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>LEY ORGÁNICA DE LAS COMUNAS ¿UNA NUEVA CONSTITUCIÓN?/José María Fernández

>Leí la Ley Orgánica de las Comunas, publicada en Gaceta Oficial extraordinaria Nº 6.011 el pasado 21 de diciembre y no salgo de mi asombro. Me pregunto: ¿Estamos ante una nueva Constitución? Porque esta ley consagra fines, modelo socioeconómico e instituciones públicas totalmente ajenas a nuestra Carta Magna.

Comencemos por los fines: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el Estado “tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad así como la construcción de una sociedad justa y amante de la paz” (artículo 3). Entre los artículos 19 y 135 desmenuza prolijamente (116 artículos) cómo debe entenderse el cumplimiento de estos fines explicando los derechos humanos individuales. Más de 50 veces se lee en la Constitución “toda persona”. Los derechos humanos son individuales, inalienables, íntimos, esenciales al ser.

En la Ley de las Comunas se establece que el interés colectivo está por encima del individual. El artículo 4, párrafo 2, instituye las cartas comunales que son “instrumentos donde se establecen las normas elaboradas y aprobadas por los habitantes de la Comuna en el Parlamento Comunal, con el propósito de contribuir corresponsablemente en la garantía del orden público, la convivencia y la primacía del interés colectivo sobre el interés particular”. El artículo 18 precisa que la comuna “regula la vida social y comunitaria y coadyuva con el orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular”. Yo me pregunto: ¿Dónde están establecidos los intereses colectivos que primen sobre la persona? ¿Quién decide tales derechos? ¿Cómo es posible que el colectivo regule toda forma de vida social y comunitaria? ¿Acaso cada persona no va a tener autonomía para hacer vida social, crear asociaciones de los más diversos intereses sin la anuencia y regulación de una comuna?

El segundo aspecto anticonstitucional está referido al modelo socioeconómico de Venezuela. Este está descrito claramente, no en categorías ideológicas sino en sus elementos esenciales, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 299: la finalidad del modelo es el “desarrollo humano integral y una colectividad digna y provechosa”. Los principios rectores, “la justicia social y libre competencia, productividad y solidaridad”. Las líneas estratégicas: “el Estado promoverá conjuntamente con la iniciativa privada el desarrollo de la economía nacional”. El resultado inmediato, “fuentes de trabajo y alto valor agregado nacional”. El resultado último, “elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país”. El método de lograrlo es “la planificación estratégica, democrática participativa y de consulta abierta”. Esta dinámica de sinergia entre lo público y lo privado, lo personal y lo social, la competencia y la solidaridad está presente en todo el texto constitucional. Promover los dos polos simultáneamente en un ambiente de diálogo permanente creando equilibrios dinámicos entre fuerzas que defienden sus intereses pero que consensúan, es avanzar en el camino del desarrollo.

Sin embargo, el modelo propuesto en la Ley de las Comunas se aparta totalmente del establecido en la Constitución. En primer lugar se incorpora un concepto ideológico, ambiguo y polisémico, con demasiadas lecturas históricas, totalmente ajeno al sentir de la Carta Magna: el socialismo. La finalidad de las comunas es la construcción del modelo socialista. La ley establece un concepto de socialismo basado en tópicos históricos: “satisfacción de las necesidades materiales y recuperación del valor del trabajo como productor de bienes y servicios”. “Para ello es necesario el desarrollo de la propiedad social de los medios de producción básicos y estratégicos permitiendo la propiedad individual o familiar y su uso, goce y disfrute”. Pero ¿qué es la propiedad social sino la propiedad del Estado? ¿Existe algún ejemplo diferente? Y otra cosa, la Constitución garantiza el derecho a la propiedad privada no sólo individual y familiar, sino también a disponer de ella según su conveniencia. Todos los países que fundamentaron su desarrollo en base a estos principios socialistas fracasaron en la satisfacción de las necesidades y en la producción de bienes y servicios.

El tercer aspecto está relacionado con las instituciones del Poder Público. Según la Constitución, la soberanía reside en el pueblo quien la ejerce directamente mediante el ejercicio de sus derechos y deberes e indirectamente a través de los órganos del Poder Público que son el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional y éste en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Ciudadano y Electoral. La Carta Magna precisa las competencias de cada institución y sus niveles de autonomía. La Ley Comunal crea el “Estado comunal y las instancias del Poder Popular conformadas por los consejos comunales, comunas, ciudades comunales, federaciones comunales, confederaciones comunales”. Se pretende afirmar que son expresión de la soberanía popular directa y se le asignan las mismas competencias que a los poderes establecidos expresamente en la Constitución. Ninguna de estas instancias aparece en la Carta Magna y sin embargo pretenden sustituir las funciones y absorber recursos de los municipios y de las gobernaciones. Su supuesta autonomía como expresión del Poder Popular directo es una farsa ya que deben registrarse en el Ministerio de las Comunas quien fijará los lineamientos y aprobará los planes y proyectos de estas instituciones. No necesitan del Consejo Nacional Electoral pues desaparece el voto directo y secreto. Todos los órganos de dirección de los poderes comunales se decidirán por elección de segundo grado, dirigida por la mano del Poder Central-Partido. Con esta ley, la frase de Istúriz diciendo que había que “desbaratar” las alcaldías y gobernaciones no es un chiste sino una dictatorial realidad.

Pero todavía llega la ley a más: invade todos los espacios de la sociedad civil. “Están sujetas a la aplicación de esta ley, las organizaciones comunitarias, las comunidades organizadas y todas las instancias del Poder Popular debidamente constituidas, así como las personas naturales y jurídicas, tanto de derecho público como privado, que se relacionen con las comunas”. (Artículo 3) No lo permitamos. Fortalezcamos nuestras organizaciones, sindicatos, cámaras, organizaciones de todos los ámbitos, y resistamos todo intento de quitarnos espacios de libertad.

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