para dejar constancia de esta grave situación”.
Aseguró De Grazia, que “prefiero ser demandado por difamación e injuria y no muerto”, por lo que considera un deber alertar a la opinión pública y a las autoridades sobre esta situación.
Guayana se pone a prueba en 2010
Más allá del discurso oficial sobre la urgencia del racionamiento eléctrico, los hornos apagados en Sidor y las líneas de producción que cierran en Alcasa y Venalum clausuran un año plagado de vicisitudes para el mantenimiento operativo de las empresas básicas, las nacionalizadas y la red de pequeñas y medianas industrias de la zona. La falta de diálogo social, la invasión de figuras partidistas en las fábricas con el objeto de reducir el campo de acción sindical, los juicios a dirigentes, los efectos de la política de estatizaciones, parálisis de instrumentos legales propiciados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aumento del desempleo explican un panorama de alta conflictividad. Correo del Caroní presenta en esta última edición del año un análisis de los eventos que configuraron el andamiaje de un proyecto político ideológico que pretende impregnar las relaciones laborales en el sector industrial. Si bien la película fue extensa, el estudio integral de los casos permite concluir que el 2010 será clave para la definición de las reglas de juego y, al mismo tiempo, escenario de una dramática segunda parte del filme. Lento, muy lento pasó el 2009 para muchos trabajadores guayaneses. Las vicisitudes, las confrontaciones y las movilizaciones para reclamar derechos hicieron más difícil la faena en la industria del hierro, acero y aluminio.
Hasta el sector eléctrico, uno de los grupos más estables en materia laboral, se vio afectado de cerca por la dilación -durante más de 1 año- de la contratación colectiva única para la industria eléctrica.
La parte más fuerte de todo lo que se vivió en este año que se despide está en el que recién se estrena este 1 de enero de 2010.
Pagar deudas, discutir contratos, profundizar el proyecto político bolivariano, fundar una nueva industria, reconstruir el parque industrial y caminar obligadamente hacia el socialismo que pretende construir el Ejecutivo -con el consenso de la clase política que dirige en las empresas- es lo que se espera para este nuevo año.
El diálogo social en materia laboral estuvo quebrado, en su mayor parte, por la exclusión de los dirigentes disidentes que quisieron participar en la discusión de la industria que se quiere para Guayana, pero no fueron incorporados.
La instalación de las mesas de discusión en las empresas fue una excelente oportunidad para profundizar el debate a puerta cerrada. Sin embargo, esa ventana se vio cerrada para un grueso de los trabajadores.
Las diferencias de una empresa u otra, en la ampliación del debate, resaltan. Y aunque hubo saldos positivos en CVG Alcasa con las mesas permanentes y en Sidor con la incorporación de los trabajadores, en otras fábricas las mesas contribuyeron a la conformación de nuevas cúpulas de poder donde se decidieron los aspectos trascendentales de la vida de los trabajadores.
Desde el Ejecutivo se quiso igualar la participación de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la de todos los trabajadores, suponiendo que lo que decidiera la organización política contaba con el apoyo del movimiento sindical obrero.
Crisis como excusa
La “sinceración” de la realidad de las industrias fue el argumento que utilizó el ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam), Rodolfo Sanz, para alegar la falta de dinero para pagar a los trabajadores de unas empresas que -según el discurso oficial- no producen para mantenerse.
Sin embargo, durante el 2009 se mantuvo la incorporación y el engordamiento de una clase gerencial que fue importada desde el centro del país.
La gran crítica de los trabajadores sigue siendo que, al frente de las empresas, están funcionarios que no conocen la industria del aluminio, hierro y acero; lo que en consecuencia ha ayudado a que la crisis operativa y gerencial se profundice.
Sanz insistió en que las empresas no producen, pero los altos costos de producción producto del abultamiento de las nóminas a partir de su llegada a Guayana no han recibido el tratamiento correcto, a juzgar por las declaraciones de los empleados en los portones.
En las protestas, Correo del Caroní fue testigo de la capacidad de desmovilización que logró el Ejecutivo, a partir de la política del miedo y las amenazas de despidos hacia “güarimberos” y “contrarrevolucionarios”.
Agenda 2010
Ni qué decir de lo que se espera para el 2010. El año que entra viene cargado de cantidad de retos en materia laboral.
Pendientes están la estructuración de la Corporación del Aluminio, Hierro y Acero, y con ello la discusión de las contrataciones colectivas que tanto traen de cabeza a las organizaciones sindicales.
Quedará por verse cuál es el papel de los sindicatos en el proyecto político “revolucionario” del presidente Hugo Chávez y la recuperación de cada una de las empresas que definen -en gran parte- a Guayana.
El moroso proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo está por elevarse a consideración del gran público, pues el ritmo que imprimió la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional fue paralizado sin previo aviso, al parecer por indicaciones de Miraflores.
