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De Grazia “En Guayana se demostró una vez más el verdadero rostro del régimen”


CIUDAD GUAYANA/Prensa LCR.-

El diputado a la Asamblea nacional y secretario general de La Causa R en el Estado Bolívar, Américo De Grazia, expresó ayer en rueda de prensa, acompañado por el candidato a alcalde de Caroní por LCR, Luís Medina y el abogado José Márquez, precandidato a alcalde en el Municipio Sucre, que con los últimos sucesos acaecidos en Guayana, la semana que acaba de concluir, en materia de criminalización de la protesta, “en Guayana se mostró el verdadero rostro del régimen”.

En ese sentido, se refirió a tres hechos que, a su criterio, “delatan la naturaleza de este gobierno”.

Caso Los Clavellinos

-El primero de ellos –citó- tiene que ver con lo acontecido en el sector Los Clavellinos en la vía El Pao, donde fueron detenidos y puestos a la orden de los tribunales bajo el régimen de presentación, 39 vecinos del Municipio Caroní, por protestar tanto el asfaltado como el sistema eléctrico.

“En este país, protestar, porque no hay ni siquiera derecho al diálogo, a la conversación y a los acuerdos y no estamos hablando de “guarimberos” ni de dirigentes vecinales afectos a la Mesa Democrática o a los partidos demócratas, sino que estamos hablando, incluso, de gente afecta al partido de gobierno, pero que en vista de que no se les cumplen sus requerimientos comunitarios decidieron entonces por el camino de la protesta, recibiendo como respuesta la represión”.

Los mineros de Sucre

Como segundo evento que el parlamentario inscribe dentro de la “criminalización de la protesta”, mencionó el ocurrido en el Municipio Sucre, capital Maripa, al oeste del estado Bolívar, “en donde los mineros del Alto Caura fueron perseguidos, acosados, encarcelados y todavía hay muchos no se sabe del destino que van a sufrir, presumimos que van a ser puestos también a la orden de los tribunales competentes por ejercer la minería”.

-En esto –agregó- queremos precisar que para nosotros la actividad minera, si bien, de alguna manera tiene que ser regulada por el estado, tiene que haber espacios para los mineros venezolanos, de la misma forma y de la misma manera que hay espacios para las grandes trasnacionales rusas, chinas y canadienses.

“Si hay espacios para ellos”, preguntó, “por qué no hay espacios para los mineros venezolanos. Si en el Alto Caura no pueden trabajar, la pregunta es dónde los mineros venezolanos pueden trabajar. Esa es parte de la clave que nosotros hemos establecido a lo largo de los últimos tiempos”.

En tal sentido, el diputado De Grazia consignó que “se puede desarrollar la minería en armonía con el medio ambiente, sólo que estos señores (el gobierno regional y nacional) no tienen planes para desarrollar la minería, sino para entregársela a las grandes transnacionales, y allí hay violación a los derechos humanos”.

Anunció, que este fin de semana estarán en la zona de Maripa, acompañados de por Carlos Chancellor y el abogado José Márquez, dirigente político del Municipio Sucre.

Terrorismo sindical

Como tercer aspecto de “la criminalización de la protesta en Guayana”, el diputado Américo De Grazia hizo referencia a la calificación de despido de la Plancha 79 en las elecciones sindicales de Ferrominera Orinoco, todos sus miembros partidarios de del Secretario general de Sintraferrominera, Rubén González. “Criminalizando la protesta, el mismo hecho de que unos trabajadores se atrevieran a desafiar electoralmente a la plancha oficialista del gobernador del estado”.

-Eso –concluyó- es bueno que lo coloquemos en blanco y negro, porque estamos estrenando también una modalidad de terrorismo sindical, que habíamos conocido antes con la persecución y el encarcelamiento de Rubén González. Pero que además hay un hecho adicional, que es la detención de Ronny Álvarez, quien está preso e inculpado injustificadamente por el homicidio de Renny Rojas López, quien de alguna manera fue víctima del presunto homicida, Héctor Maicán, quien fue puesto en libertad para ahora encarcelar a un muchacho (Ronny Álvarez) inocente, que no tiene absolutamente nada que ver con eso, que jamás ha tenido antecedentes penales, que no tiene porte de armas y a quien se le está incriminando de un homicidio que no cometió.

“Pareciera que el único delito que está permitido en Guayana, es robar cabillas. Todos los demás delitos están sujetos a la persecución del Estado venezolano, en este caso de la gobernación del Estado Bolívar y por supuesto, de agentes del oficialismo que han utilizado la cárcel, los tribunales y las instancias de poder dentro del aparato judicial, para incriminar, encarcelar, recriminar y criminalizar la protesta en la región.

