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Gobierno calla ante exhorto de la OIT

OIT recomienda modificar artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación
La solicitud de liberación del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, que formuló la pasada semana la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha sido respondida por ningún funcionario ni ente del Estado. De acuerdo a especialistas en materia de derechos humanos, la declaración de la OIT es vinculante de acuerdo a las ratificaciones que ha hecho Venezuela de los convenios internacionales en esa materia. El organismo multilateral también solicitó al Ejecutivo garantizar el derecho a la negociación colectiva y sugirió la anulación del artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación por condicionar el derecho a la protesta.

La opinión de esta organización, de la cual Venezuela suscribe y ratifica dos de sus convenios (87, relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación y 98, relativo al derecho de sindicación y de negociación colectiva), es vinculante.

A pesa de que no hay ningún ente coercitivo que obligue al Estado a cumplir con los convenios suscritos por Venezuela y garantizados en la propia Constitución Bolivariana de Venezuela, los derechos están “consagrados”, afirma Jackeline Fernández, representante de Amnistía Internacional en Ciudad Guayana.

En materia de derechos fundamentales tiene peso que, en este caso, González está privado de libertad por ejercer una de las garantías consagradas en la Constitución, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (numeral 4 del artículo 23) y los convenios de la OIT, los cuales -se supone- Venezuela cumple en virtud de su identificación.

Como el centro del caso son los delitos imputados, con base a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, también es relevante que la OIT recomiende la modificación del artículo 56 que prohíbe “perturbar o afectar a la organización o funcionamiento de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económica social del país será penado con prisión de cinco a diez años”.

De acuerdo al Comité de Libertad Sindical esta disposición “puede aplicarse al ejercicio legítimo del derecho de huelga en actividades que no son esenciales en el sentido estricto del término y por consiguiente debería ser modificado”.

Ese punto fue referido a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.

En el 2009, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), junto a otras organizaciones, emprendieron la campaña “Protestar No es un Delito”, en cuyo manifiesto se pide la derogación de estos artículos que cercenan el derecho a la manifestación pacífica.

La carta magna estipula en el artículo 23: “Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas por esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”.

Séptima cita 

Mientras el Ejecutivo nacional guarda silencio, este martes 30 se llevará a cabo la séptima audiencia de juicio, en el Tribunal Penal Sexto de Juicio -asignado a la juez Magda Hidalgo- donde continuarán promoviéndose los 80 trabajadores que actuarán como testigos a favor de González.

La cita es a las 9:00 de la mañana, informó el abogado defensor Italo Atencio, quien ha manifestado que -desde su perspectiva- el proceso marcha a favor de González.

Hasta ahora han acudido a los tribunales representantes de la empresa, entre ellos el presidente de FMO, Radwan Sabbagh, y trabajadores que han expuesto su actuación voluntaria en la protesta de 16 días que se dio en agosto de 2009.

Rubén González está acusado de agavillamiento, restricción de la libertad al trabajo, violación de la zona de seguridad e instigación a delinquir.

Debilidad sindical

El caso del secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, ha colocado de manifiesto la fragmentación del movimiento sindical, toda vez que esta situación de criminalización no ha logrado reunir a todas las fuerzas para la defensa del derecho a la protesta y a la libertad sindical.

Sectores relacionados con el movimiento “revolucionario” han sido tímidos en expresar su solidaridad con el dirigente, y el movimiento en pleno no ha logrado encausar bajo una bandera única el derecho de González a la libertad y representar a los ferromineros.

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