Críticas a los «privilegios» de los trabajadores
El presidente Hugo Chávez en su visita a Ciudad Piar el 6 de marzo levantó polvo en el movimiento sindical guayanés. En su alocución lanzó duro contra los dirigentes sindicales y los trabajadores que quieren “ser ricos” y tener más y más beneficios que -para el Presidente- son privilegios.
El duro discurso del máximo mandatario levantó “roncha” hasta en los dirigentes del PSUV que pidieron al presidente Chávez que rectificara.
Allí anunció la constitución de las Corporaciones del Aluminio, Hierro y Acero, que se concretaron meses después. “No voy a dejar que se hundan las empresas del sector aluminio, ya tengo un plan”, dijo Chávez en aquella alocución.
El 6 de febrero de 2009 se había oficializado la creación de la Corporación Siderúrgica Nacional mediante el Decreto Nº 6.614, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.115; mientras que la Corporación del Aluminio se oficializó a través del Decreto Nº 6.988, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.314 del noviembre de 2009.
Aquellas toneladas de aluminio…
2.063 toneladas de aluminio abrieron la olla de la corrupción en la industria. El 23 de marzo, pocos días después de que el presidente Hugo Chávez dijera que acabaría con la corrupción en el aluminio, fue hallado el cargamento en el muelle de Palúa.
Se generó poco revuelo pero nula acción. La Fiscalía Tercera del Ministerio Público engavetó el caso. Sin embargo, la corrupción con los cupos del aluminio es un secreto a voces en la industria, un negocio en el que están inmersos desde altos funcionarios hasta simples trabajadores.
Las primeros Bs.F. 410 millones
A finales de abril el presidente Hugo Chávez por fin se refirió a la crítica situación de las empresas en cadena nacional. Aunque ese día no anunció el plan que había prometido a finales de 2008 -y prometido en marzo- sí informó sobre un auxilio financiero de Bs.F. 410 millones. Dichos recursos no llegaron de inmediato y nuevamente fueron postergados.
La inversión se convirtió en un balde de agua en el río Orinoco. Según las cuentas -entre lo que se debe y lo que se requiere- los 410 millones de bolívares fuertes representan un 5% de la deuda que se tiene con trabajadores y pequeñas y medianas empresas.
El “frenesí” estatizador
El 21 de mayo el presidente Hugo Chávez sorprendió a todos. En un acto con los dirigentes sindicales del PSUV en Guayana, el máximo mandatario anunció la estatización de Matesi, Comsigua, Orinoco Iron, Venprecar, Tavsa y Cerámica Carabobo.
Hasta el momento la compra accionaria no se ha concretado en ninguna de las empresas, a pesar de que ya venció el plazo estipulado en la Gaceta Oficial Nº 39.220 del martes 14 de julio de 2009.
El documento oficial establece la creación de una comisión técnica para acordar el justiprecio con 60 días continuos de funcionamiento, prorrogables por 60 días más. El tiempo pasó y el justiprecio de los bienes no se convino.
La recesión económica ha atentado contra el proyecto nacional del comandante Hugo Chávez. En esa reunión con los dirigentes, el Jefe de Estado desbordó en halagos a la clase trabajadora y recogió parte del discurso que dio en Ciudad Piar.
Ese fue el primer paso para la instauración del Plan Guayana Socialista 2019 con la exposición del taller “Hacia la transformación socialista de las empresas básicas” y se firmó la convención colectiva de Ferrominera Orinoco (FMO).
Sindicatos ¿Innecesarios?
En la edición del 19 de junio de 2009, el asesor político del PSUV, Alberto Müller Rojas, declaró en exclusiva a Correo del Caroní que desde la concepción teórica del socialismo los sindicatos no son necesarios.
“El sindicato en la sociedad socialista pierde razón de ser, porque no van a luchar los trabajadores contra los trabajadores mismos. No habría la dialéctica capital-trabajo, o capitalismo-trabajo para corregir, porque el capital será siempre un factor de producción”, explicó.
Para Müller, “la empresa socialista tiene un sentido similar a las empresas capitalistas, la diferencia fundamental que hay es en los fines de la empresa, que no tiene fines de lucro, en el sentido de acumulación de capital para los propietarios y la relación que se establece en el ámbito social donde opera la empresa y la empresa misma”.
Sus declaraciones levantaron revuelo pues, días antes, se había hecho público que en el documento del Plan Guayana Socialista se evidenciaba la eliminación de los sindicatos.
“Sabotajes” en la Sidor socialista
A principios de junio un incendio en los sótanos de Midrex II de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) produjo confrontaciones políticas, debido a la acusación que se hizo -desde la gerencia- de un posible “sabotaje” a la fábrica.
Dirigentes sindicales acusaron a la oposición política de la acería de haber perpetrado el supuesto crimen. El incidente redujo la producción -hasta el último trimestre de 2009- a un 50%, pues se afectó el área que suministra el 75% de la materia prima a las acerías.
