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>Andrés Velásquez Entre Signos de Interrogación
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Por: Circuito Éxitos
En esta nueva edición, el diputado explica los planes de desarrollo y las perspectivas en materia de industrias básicas
Después de la muerte de Alfredo Maneiro en 1982 el dirigente sindical asumiría la conducción del partido La Causa R, y posteriormente inscribiría su candidatura para los comicios de diciembre de 1983.
En esa primera ocasión alcanzaría unos 5.917 votos, cinco años después se volvería a inscribir para obtener 36.870 sufragios a su favor.
De esta manera el líder sindical y recién electo diputado lograría su primera victoria ganando la gobernación del Estado Bolívar. Desde allí, la crisis del bipartidismo le daría una buena oportunidad en las elecciones de 1993 con 1.232.653 votos, finalmente la apertura de distintos sectores en una nueva Asamblea Nacional para 2011, le permitiría realizar una exhaustiva investigación en torno a las industrias básicas de la nación ubicadas en esta región.
La consigna de Velásquez es recuperar tecnológicamente las empresas, invertir los recursos en el mejoramiento de estas estructuras en las que desde hace décadas se emplean altas cifras de capital. «¿Dónde estan los millones de dólares que le fueron otorgados a la CVG como parte de un pago a futuro y los otros tantos que recibió Ferrominera?. Nosotros le estamos haciendo seguimiento pero si algo está claro es que en Guayana no se quedaron. La prueba más evidente está en que no le fueron pagados sus derechos a los trabajadores», explicó.
Según el diputado los procedimientos del Gobierno Nacional al recuperar las empresas básicas han sido los menos indicados. «¿Cómo después de 12 años nos hablan del cierre temporal o definitivo de algunas industrias, cómo un gobierno le dice eso a sus trabajadores?», se pregunta.
Velásquez señala que en las industrias de Guayana se han ensayado todo tipo de estructuras organizativas que van desde las cooperativas, las empresas de producción nacional y el control obrero. «Ninguna ha funcionado correctamente, ellos no saben qué hacer, allí se han practicado todos los modelos, pero terminan fallando y convirtiéndose en un mar de corrupción»
«Acaban de comprar 36.000 mascarillas, que presentaron a los trabajadores como 3M (marca de suministros industriales de calidad superior) y resulta que esta empresa emite un comunicado y argumenta que no han realizado ningún despacho a industrias estatales, por lo que se trata de un evidente guiso con mascarillas tapa amarilla», se trata de uno de los casos de malversación de fondos que señaló el diputado.
Finalmente el representante del estado Bolívar afirmó que «el pueblo de Venezuela tendrá un candidato único de opsición para enfrentarse en la contienda de 2012».
Esuche las tres rondas de preguntas en donde Andrés Velásquez aclara diversos proyectos relacionados con los derechos de trabajadores en las empresas básicas y otras propuetas como la de bonos alimenticios para jubilados y pensionados, que serán tratados por él en la Asamblea Nacional.
>Sentencian a siete años y medio a Rubén González
>La jueza Magda Hidalgo, del Tribunal Sexto de Juicio en función penal, a las 6:50 de la noche en presencia de 30 testigos emitió el fallo en contra del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, condenándolo a 7 años de prisión, 6 meses y 22 días por los delitos de instigación a delinquir, restricción de la libertad al trabajo y violación de la zona de seguridad (artículo 56 de la Ley de Seguridad de la Nación).
El delito de agavillamiento fue desestimado; la jueza basó su decisión en un informe y el testimonio de 5 testigos presentados por el Ministerio Público. Desechó la declaración de 70 trabajadores de las minas de San Isidro y Cerro Bolívar que participaron en la huelga de 16 días realizada en agosto de 2009 en la sede de Ferrominera Orinoco en Ciudad Piar.
La defensa había pedido solicitar el delito de testimonio para 2 de los testigos presentados por la fiscal, a razón de que sus declaraciones se contradecían.
Con el testimonio de los 70 trabajadores la defensa intentó demostrar que los ferromineros no fueron instigados para reclamar sus pasivos laborales y que, en ningún momento, hubo daños al patrimonio de la nación más que las pérdidas generadas por la paralización, producto del ejercicio legítimo del derecho a huelga consagrado en la Carta Magna y en los convenios internacionales.
Rubén González estuvo privado de libertad durante 17 meses, 13 de ellos en la sede de Patrulleros de Caroní, donde presuntamente cumplirá condena.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió en noviembre de 2010 la libertad “inmediata” del dirigente sindical, así como su indemnización en vista de que los argumentos presentados por el Gobierno eludían a un atropello a la libertad sindical y a un “grave” precedente para el ejercicio del derecho a huelga.
>OIT había pedido la liberación "sin demora" del sindicalista Rubén González
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Feb 28, 2011, 06:56 PM | (Emen) .- El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo pidió al Gobierno venezolano que «libere sin demora» e indemnice «por los daños y perjuicios sufridos» al sindicalista Rubén González, quien fue condenado hoy a 7 años tres meses y 21 días de prisión.
