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La “cultura de violencia”, la impunidad y la falta de respuestas por parte del Estado

Analisis Correo del Caroni

La “cultura de violencia”, la impunidad y la falta de respuestas por parte del Estado, amenazan con derribar una tradición de negociación laboral cuya bisagra ha sido el debate libre de las ideas a través de panfletos.

El reciente atentado contra el secretario general de Sutralúmina, José Luis Morocoima, y los 150 muertos de los trabajadores del sector construcción en seis años, son indicadores que llaman la atención de no pocos expertos.

Uno de ellos es Eleuterio Benítez, abogado especialista en el área laboral, quien destacó el tema de la impunidad como una de las principales causas de esta espiral de violencia.

“En esas condiciones no puede haber ninguna actividad sindical. Estas se deben realizar en condiciones de libertad, sin ningún tipo de presión, amenaza ni zozobra. Eso hay que verlo como un hecho grave”.

Tan grave como lo considera Eligio Rodríguez, abogado y director de la escuela de derecho de la UCAB Guayana. Considera que hay toda una “cultura de violencia”, basada en un sistema de justicia donde el denominador común es la impunidad.

“Hay una proliferación de hechos delictivos, porque si alguien comete un delito y no es castigado, asume puede volver a cometer otro sin que haya alguna penalización”, explicó el experto. Esto ha generado que las personas, al no confiar en el sistema de administración de justicia, terminen tomándola con sus propios métodos, lo cual genera la llamada “cultura de violencia”.

Violencia de Estado

Orlando Chirinos, coordinador nacional del movimiento Solidaridad Laboral, comparte esta misma visión. Sin embargo, asegura que la violencia es también una política del Estado venezolano para “golpear la voluntad y la autonomía del movimiento sindical venezolano”.

“Muralla Roja (grupo sindical de la construcción) actúa impunemente en Guayana. Es un grupo pro gobierno, oficialistas que además quieren entregarle esas industrias a las trasnacionales chinas”, denunció Chirinos.

Agregó que el Estado tiene que responder a los ciudadanos y explicarles por qué permite que haya sindicalistas armados en los portones de las empresas.

Ygor Lira, miembro de la organización Nuevo Sindicalismo, calificó este atentado como una “práctica fascista del gobierno regional”. “Responsabilizamos en primer lugar al presidente de esta empresa, José China, así como a los miembros del control obrero, entre los que se encuentran el consultor jurídico Martín Barrios, quienes estaban al frente del grupo del sindicato de la construcción, dirigido por Pedro Escalona de Muralla Roja”.

Lira también consideró que el Gobierno nacional busca que los trabajadores cesen en sus reclamos reivindicativos, ya que “quienes dirigen las empresas del hierro y el aluminio han perdido toda credibilidad en la clase trabajadora”. “Es por esta razón que recurren a la violencia utilizando grupos violentos como brazos armados para infundir el terror entre la masa laboral”, explicó.

Por su parte, Rodríguez explicó que si el Estado no actúa eficazmente garantizando la seguridad y el derecho a la vida de las personas, podría concluirse que está incurriendo en violación de Derechos Humanos.

“El Estado más bien debe tener una actitud activa para que al final los delitos sean castigados y que las personas tengan una oportuna respuesta en una administración de justicia seria. Cuando esto no ocurre, te conviertes en violador de DDHH. No como un hecho concreto, sino como una matriz sistemática, donde lo que se concluye es que la administración de justicia no está cumpliendo con su labor”, argumentó el experto.

Para Chirinos la situación está clara: “como el gobierno no puede imponer los sindicatos para controlarlos, los destruyen coartándoles sus derechos y ahora parece que los están destruyendo con las balas (…) Si un gobierno persigue, bota y encarcela a dirigentes sindicales, queda claro que son ellos los que promueven la violencia”.

Propuestas de paz

Pese a la situación de violencia que socava el sindicalismo guayanés, aún hay posibilidades de cambio. Benítez consideró que el Gobierno nacional está en la capacidad de poner fin a las agresiones, garantizando la integridad física de las personas. Otro de los puntos que propone es acudir a organismos internacionales, como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para resolver los casos de violencia sindical.

“Se tiene que acudir a estas instancias porque el Estado venezolano ha demostrado su incapacidad para dar respuesta a estos casos”, advirtió.

La propuesta de Chirinos es más concreta. Anunció que participará en la centésima asamblea anual de la OIT, donde propondrá que las comisiones del Consejo de Administración y del Comité de Libertad Sindical vengan a Venezuela, para abrir una investigación sobre los casos de violencia sindical en el país.

La situación en las empresas básicas aún se mantiene tensa. No sólo por la crisis generalizada en el sector, sino por la espiral de violencia que atenta contra las vidas de los trabajadores y amenaza con derrumbar la lucha histórica de los sindicatos en Guayana.

Eligio Rodríguez, director de la Escuela de Derecho UCAB Guayana. “Hay una proliferación de hechos delictivos, porque si alguien comete un delito y no es castigado, asume puede volver a cometer otro sin que haya alguna penalización”.

Orlando Chirinos, coordinador del movimiento Solidaridad Laboral. “Como el gobierno no puede imponer los sindicatos para controlarlos, los destruyen coartándoles sus derechos y ahora parece que los están destruyendo con las balas”.

Eleuterio “Tello” Benítez, abogado laboral, ex fundador de Sutiss. “En esas condiciones no puede haber ninguna actividad sindical. Estas se deben realizar en condiciones de libertad, sin ningún tipo de presión, amenaza ni zozobra”.

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