El hecho marcó el inicio de una seria de inconvenientes operativos que colocaron en jaque la productividad de Sidor y determinaron, para mal, los excedentes de caja de 2009.
Movilización del sector aluminio
El 12 de julio los trabajadores del sector aluminio lanzaron un grito de alerta para la industria. La movilización se prolongó durante toda la semana de ese mes, generando como hecho inédito la unión de los dirigentes del PSUV y los disidentes del proyecto revolucionario.
Las acciones detonaron por la no cancelación de los intereses de prestaciones sociales, un importante pago que se da a los trabajadores a mediados de año. Eso, más la desinversión en las empresas básicas movilizó a un amplio grupo de trabajadores con la consigna de inversiones para la industria, y un fuerte rechazo a la “burocracia”.
El sector del PSUV mantuvo como consigna la salida del titular del Mibam, Rodolfo Sanz, pero este hecho no se concretó. En la movilización también quedaron en evidencia las pugnas internas dentro del PUSV, pues dos fracciones del buró oficial, los aliados de Sanz y del Gobernador dejaron en relieve sus diferencias.
Fraccionado y sin pataleo
Los días de protesta culminaron con las declaraciones del ministro Sanz, quien anunció el 16 de julio el pago fraccionado de los intereses de prestaciones y cero inversiones. Aquel plan del ministro fue objetado por la dirigencia y desató la furia.
La movilización hasta la CVG desató la ira de los trabajadores y finalmente el Gobierno cedió a que los intereses se cancelaran en dos grandes partes.
José Gil y Ángel Marcano, diputados del PSUV y toda la dirigencia que participó fue severamente criticada, incluso desde los medios de comunicación oficiales que durante esos días fueron utilizados para negar las movilizaciones en Guayana.
Fueron tildados de contrarrevolucionarios y güarimberos, pero finalmente la reconciliación llegó a los predios del “proceso”.
Accidente laboral paraliza Sidor
Pocos días después de las movilizaciones del aluminio, la muerte de Lucercio Bastardo en Sidor conmocionó a la acería. El accidente laboral desencadenó un paro de 24 horas el 20 de julio de 2009, con el propósito de exigir al propio presidente de Sidor y titular del Mibam, Rodolfo Sanz, inversiones para la siderúrgica, pues el accidente de Bastardo fue suficientemente advertido.
El siniestro generó la movilización del equipo del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) a la región, donde ejecutaron la Agenda Guayana con la inspección en todas las empresas.
En ese encuentro con los trabajadores, Sanz prometió cantidad de reuniones para resolver, entre otros puntos, la situación de la nómina de conducción y las ganancias líquidas.
Sidoristas calentaron la calle por las líquidas
Las inmediaciones de los tribunales de Justicia de Ciudad Guayana lucieron casi repletas -como en viejos tiempos- el 23 de julio. La audiencia se postergó para el 6 de agosto y fue entonces cuando el movimiento siderúrgico se hizo sentir con más fuerza.
Los trabajadores defienden el caso de las ganancias líquidas por el incumplimiento que se generó entre 2003-2007 cuando Ternium -mientras administraba a Sidor con la anuencia del Estado- estableció como “gastos” recursos que formaban parte de las ganancias, de las que se debía repartir un 15% a los trabajadores según lo determina el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).
La promesa del Fondo Chino
Con el Fondo Chino Venezolano bajo la manga llegó el presidente Hugo Chávez a Ferrominera Orinoco (FMO) el 8 de agosto de 2009, en donde anunció la formalización y aprobación de Bs.F. 284,7 millones, más 118 millones de dólares para el sector aluminio, mientras que para Sidor prometió Bs.F. 97,8 millones y 4,4 millones de dólares.
Un total de Bs.F. 382,6 millones y 122,4 millones de dólares proyectó Chávez para el último trimestre de 2009.
Especificó que para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se garantizarían las “operaciones mínimas” con los desembolsos para las empresas del aluminio. Aprobó la creación del Instituto de Tecnología Popular Luis Zambrano, Centro de Alta Tecnología Metalúrgica y Centro Ideológico Político, así como la instalación de las oficinas de Contraloría Social en Guayana y los primeros avances del Plan Guayana Socialista.
Hasta la fecha no se conoce cuánto se ha ejecutado de los recursos del Fondo Chino.
Paro en Ferrominera Orinoco
El 11 de agosto comenzó en Ferrominera Orinoco una paralización que se extendió por 16 días y que culminó con los acuerdos del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, y el presidente de FMO, Radwan Sabbagh, en Ciudad Piar.
La protesta se desató con mayor fuerza en el cerro San Isidro, donde los trabajadores se mantuvieron firmes en reclamo por bonos, retroactivos e implementos de seguridad, todos beneficios contractuales de la recién firmada contratación colectiva.
Durante los 16 días, la huelga fue negada por el Ejecutivo y hasta por la propia presidencia de FMO. Fue en la edición del 12 de agosto de 2009 cuando apareció en la primera página de Correo del Caroní la gráfica que marcó el acuerdo entre la dirigencia sindical y Sabbagh, sin saber lo que unos días más tarde le depararía a González.