González estaba encarcelado desde septiembre de 2009 cuando realizaba una protesta laboral en CGV Ferrominera Orinoco.
«El Comité estima que los hechos imputados contra este dirigente sindical no justifican su detención provisional o arresto domiciliario», indicó el Comité de la organización internacional en noviembre de 2010.
Eleuterio «Tello» Benítez, asesor legal del Sindicato Único de Empleados Públicos de la CVG (Sunep), asegura que esta decisión evidencia la violación de los derechos sindicales en el país.
A González le acusa de instigación a delinquir, agavillamiento, restricción a la libertad de trabajo e incumplimiento al régimen especial de zona de seguridad.
En septiembre de 2009, González impidió la salida de ferrocarriles en Ferrominera Orinoco, empresa estatal que forma parte de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y detuvo la producción de la compañía por unos días. Desde ese entonces se abrió un proceso penal en su contra.
Benítez considera que la decisión de la OIT es un elemento de presión para el Gobierno para que respete la libertad sindical. «El Gobierno verá si responde y respeta los acuerdos internacionales que ha firmado en materia laboral», indicó el abogado.
Lea también | Entrevista a sindicalista Rubén González
El Mundo
>Condenan al sindicalista Rubén González a siete años de prisión
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El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera está preso desde septiembre de 2009, tras haber organizado una huelga de empleados de la compañía siderúrgica
Rubén González, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera, fue condenado este lunes a siete años y dos meses de prisión tras su comparecencia ante el Tribunal Sexto de Juicio, donde brindó su testimonio final y recibió sentencia.
El abogado deGonzález, Italo Atencio, criticó que la decisión sólo se basara en el testimonio de 5 testigos del Ministerio Público cuando la defensa presentó 70.
«Es un hombre inocente y como inocente lo vamos a tratar, utilizando todos los recursos necesarios. Rubén González no se va a sostener como un culpable cuando es inocente», agregó.
Dijo que las pruebas presentadas por la defensas fueron contundentes para demostrar que los trabajadores se pararon por una deuda que Ferrominera mantiene con ellos, que incluso está firmada por el presidente de la empresa que reconoce la deuda.
«Los trabajadores admitieron que eran responsables de la huelga porque a cada uno de le deben 100.000 bolívares fuertes. El único delito de Rubén González fue mediar con el presidente de la empresa», añadió..
El sindicalista fue procesado por cargos derivados de organizar en 2009 una huelga en Ferrominera del Orinoco. Fue detenido el 24 septiembre de ese año y desde entonces ha permanecido en Patrulleros del Caroní.
Su caso había sido señalado como muestra de la condena a la protesta que se hace desde el Gobierno contra líderes laborales.
>El porqué del “COMBO PARA LA VEJEZ”
>Desde que se publicó el Decreto 7.401 en Gaceta Oficial 39.414 de fecha 30 de abril de 2010, comenzó el “corre corre” de todas aquellas personas que de una u otra forma se veían beneficiadas por él, y, casi simultáneamente, por aquello de que “quien hizo la Ley, hace la trampa”, también comenzaron las componendas de los bandidos de siempre para ponerse en el dinero fácil. De ahí que comenzaron las ofertas para “Legalizar”, y por ende, poner a cobrar, a todo aquel que cumpliendo o no con los requisitos establecidos en el decreto, se bajara de la mula con cantidades que oscilaban los 10 mil Bs.F, o Diez Millones de los de siempre.
A FEVACU nos llegaron cualquier cantidad de denuncias de personas que fueron estafadas y que se quedaron esperando su aparición en la publicación del IVSS en “Últimas Noticias”, pero el colmo fue cuando el Profesor Jubilado de la UPEL-Maracay, Miguel Seijas, mi ex compañero en los Bomberos Universitarios de la UCV a finales de los años 60, me comentó que en Agosto del año pasado se le presentó una persona a su casa a solicitarle una constancia de trabajo. Sorprendido le respondió que el jamás en su vida ha tenido ni trabajador ni mucho menos empresa alguna, por lo que comenzó un calvario para averiguar que estaba sucediendo y se enteró que, en efecto, el tenía una empresa a su nombre registrada en el IVSS con tres trabajadores que ya estaban cobrando su pensión.
Este tipo de fraude se está cometiendo bajo la mirada y complicidad de autoridades del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales al extremo que existen personas que, sin haber cotizado ni tener la edad reglamentaria, ya están cobrando su pensión.