Cuencas

En la fase de preguntas y repuestas, el diputado Américo De Grazia indicó que en La Causa R, son claros y que así quedó expresado en el Plan de Ordenación Territorial promulgado en el año 1995 por el entonces gobernador Andrés Velásquez, en el sentido de preservar las cuencas del Caroní, del Caura y de todos los ríos del Estado Bolívar.

Significó, que esa posición de La Causa R va más allá de Guayana, sino que hay que preservar las cuencas de todos los ríos de Venezuela, pero que el gobierno, que tiene el Plan Caura, actúa con doble discurso y falso nacionalismo.

Señaló, que “para nosotros esa no es la discusión”, sino que “aquí lo se persigue y se condena a los mineros venezolanos al peregrinaje y al desertar de las zonas mineras, en función de proteger, avalar y estimular, en todo caso, la minería de las grandes transnacionales”.

Citó como ejemplos, que “fueron desalojados los mineros venezolanos de las Cristinas, en Las Claritas, para entregársela a los canadienses, en Icabarú están siendo desalojados los mineros venezolanos para entregársela a los chinos, y en La Ramona, que publicitariamente el gobierno le llama La Increíble 6, que es la zona por excelencia de los pequeños mineros de El Callao, fueron desalojados el 28 de diciembre pasado (el día de los inocentes) para entrégasela a los rusos”.

“Cómo es posible que se hagan estas operaciones de desalojo de los venezolanos para entregárselas a las transnacionales y a los venezolanos no les crean ni les dan la esperanza de poder trabajar ninguna zona, por supuesto esta anarquía provocada es lo que origina que los mineros se metan en donde mejor les parezca en una actividad de buhonería minera y para que eso no ocurra tiene que haber un ordenamiento territorial y el Estado tiene que asumir el compromiso de regular la actividad minera en la región de Guayana, cosa que ellos reniegan y resienten de hacerlo porque, incluso, se niegan a discutir en los escenarios donde tienen que hacerse, como la Asamblea Nacional, la Comisión de Minas de la Asamblea Nacional y en el propio MIBAM”.

Violación de derechos humanos

Por su parte el abogado José Márquez, del Frente de Lucha por el Rescate del Municipio Sucre, señaló que el 14 del pasado de mayo el Presidente de la República, a través del Vicepresidente Elías Jaua, y empleando al ejército venezolano, desalojaron de manera violenta a los mineros de la región del Caura, oportunidad en que se les prometió el programa de reconversión minera y créditos a través de Fondafa y “miles de cuestiones alternativas”.

“A estas alturas, eso no ha ocurrido y el Municipio Sucre, que es una zona de tradición productiva, está abandonado, los mineros siguen en una situación de abandono, entre las pocas alternativas que tienen ahorita los habitantes de la zona es la actividad minera y lo que reciben es atropellos, represión y violaciones a sus derechos, en tanto que hasta ahora no se ha presentado ninguna comisión a buscarle solución a la problemática que confrontan los habitantes del Municipio Sucre y de manera especial los mineros y productores”, significó.

Márquez, recordó al Teniente Coronel García Niño, de quien dijo dirige la operación en el Municipio Sucre, que el Artículo 23 de la Constitución establece que los delitos de violaciones a los derechos humanos no prescriben y son perseguidos por siempre.

En ese sentido, dijo que en el caso del Municipio Sucre, ha habido violación sistemática de los derechos humanos. “Allí fueron quemados los enseres, hasta sus cédulas, fueron desnudados y tirados al río, las mujeres fueron desnudadas también, fueron golpeados salvajemente, tenemos versiones al respecto y estamos procesando y canalizando para formular las denuncias ante los órganos competentes”.

Concluyó haciéndole un llamado a la reflexión, al gobierno nacional y regional, y “especialmente al gobierno del municipio Sucre, por intermedio de la alcaldesa Amelia Celeste de Figarella, que interceda y no deje masacrar a su pueblo nuevamente, porque el pasado mes de mayo la represión alcanzó tanto a los mineros como a los pobladores de Maripa, y la exhortó a dar cumplimiento a las bombas móviles de gasolina que prometió”.

——–

1.- El diputado Américo De Grazia, acompañado por el abogado José Márquez y la dirigencia de LCR.

2.- “Pareciera que el único delito que está permitido en Guayana, es robar cabillas”, dijo De Grazia, acompañados, entre otros, por Luís Medina, Alberto “Morocho” Martínez y el profesor José (Chema) Fernández, entre otros.

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