Detienen a Rubén González
El 24 de septiembre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aprehendieron a Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, mientras rendía declaración en la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención en Ciudad Bolívar en un caso de corrupción que se le sigue a un político de la zona.
El 28 de septiembre el Tribunal Primero de Control, a cargo del juez Arsenio López, dictó la medida de arresto domiciliario.
Hasta la fecha el dirigente sindical permanece privado de libertad sin que se realice la primera audiencia. A él y a otra decena de trabajadores más se le acusa de: agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo e incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, según la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en sus artículos 47 y 48.
Nuevos focos de criminalización
El 6 de octubre tres trabajadores y dos dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la CVG (SutraCVG) fueron detenidos mientras intentaban realizar una protesta para llamar la atención del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Rodolfo Sanz.
Ronald González, secretario general del sindicato; Carlos Quijada, secretario de finanzas y los trabajadores de la gerencia de mantenimiento: Ángel Adonis Centeno, Elvis Loran Azócar y Darwin López permanecieron durante 24 horas a orden de la Fiscalía Tercera.
A las 5:30 de la mañana de ese martes los empleados se movilizaron hasta el preescolar de la CVG en Chilemex para increpar al ministro Sanz durante la reinauguración del plantel. Minutos después efectivos de la Guardia Nacional llegaron hasta el lugar para detener a los trabajadores.
La protesta inició por la entrega de uniformes y demás beneficios contractuales. El 7 de octubre los trabajadores fueron dejados en libertad condicional, mientras se investigan los delitos de: agavillamiento, instigación a delinquir y obstrucción a la libertad al trabajo.
Quincenas y utilidades a destiempo
Durante el 2009 se hizo patente el retraso y las dificultades del Ejecutivo para poder cancelar el salario a tiempo a los trabajadores de la industria del aluminio. Los más perjudicados fueron los de CVG Carbonorca y CVG Bauxilum.
En CVG Alcasa el incumplimiento también se presentó pero la paciencia de los trabajadores soportó más. Los retrasos también se vivieron con el pago de utilidades en Sidor, lo cual generó una paralización de 8 horas en la acería socialista.
Cooperativas imploraron pagos
Los cooperativistas de Ferrominera Orinoco y CVG Bauxilum fueron los que más protestaron durante el 2009, no se quedaron atrás los trabajadores tercerizados de Matesi que presionaron, una y otra vez, para su incorporación a las áreas.
Las dificultades económicas reventaron por los más desprotegidos. En diciembre se hizo patente el reclamo de los contratistas, quienes en conjunto con las cooperativas, exigieron al Gobierno que respetara su salario. En Edelca las cooperativas de Caruachi, Macagua y el edificio administrativo tomaron las principales sedes con el objetivo de hacer bulla y lograr su pago en el 2009.
Huelga de hambre
La protesta de los trabajadores de ACBL de Venezuela cambió la tónica. El 16 de diciembre inició la huelga de hambre a las fueras de la empresa, con el propósito de presionar la cancelación de utilidades y demás compromisos contractuales.
La manifestación representó a miles de trabajadores de contratistas que durante el 2009 no recibieron ni un aporte a la deuda que mantiene el Ejecutivo con la pequeña y mediana empresa.
Las empresas que descargan y transportan la bauxita reclamaron lo insostenible de las deudas acumuladas por más de dos años. Los trabajadores, en muchos casos, representaron al patrono privado en el reclamo de los recursos al Ejecutivo.
Para el 2010 aún está en entredicho el transporte y descarga de bauxita en la temporada alta.
La guinda del 2009
El 22 de diciembre, a pocos días de que se fuera el 2009, integrantes del gabinete del presidente Hugo Chávez anunciaron el racionamiento de 560 megavatios en Ciudad Guayana, mediante el recorte energético a tres empresas del parque industrial.
Los ministros María Cristina Iglesias (Trabajo y Seguridad Social), Rodolfo Sanz (Industrias Básicas y Minería) y Ángel Rodríguez (Energía Eléctrica) explicaron la contingencia del embalse de Guri, con lo que justificaron el cierre de las líneas I y II de CVG Alcasa, la desincorporación de 360 celdas en CVG Venalum y la intervención de dos hornos en Sidor.
La medida es quizás el anuncio más pesado del Gobierno nacional, pues se traduce en el recorte de la producción del aluminio en 40%. Sobre la medida reposan cantidad de dudas, especialmente si la industria volverá a recuperarse después del duro golpe al corazón de las fábricas.
Producción aurífera afectada
La resolución Nº 09-04-03 del Banco Central de Venezuela (BCV) que modificó el régimen de comercialización de oro y sus aleaciones en abril de 2009, generó polémica, pues las nuevas normas establecen que del 70% de la producción aurífera nacional destinada al mercado interno, 60% debe ser vendida “obligatoriamente” al ente emisor, mientras que sólo un 10% será colocado en el sector transformador nacional.
