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>Trasladan a Caracas causa de Rubén González

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La defensa anunciará la estrategia legal a implementar y conseguir la libertad plena del secretario general de Sintraferrominera.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera Orinoco (Sintraferrominera), Rubén González, regresó a su hogar y ayer se reencontró con los trabajadores de las minas San Isidro, Cerro Bolívar y con los pobladores de Ciudad Piar a quienes representa como concejal.

Aunque estará en casa, debe presentarse cada 15 días en la sede judicial. Por si acaso, no podrá salir del país hasta tanto otro tribunal le otorgue la libertad plena.

La sustitución de la medida de privación judicial por las medidas cautelares sustitutivas, se produjo luego que la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia ordenara la suspensión inmediata de la causa.

La medida se ejecutó mediante la facultad de avocamiento de oficio, el cual es una figura jurídica establecida en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le confiere potestad al TSJ para conocer y decidir de una causa en el estado y grado en que se encuentre.

La Sala ordenó al Juzgado Sexto de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar -con carácter de “urgencia”- recabar el expediente original y todos los recaudos relacionados con la causa seguida.

Lejos de casa

La intervención de la Sala Penal significa un retroceso de 17 meses, toda vez que el proceso legal debe repetirse, de acuerdo al recurso utilizado en este caso para suspender la sentencia condenatoria.

En esta oportunidad el juicio no se hará en Ciudad Guayana, pues el TSJ pidió remitir el expediente al Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

“Siendo un hecho notorio, que el proceso seguido al ciudadano Rubén Darío González Rojas, han perturbado la tranquilidad y cotidianidad del estado Bolívar; esta Sala de Casación Penal, en aras del resguardo de la finalidad del proceso penal instaurado y con el fin de garantizar una aplicación de la justicia responsable y expedita, decide por vía de excepción apartar el conocimiento de la presente causa de los Tribunales de su jurisdicción natural; y remitirlo a otro Tribunal de Juicio de un Circuito Judicial Penal distinto; para que continúe el proceso asegurando el resguardo de los derechos y las garantías constitucionales”.

Otro tribunal al que le corresponda la causa continuará el caso “con el fin único del proceso, que no es otro, que la búsqueda de la verdad y la justicia”.

Le corresponderá a la defensa decidir si presentará a los 70 testigos que declararon en un lapso de tres meses. En esa instancia se debe dictar una nueva sentencia que prescinda de los “vicios” señalados y argumentados por el TSJ.

Vicios encontrados

En dos días la Sala de Casación Penal realizó el examen de las actas en donde se observó que “la sentencia condenatoria dictada se encuentra inmersa en el vicio de inmotivación que infringe principios y garantías constitucionales, como lo son la Tutela Judicial Efectiva y el derecho al debido proceso, consagrados en los artículos 26 y 49.1 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.

La juez Magda Hidalgo del Tribunal Sexto de Juicio en función penal consideró que más del 50 por ciento de los 70 testigos presentados por la defensa incurrieron en contradicciones o por el contrario no aportaron datos probatorios.

Dice la Sala de Casación Penal que la juzgadora (del Tribunal Sexto de Juicio de Ciudad Guayana) no señaló “las razones por las cuales consideró restarle credibilidad a los referidos testigos, en relación al resto de los aspectos que fueron aportados por éstos en sus respectivas deposiciones”.

“Tampoco se observa de lo expuesto por la instancia, de qué manera la contradicción encontrada en las declaraciones de los referidos órganos de prueba, era capaz de afectar los hechos que a través de los referidos testimonios pretendían demostrar la defensa”.

Además la Sala de Casación Penal indicó que la jueza no expresó las razones que tomó en consideración para justificar el rechazo de los aludidos medios de prueba testimonial; “desconociéndose así, cuál fue el criterio jurídico, lógico y crítico asumido por la Jueza de Instancia, que permitiera conocer dónde y por qué se evidenciaba falsedad en sus dichos, cuál era la razón por la cual, se estimaba de poca o ninguna utilidad los hechos afirmados o negados por los declarantes, a los efectos de establecer la verdad de los hechos objeto del juicio”.

Suspicacia

Expertos en la materia señalaron que es casi imposible que en dos días el TSJ se haya avocado a conocer la causa, solicitar el expediente y sortear entre los magistrados el caso.

Pues un procedimiento como éste implica que el magistrado debió leer -entre otras pruebas- el expediente de 79 folios, analizar la sentencia de manera motivada y decidir. “Eso se lleva no menos de 30 días hábiles, considerando que la sentencia no estaba publicada por lo tanto no había comenzado a correr el lapso de apelación”.

Para algunos especialistas del derecho, de la rapidez con la que se ejecuta el avocamiento se presume que el TSJ ya tenía conocimiento del expediente y listo el recurso de avocamiento.

Sentencia del Tribunal Sexto

El 28 de febrero el Tribunal Sexto de Juicio encontró a Rubén González culpable de: Instigación a Delinquir, pues “con sus acciones excitó a los trabajadores públicamente a la paralización del funcionamiento de las minas de hierro”, lo cual generó los delitos de restricción a la Libertad del Trabajo e Incumplimiento del Régimen Especial de la Zona de Seguridad.

El tribunal otorgó valor probatorio a que “efectivamente la empresa Ferrominera Orinoco reportó pérdidas milmollanarias (sic) debido a la paralización de las labores de producción del mineral en virtud del paro de trabajadores liderizado por el procesado Rubén González. Patentizándose sin lugar a dudas la corporificación (sic) del delito de Incumplimiento del Régimen Especial de la Zona de Seguridad”.

“El ciudadano Rubén González instigó como Secretario General del Sindicato, con voz de liderazgo, a los trabajadores de las minas de hierro en Ciudad Piar (caracterizadas de acuerdo a las máximas de experiencia como una zona de seguridad en virtud de las labores allí desarrolladas) (…) a desarrollar actividades tendientes a paralizar las labores de funcionamiento consistentes en extracción y producción del mineral de hierro, lo cual ocasionó pérdidas milmillonarias (sic) a la referida empresa estratégica del Estado venezolano…”.

Todavía esperan por juicio…

– 52 sidoristas

– Los involucrados en el caso Transporte Camila: Leonel Grisett, Juan Valor, Joel Hernández, 11 trabajadores contratados.

– Fecha de juicio: 24 de mayo de 2011.

– Tres dirigentes de SutraCVG y dos trabajadores de la Corporación Venezolana de Guayana por exigir uniformes.

Correo del Caroni

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