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Las notas de Andrés / Ser minero es un delito

Por el contenido del Decreto 8.413, emanado de la Presidencia de la República, que impone un conjunto de medidas punitivas sobre las actividades auríferas, podemos deducir que el encargado de elaborar el mencionado decreto es alguien que no conoce la realidad y tampoco se preocupó por conocerla, de las vivencias o condiciones en que se ha venido desarrollando la minería al sur del estado.

El Presidente no leyó este decreto antes de firmarlo. A nadie se le hubiese ocurrido convertir de un solo plumazo en ilegales, a más de 140 mil trabajadores dedicados generación tras generación a esta actividad. Para los pueblos del sur la actividad aurífera puede hasta considerarse una tradición cultural y una manera de sobrevivir ante tanto desempleo. Por mucho tiempo trabajar con oro fue motor y fortaleza de las economías de todos estos pueblos. Ahora, gracias a este improvisado Decreto 8.413, ser minero es una amenaza. Ser minero es sinónimo de ilegal y delincuente. La tenencia de oro, comprar o vender oro, estar dedicado a la orfebrería, hacer minería artesanal, será perseguido y castigado por el régimen con prisión de seis meses hasta seis años. ¿A quién se le ocurrió este disparate? Cuál fue el genio que pensó que persiguiendo mineros o convirtiendo la actividad en estratégica y estableciendo en consecuencia zonas de seguridad por aquí y por allá -sin respetar siquiera a territorios y pueblos indígenas- van a frenar este derecho.

Ambiente y minería


Parte de la justificación del decreto está centrada en la defensa ambiental. En la necesidad de proteger nuestras cuencas y el frágil ecosistema guayanés.
Estamos de acuerdo. Compartimos plenamente la preocupación por nuestro ambiente y por su preservación. Pero afirmamos que es posible hacer minería con apego a la defensa y cuidado de nuestro ambiente. Somos testigos de cómo en otros países donde este tipo de minería se practica también se protege mediante aplicación de rigurosas normas, el medio ambiente. Donde la práctica de la actividad sea incompatible con el medio ambiente sin dudas se debe optar por el ambiente y punto.

Militares y corrupción


El reciente incidente de La Paragua, donde los pueblos indígenas obstinados del maltrato y corrupción de miembros de nuestras fuerzas armadas, los obligó a tomar la radical determinación de retenerlos y de esta manera llamar la atención en torno a este tipo de actividades ilícitas a las que se dedican algunos integrantes de la FAN, ha replanteado nuevamente y con mucha fuerza la necesidad que el gobierno se siente con todos los involucrados en el problema a revisar el decreto y buscar una solución compartida. No se trata de sacar un decreto a lo loco, que lejos de poner orden lo que genera es un gran desorden y una gran injusticia para con estos trabajadores de la minería y para con nuestros pueblos indígenas. Los militares que han llegado a Guayana supuestamente a resguardar nuestro ambiente de prácticas mineras depredadoras, han terminado convertidos en verdaderos garimpeiros, mediante la práctica directa de explotación o estableciendo peajes por paso de combustible, de alimentos, de personal indocumentado o nacionales de otros países, de maquinarias hacia zonas no permitidas de explotación. El Decreto 8.413 no tiene vida. Debe ser revisado y este es el momento de hacerlo. El pasado martes lo plantee ante la plenaria de la Asamblea Nacional, solicitando los buenos oficios de ésta para que facilite este diálogo. Se acordó pasar el tema a la Comisión Permanente de Minas. Pienso que los pueblos mineros deben continuar con sus justas protestas, frente a este decreto que atropella los derechos de los trabajadores mineros y de los pueblos indígenas. Como dice con afinada puntería nuestro amigo Eliécer Calzadilla: “el asunto minero no es militar, no puede ser tratado ni resolverse con batallones escuadrones y aviones de combate. No es el fusil el que arregla el tema minero es el diálogo”.
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