La norma publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.169 de fecha 30 de abril de 2009, establece que para exportaciones se destinará 30% de la producción nacional, siempre y cuando el ente emisor lo autorice.
Dirigencias sindicales del sur del estado Bolívar, en donde se concentra buena parte de la actividad minera de la entidad, han asegurado que esta resolución repercutirá en la quiebra de las empresas, pues ahora deberán vender al BCV al precio oficial de 2,15 bolívares fuertes por dólar.
Derrumbe de la pequeña y mediana industria
María Ramírez Cabello
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Más de 14 comunicaciones enviaron las pequeñas y medianas empresas de Guayana a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y al Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) a lo largo de 2009 para obtener respuesta sobre las millonarias deudas de las estatales.
El perjuicio a este importante sector de la economía regional fue en ascenso mes a mes, y la Alianza Empresarial integrada por diversas organizaciones de industriales no encontró eco a sus reclamos.
Cuando apenas el 2009 se levantaba, tras un 2008 en el que las deudas estuvieron presentes, los dirigentes empresariales visualizaban un año “duro”, y así fue.
En enero de 2009, el ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam), Rodolfo Sanz, daba fe del “balance bastante positivo” que presentaban las empresas básicas “a pesar de situaciones difíciles y complejas que han generado sectores opositores para desestabilizar a la región Guayana”.
En ese entonces, la crisis en las empresas de Guayana -sobre todo en el sector aluminio- alcanzaba su cúspide, evidenciada en los retrasos en los pagos al personal así como a las empresas prestadoras de servicios y proveedoras de partes y piezas, que se ubicaba por el orden de los 500 millones de dólares.
Los empresarios coincidían en que de continuar el deterioro financiero de las estatales, se ponían en riesgo cerca de 40 mil empleos y la estabilidad económica de la región.
Por distintas vías, la Alianza Empresarial presentó propuestas de rescate del parque industrial y llamó al diálogo mutuo, pero la aproximación nunca se logró.
En marzo de 2009, el para entonces presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), José Manuel González, precisó que unas 45 industrias de las 300 pequeñas y medianas empresas que se asientan en Guayana habían cerrado sus puertas, acabando con 4 mil puestos de trabajo directos y más de 12 mil plazas indirectas.
Los “sacrificios” del sector empresarial así como de los trabajadores se mantuvieron a lo largo del año y, aunque los industriales han perdido la cuenta de las deudas, coinciden en que supera los 1.000 millones de dólares.
Las pocas pymes de Ciudad Guayana que aún sobreviven, trabajan a 30% de su capacidad, realizando trabajos menores y “matando tigres”, tras reducciones de personal, capacidad de endeudamiento abarrotada e, incluso, venta de activos para continuar.
En diciembre, cuando esperaban el pago de las deudas para cancelar las utilidades a sus trabajadores, muchos debieron sacar de su propio bolsillo, mientras otros se quedaron con la deuda para cargarla a cuestas en el 2010.
La Causa R responsabiliza al gobierno por ola de secuestros
En ese orden de ideas subrayó que el comité ejecutivo municipal del mencionado partido político de raíces ideológicas contrarias al oficialismo, considera que los casos de secuestros dirigidos a extorsionar a empresarios, comerciantes y productores agropecuarios no ha tenido una respuesta contundente por parte del ejecutivo nacional y regional.
“Por eso es que repudiamos con contundencia que este hombre que generaba desarrollo en la región haya sido asesinado de una forma tan vil y cobarde; esta es responsabilidad directa del gobierno al no brindar la seguridad suficiente al colectivo”, esgrimió.
Prosiguió el vocero de la Causa R afirmando que “es indignante ver que decenas de guayaneses han perdido la vida o hayan sido víctimas de este horroroso método de extorsión. El gobierno regional y nacional no ha dado una respuesta satisfactoria a los miles de reclamos sobre el tema, por el contrario lo arrastran al lado político partidista y publicitario”
Entre tanto, Arcadio Guzmán, destacado dirigente de la Causa R agregó que Andrés Velásquez, y el equipo político regional de esa organización política, presentó y ofreció un plan de seguridad que no ha sido tomado en cuenta por el ejecutivo regional.
Cifras alarmantes
Según datos que maneja el equipo político de la Causa R, hubo una tendencia de criminalidad que mostró el récord de homicidios en la capital del estado la semana pasada. “Por primera vez Ciudad Bolívar alcanzó la espeluznante cifra de 11 asesinatos contra 7 del municipio Caroní con doble población y 4 el resto del estado”, explicó Guzmán.
Prosiguió diciendo que “la sociedad bolivarense deplora hondamente el secuestro y asesinato sucedido con el productor agropecuario Enrique Boccardo. Su ejemplo de trabajo duro y recto nos deja un legado que debe ser tomado en cuenta por el gobierno regional, y quienes sean víctimas de tan abominable situación”.