Todo esto me llevó a averiguar lo relativo a los derechos de los ciudadanos a su Seguridad Social para ver de que manera se podría evitar las penurias que están sufriendo los excluidos del sistema de pensiones y, por supuesto, comencé por la Carta Magna donde conseguí en el Capítulo V “De los Derechos Sociales y de las Familias”, que en el artículo 80 se establece que: “El estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos…y les garantizará atención integral y los beneficios de la seguridad social que eleven y aseguren su calidad de vida. Las pensiones y jubilaciones otorgadas mediante el sistema de seguridad social no podrán ser inferiores al salario mínimo urbano…”; continuando encontré que en el artículo 83 se establece que: “La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida…Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa…” y para completar la información, en el artículo 86 se establece que: “Toda persona tiene derecho a la seguridad social como servicio público de carácter no lucrativo, que garantice la salud y asegure protección en contingencia de maternidad, enfermedad, invalidez, discapacidad, vejez (entre otras)…El estado tiene la obligación de asegurar la efectividad de este derecho, creando un sistema de seguridad social universal, integral, de financiamiento solidario, unitario, eficiente y participativo, de contribuciones directas o indirectas. La ausencia de capacidad contributiva no será motivo para excluir a las personas de su protección…”(subrayado y resaltado mío).
Todo esto me llevó a concluir que todos los venezolanos que hayan cumplido la edad reglamentaria: 55 años las mujeres y 60 años los hombres, tienen el derecho consagrado en la Constitución de una pensión equivalente al salario mínimo, alimentación y medicamentos para asegurar su derecho a la vida, habiendo o no cotizado al IVSS.
Es por ello que considero que el texto del decreto 7.401 es inconstitucional porque obliga a las personas más desposeídas a buscar montos de dinero que pueden llegar a superar los 12 mil bolívares fuertes para acceder a un derecho que les garantiza la Constitución de manera gratuita.
Esta discriminación me ha llevado a promover el “COMBO PARA LA VEJEZ” que debe estar conformado por Un Salario Mínimo + Cesta tickets (o bono de alimentación) + Medicamentos y que debe ser proporcionado a toda aquella persona que cumpla la edad reglamentaria para optar a su pensión.
En Venezuela existe una gran cantidad de personas que están excluidas del Sistema de Seguridad Social y es por ello que hemos decidido comenzar una cruzada por todo el país para realizar el censo de los necesitados del “Combo para la Vejez”. Incorporamos una planilla de inscripción en nuestra página Web:www.defiendete.org y les agradecemos se conformen en elementos multiplicadores para determinar cuantas personas están excluidos y requieren esta ayuda para sobrevivir.
Ingº Arnoldo Benítez C.
Presidente de FEVACU
defiendete@cantv.net
0416 843 3716 & 0414 476 4032
>Hoy concluye juicio contra Rubén González
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El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, comparece hoy ante el Tribunal Sexto de Juicio a cargo de la juez Magda Hidalgo, a brindar su testimonio final y recibir sentencia.
El 23 de febrero el dirigente acudió a la audiencia número 27 donde se presentaron los últimos testigos y se leyeron -en el juicio oral y público- las pruebas escritas.
La juez estima que el juicio contra el dirigente sindical debe terminar hoy, luego de haber elaborado las conclusiones y haber escuchado tanto a la fiscal tercera del Ministerio Público, Fátima Urdaneta, como a la defensa del acusado, Ítalo Atencio.
Por solicitud del Estado la audiencia fue programada para este lunes a las 9:00 de la mañana.
González será trasladado desde la sede de Patrulleros de Caroní, donde permanece desde hace un año y un mes, hasta la sede del Palacio de Justicia.
En la Fiscalía General de la República en Caracas, colectivos y partidos políticos realizarán una concentración en defensa del secretario general. (CARJ)
>De Grazia recibió denuncia de ex trabajadores de Venrus
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Mediante un comunicado de prensa, el diputado Américo De Grazia anunció que este fin de semana se reunió con ex trabajadores de la minera Venrus, de quienes recibió una denuncia por violaciones a derechos humanos y pérdida de oro en esa empresa, ubicada en El Callao.
“Los denunciantes destacaron que la empresa Venrus C.A., opera bajo la figura administrativa de empresa mixta, donde el Estado venezolano a través de la Empresa Bolivariana Socialista Minera Nacional tiene una importante participación accionaria, y por el otro lado el capital ruso del grupo Agapow, que opera el consorcio Rusoro Mining, conformando lo que se conoce como la empresa Mixta Nacional del Oro”, informó el diputado a través de un comunicado.
El encuentro se concretó en los portones de la empresa, donde cientos de hombres y mujeres despedidos, conversaron con el diputado.
“Reiteradamente se desarrollan acciones de protestas cívicas y pacíficas por parte de las personas que han sido botadas por la empresa al asumir posturas críticas y reclamar el cumplimiento de sus derechos, como es el caso de la atención social de Venrus con las comunidades, la discusión de la contratación colectiva que ya lleva más de 5 años vencida y que la empresa se niega a discutir, así como el número mayor a los 80 empleos que esta factoría les debe a las comunidades desde el momento que inició sus operaciones y que hoy desconoce”.
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La Causa Radical Guayana 