Por último, el equipo político de la Causa R exigió al ejecutivo regional que no escatime esfuerzos para recuperar sanas y salvas a las hermanas Ruiz quienes desde el 30 de noviembre permanecen secuestradas llenando de angustia a sus familiares.
Despiden las líneas I y II de Alcasa
Trabajadores procedieron a apagar años de historia en la pionera del aluminio, labor que sustentó a la empresa y que generó un pasivo ambiental y ocupacional incuantificable en la productora de aluminio. Con el desmantelamiento de las líneas I y II de CVG Alcasa se da inicio al Programa de Ahorro Energético en Guayana, con el cual se prevé incorporar 560 megavatios adicionales al Sistema Eléctrico Nacional (SEN). Los trabajos para el desmantelamiento de las Línea I y II de CVG Alcasa comenzaron este lunes, para dar cumplimiento al decreto del Ejecutivo Nacional 373.757, que contempla entre otros objetivos, el Plan de Ahorro de Energía Eléctrica, el recorte de 560 megavatios en Guayana.
El presidente de la pionera del aluminio, César Aguila, en compañía del secretario general de Sintralcasa, José Gil y el diputado de la Asamblea Nacional, Ángel Marcano, expuso a los trabajadores que con el cierre de las líneas 1 y 2 de Alcasa se incorporarían 59 megavatios al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Mediante una nota de prensa CVG Alcasa informó que el Gobierno Nacional garantizará la estabilidad laboral de los trabajadores, así como el pago de los sueldos y salarios.
Aguilar indicó que “se están haciendo las gestiones, tal como lo informó el ministro Rodolfo Sanz el pasado 22 de diciembre, para la obtención de 150 millones de dólares los cuales serán utilizados para la conversión de los espacios de las líneas I y II en una línea de transformación de aluminio, siendo ésta una oportunidad para el relanzamiento de CVG Alcasa”.
El proceso de desmontaje de las líneas comenzó a tempranas horas de este lunes, en un ambiente tenso, “lo cual implica el trasegado del aluminio que está en las celdas, para posteriormente comenzar con los trabajos de desmontaje”, explicó Aguilar.
El presidente de Alcasa informó que el lunes 4 de enero de 2010, se instalará una mesa de trabajo conjunta con representantes del Mibam, CVG Alcasa, Sintralcasa y trabajadores, en el marco el plan Guayana Socialista, la cual servirá para adelantar y analizar los proyectos de transformación que se instalarán en las referidas líneas.
“Los trabajadores que actualmente prestan servicio en las Líneas I y II, luego de finalizados los trabajos de desmontaje, serán reubicados en las Líneas 3 y 4 de reducción”.
José Gil, secretario general de Sintralcasa, señaló que el Gobierno Nacional mantiene como política la protección del empleo y la defensa de los trabajadores.
Muerte anunciada
El 22 de diciembre el titular del Ministerio de Industrias Básicas y Minería, Rodolfo Sanz, en conjunto con el ministro de Energía y Electricidad, Ángel Rodríguez y la ministra del Trabajo, María Cristina Iglesias, anunciaron el cierre de las líneas 1 y 2 de CVG Alcasa, la intervención de 360 celdas en CVG Venalum y dos hornos en Sidor, con el objetivo de ahorrar 560 megavatios que serán incorporados al SEN.
La pionera del aluminio tiene una capacidad instalada de 210 mil toneladas anuales y este año, prevén que no llegarán a las 130 mil toneladas.
“Con la desincorporación de 103 celdas, que producían casi 2 mil toneladas mensuales de las 10 mil que produce Alcasa, estaremos muy afectados porque la línea 1 produce el material de mayor calidad, el que se vendía a mejor precio. ¿De dónde vamos a sacar los 5.5 millones de dólares que generan esas celdas? Si nos están pagando la nómina con retraso, hay problema con los pasivos, ¿quién nos garantiza eso? El Estado debió hacer un planteamiento concreto”, indicó José Gregorio Blanco, integrante de Sintralcasa.
La intervención de las líneas también será recordada como el cese a años de trabajo bajo condiciones de contaminación extrema, donde los trabajadores producían el aluminio casi de manera artesanal. (CARJ)
Andrés Velásquez: Cantaleta de desarrollo endógeno es una telenovela del gobierno
A juicio del dirigente de la tolda auriazul, esta caída abrupta de la economía generó el cierre de más de 5 mil empresas en todo el país, lo que se traduce en un incremento significativo del desempleo.
“Si hacemos una comparación con otros países latinoamericanos, como México y Brasil, desde el punto de vista industrial Venezuela se quedó en el aparato y sumidos en la ruina, ya que ese supuesto desarrollo aguas abajo se quedó en puros discursos”, aseveró.
Para Velásquez esta realidad ha obligado a las empresas del sector a vender sus materias primas a futuro, hipotecando el futuro de la industria ante la ineficiente administración que han brindado sus autoridades.
“Si estos señores continúan regalando nuestros recursos nos quedaremos sin dolares y sin aluminio, ya que han vendido el material, se han comido los reales y las empresas continúan endeudas, ya que tenemos que cumplirles a nuestros compradores”, aseveró.
Por las nubes
Velásquez criticó enfáticamente que exista dinero para la corrupción en las empresas del holding de la Corporación Venezolana de Guayana y no para sufragar los compromisos de los trabajadores; “los trabajadores de ACBL son una muestra de esta realidad ya que debieron recurrir a una huelga de hambre en plena Navidad para que les hicieran la oferta de pagarles, ya que para ellos no hay hallacas sólo un bollito mal aliñado”.
Situación que se evidencia en las cifras extraoficiales de desempleo, las cuales se ubican en un 13%, y no en un 8%, como las presentadas por el Gobierno Nacional, al incorporar en los factores de medición la condición de inactividad, que agrupa a la población beneficiaria de las misiones.
“Este ha sido para los trabajadores un año verdaderamente dramático, puesto que el Gobierno Nacional no sólo desconoce la contratación colectiva, sino que no la discute y amenaza con eliminar beneficios históricos para los trabajadores venezolanos como el HCM”, destacó.
Cero propiedad privada
De manera paralela el representante de La Causa R denunció la manera flagrante como el Gobierno Nacional pretende modificar la organización de poderes públicos y el orden político territorial, mediante la creación de las regiones territoriales y los cambios profundos que se vienen desarrollando dentro de las Fuerzas Armadas, evidenciados en la creación de milicias; lo que representa uno de los más grandes retrocesos que ha vivido el país.
“Venezuela ha recibido recursos por más de 950 mil millones de dólares, fortuna que se ha dilapidado en entrega de recursos para otros países y no resolver en el fondo los problemas sociales que confronta el país en materia de agua, salud, empleo y seguridad ciudadana y educación”, acotó.
El ex gobernador reveló que en el caso concreto de Guayana, el estado es de completa ruina ante el cúmulo de empresas privadas y estadales que se encuentran al borde de la quiebra y los ataques deliberados a algunas de ellas, evidenciado en la nacionalización de sus instalaciones.
Año lúgubre
“Este es el año más lúgubre y el de mayor atraso para la región ante el cierre de un conjunto de empresas, ya que ni siquiera el espíritu de la Navidad existe en la ciudad, ya que algunos de los trabajadores no han cobrado sus utilidades”, acotó.
Velásquez reveló que a esta problemática se suman las persecuciones que ha debido enfrentar la clase trabajadora, a través de la criminalización de la protesta y la aplicación de listas de Maisanta y Tascón en las empresas del holding de la CVG.
“La detención del líder sindical Rubén González fue consignada ante la Organización Internacional de Trabajadores, ya que bajo el subterfugio de un juicio penal el juez, extralimitando sus funciones, impide que este trabajador ejerza su libertad sindical, lo cual no puede ser impedido en un proceso penal”, puntualizó.
Gobierno perdido
El dirigente de La Causa R, Andrés Velásquez, señaló que este gobierno en más de 10 años ha destruido el aparato productivo del país y afectado de manera directa a la clase trabajadora.
“El Gobierno regional es completamente ausente, ya que al gobernador recientemente le preguntaron sobre la problemática de los lodos rojos y públicamente dijo que a él no le correspondía hablar de esa materia, lo que no nos permite mantener expectativas sobre un futuro esperanzador, ya que ni siquiera la Asamblea Nacional ha sancionado el sistema de seguridad social que lleva más de 15 meses en discusión”, puntualizó.
Educadores son presionados para inscribirse en las Milicias Bolivarianas
Alertó Andrés Velásquez
La Causa R instó a los profesionales del sector público a no ceder ante este tipo de presiones, pues el artículo 20 de la Constitución Nacional les garantiza el derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad.
Prensa La Causa R
El dirigente nacional de La Causa R Andrés Velásquez, alertó sobre la presunta presión que estarían padeciendo los educadores públicos del país, al ser conminados a inscribirse contra su voluntad para formar para de los Cuerpos Combatientes de la Milicia Bolivariana.
Velásquez reveló varias comunicaciones internas del Ministerio de Educación, donde altos funcionarios de este ente ordenan comenzar el proceso de inscripción, basándose en el artículo 50 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el cual no es mostrado en dichas circulares.
Ante ello el ex gobernador de Bolívar explicó a todos los maestros y profesores dependientes del Estado venezolano, que dicho artículo de la mencionada ley dice muy claro que quienes formen parte de los Cuerpos Combatientes de la Milicia Bolivariana deben hacerlo de forma voluntaria, y por lo tanto recomendó no ceder ante ningún tipo de coacción patronal.
Además citó el artículo 52 del referido instrumento jurídico, el cual es más específico todavía, “La Milicia Territorial está constituida por ciudadanos y ciudadanas que voluntariamente se organicen para cumplir funciones de defensa integral de la Nación, en concordancia con el principio de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil; y deberán estar registrados por la Comandancia General de la Milicia Bolivariana, quedando bajo su mando y conducción”.
Un atropello más
Andrés Velásquez criticó este nuevo “atropello” por parte del ejecutivo nacional contra sus empleados, “no les basta con obligarlos a ir a todos los actos de proselitismo político, inscribirse en el PSUV o hacer campaña con los recursos de las instituciones del Estado, ahora resulta que también pretenden obligar a los maestros a formar parte de unas milicias de combate”.
Continuó diciendo, “los educadores son los responsables de formar a los niños para la paz, no deben ser conminados a meterse en batallones o milicias, eso está reñido con la condición de maestros”, y aseguró haber recibido denuncias de que esta situación se presenta en varios municipios.
Añadió que, “además esta orden emanada del Ministerio de Educación viola la Constitución, que en su artículo 20 reza lo siguiente: Toda persona tiene derecho al libre desenvolvimiento de su personalidad, sin más limitaciones que las que derivan del derecho de las demás y del orden público y social”.
FOTOLEYENDAS
Foto 1
Memorando enviado desde el despacho del ministro a todos los jefes de zonas educativas.
Foto 2
Circular recibida en Ciudad Bolívar.
Foto 3
Andrés Velásquez instó a los educadores a no inscribirse si no lo desean.
Foto 4
Los artículos 50 y 52 de la Ley de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana indican que la inscripción debe ser de forma voluntaria.
Desbocada aprobación de leyes pretende abolir la Constitución
Dirigentes de la oposición dicen que esta nueva avanzada busca establecer un estado comunista por la vía de la violación de la carta magna Dirigentes de los partidos de oposición calificaron como desbocada la manera como la Asamblea Nacional aprobó un conjunto de leyes y manifestaron que la intención es la de abolir la Constitución.
A última hora, sin que estuviesen en agenda, el Parlamento aprobó en primera discusión dos proyectos de ley controversiales: el de planificación pública, y el de participación y poder popular. Esto ocurrió el miércoles en la noche, casualmente un día después de que el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, ordenara a gobernadores y alcaldes a desmontar el Estado burgués para sentar las bases del Estado comunal.
Los diputados del PSUV aprovecharon el ambiente navideño y, en la última sesión del año, que además era extraordinaria, dieron luz verde a las normas que preparan el terreno para el Estado socialista, junto con la Ley de Consejo Federal de Gobierno, sancionada el martes.
Después de aprobar los instrumentos legales, los legisladores se fueron de vacaciones, aunque no se descarta que la próxima semana haya una sesión extraordinaria, cuyo tema único sería la elección del Defensor Público, señalaron fuentes de la Asamblea Nacional
La aprobación de estas normas, obliga a la oposición a rehacer una agenda que parecía cifrada en la campaña electoral de 2010.
El presidente ejecutivo de Un Nuevo Tiempo, Omar Barboza, alertó al país sobre lo que denominó como un golpe de Estado con el cual pretenden establecer un comunismo por la vía de la violación de la carta magna.
«Este nuevo hecho abusivo por parte del sector oficial pone en riesgo la estabilidad democrática porque la iniciativa de violar la Constitución abiertamente puede estimular a otros sectores a hacer lo mismo, por vías de hecho», afirmó.
Al preguntársele si esto trastoca la ruta que se ha trazado el bloque opositor, Barboza enfatizó: «No vamos a desviarnos de nuestro objetivo porque la estrategia central de la alternativa democrática es producir un cambio profundo y lograr una mayoría en la Asamblea. Vamos a seguir presionando al Consejo Supremo Electoral para que cumpla con su cronograma de trabajo. Esto forma parte de un intento por distraernos. Vamos a reunirnos para analizar esta nueva coyuntura», dijo Barboza.
El gobernador de Miranda, Henrique Capriles Radonski, rechazó la aprobación la conducta seguida por los parlamentarios.
Aseguró que ya se ha hecho una costumbre que la Asamblea apruebe las leyes a puertas cerradas e irrespetando el parlamentarismo de calle. «Nadie conoce el contenido, esto es una burla porque quien tiene que consultar las leyes, no lo hace».
Andrés Velásquez, dirigente nacional de La Causa R advirtió que la gestión legislativa pone al país en dos bloques.
«Aquí no hay medias tintas están los que quieren abolirla y los que defienden la democracia», dijo el ex candidato presidencial, «con estas leyes, los parlamentarios están pisoteando la voluntad popular».
William Dávila, coordinador de la comisión de descentralización de la Mesa Unitaria Democrática y miembro de la dirección nacional de Acción Democrática advirtió que se trata de una ofensiva contra la República, no solo contra el sistema de libertades.
«Estamos en presencia de la instauración de una versión moderna del absolutismo español», dijo el ex gobernador de Mérida.
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La Causa Radical Guayana 