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Están haciendo proselitismo con la necesidad de la gente

Dhameliz Díaz

“¡Eso es una trampa señores! El presidente Chávez expropió a los dueños de las viviendas, no a las constructoras. Es una medida política para ganarse a la clase media, porque el gobierno no cree en la propiedad privada!, expresa sin cortapisas Arnoldo Benítez, presidente de la Federación Venezolana de Asociaciones de Consumidores y Usuarios -Fevacu-. Organizando a los expoliados que recurrieron al crédito para adquirir vehículos en 2001, ganó su primera batalla: la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que eliminó la “cuota balón”. Bajar la guardia o desanimarse, ¡jamás!

“Los propietarios se convertirán en pisatarios, como las personas de los sectores populares que han recibido las soluciones habitacionales. Les entregarán un papel que no significa nada porque no es resultado de la decisión de un juez, no hay pago oportuno ni la declaratoria de utilidad pública”, sentencia sin ninguna duda. “Todo beneficiario de un bien producto de la ocupación será pisatario como lo establecen las nuevas leyes socialistas que condicionan la propiedad privada”.

El contendor de Carlos Escarrá en Aragua durante las elecciones parlamentarias, sabe lo que es aguantar todo el poder político utilizado para aplastarlo. Perdió en aquellas zonas del estado donde el pueblo está más pauperizado, reconoce. “Hay gente que cree que las bolsitas de comida regaladas antes de las elecciones les durarán cinco años”.

Ingeniero mecánico, es propietario de una pequeña empresa que funde chatarra para elaborar tubos centrifugados. El recibo de un telegrama de la consultora jurídica del banco que le financió su vehículo, conminándolo a la cancelación de un monto que no tenía nada que ver con la última cuota pendiente según sus cálculos, para tener al fin la reserva de dominio, exacerbó su capacidad de ser proactivo sin que se amilanara con las amenazas de quitarle su carro o de rayarlo dentro del sistema bancario nacional para que más nunca pudiera solicitar un préstamo. Como presidente de la Cámara de la Artesanía, Pequeña y Mediana Industria en Aragua, ocupó los medios de comunicación no para plantear un problema de producción sino especulativo. “Para mi sorpresa, yo no era el único que estaba pasando por esa situación, pero a ninguno se le había ocurrido protestar ni negarse a pagar ese monto especulativo. Los medios de comunicación fueron decisivos en esta gesta.

“Cuando contaba con una lista de 100 personas convoqué a una reunión de donde salió la `Asamblea de deudores´ de la banca”. Organizados jurídicamente comenzaron los reclamos en todas las instituciones incluyendo la Asamblea Nacional. “La banca reaccionó impugnando todo lo que significara obligarlos a cumplir la sentencia, pero con nuestra dura y tenaz perseverancia durante cuatro años logramos que la banca diera respuesta”.

Equipado con documentos, copias de la Gaceta Oficial, la Constitución y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, comienza su desahogo. Lo exaspera la instrucción del mandatario nacional de expropiar u ocupar temporalmente desarrollos habitacionales en cinco regiones. “Llevamos dos años esperando la decisión del Tribunal Supremo de Justicia por la demanda que introdujimos el 23 de septiembre de 2008 contra el cobro del IPC y solicitando la nulidad de las cláusulas que establecían el incremento. ¡Dos años¡ Entonces el presidente Chávez, quien maneja los poderes públicos, termina haciendo proselitismo político con la vivienda, el bien más importante de todo ser humano. Todas las víctimas se ponen contentas y apoyan al mandatario. El máximo tribunal del país tenía que haber dado respuesta a nuestra solicitud en la cual exigíamos el reintegro del dinero mal habido por el cobro del IPC. Para constatar que no es una jugada política ¡que Chávez me muestre una lista como ésta, donde se identifiquen con su nombre, apellido y cédula de identidad las personas perjudicadas -nosotros tenemos registradas 1.833 por el cobro irregular, que se adhirieron a la demanda en el TSJ- el desarrollo habitacional involucrado, la ubicación, el número por estado…! ¡No la tienen, porque su interés es otro! En total hay 282 desarrollos denunciados en Fevacu y 204 constructoras, en 17 estados. En Carabobo hay 45 señalados. ¡Un gentío, pana, pero el poder económico presiona para que nos callen!”. Y cuenta de una reunión en Valencia que organizó un diputado de la Asamblea Nacional en donde un grupo del sector inmobiliario le ofreció un apartamento. “Dígame en Bolívar, hay una empresa constructora de un militar que construye viviendas para el Estado, que está cobrando IPC”.

Suministró nombres, identificó constructoras. La información la tiene documentada exhaustivamente.

Tiene casada la pelea

Dice que como ingeniero conoce de construcción. Hace análisis de costos “por eso sé lo que estoy diciendo cuando hablo de precios y de los cálculos que hay que hacer para no perder. El INPC es un indicador estadístico, no una tasa de interés, según el Banco Central de Venezuela. Además, el artículo 53 de la Ley de Protección al Consumidor y al Usuario establece que `en la venta de los bienes se deberá incluir el precio así como la tasa o impuesto que lo grave y se deba pagar´. Por lo tanto, si uno firma un contrato por un monto, debe estar incluido todo lo que hay que cancelar, mal puede exigírsele mañana a un comprador una cuota que no ha sido contemplada”.

Sus argumentos están levantados con concreto armado con leyes y resoluciones oficiales. “La ley del Indepabis -artículo 74, numeral 5- establece que se considerarán nulas las cláusulas abusivas, establecidas en los contratos que permitan al proveedor la variación unilateral del precio de la obra o contrato. Con el IPC ellos cambiaron el precio del contrato, por lo tanto es nulo”.

– ¿Cuáles son sus haberes en esta lucha en la defensa de los compradores en preventas inmobiliarias?

– En septiembre de 2009 introducimos en la Asamblea el proyecto de ley de preventa inmobiliaria. ¿Qué queríamos? Que los diputados obligaran al Gobierno a cumplir sus leyes.

– ¿Desconoce el impacto de la inflación que afecta a los constructores y compradores de viviendas?

– Esta inflación ya se había visto antes, peor. ¿Por qué antes los constructores aumentaban los precios mientras avanzaba la construcción? Acuérdese que tengo 63 años y los que andan blandiendo espadas por ahí no se han quemado las pestañas para producir nada. ¿Qué me van decir los hijos de aquellos constructores que hicieron desarrollos tan grandes como Nueva Casarapa y no cobraron IPC? Tenemos 10 años peleando contra Elecentro en Aragua por la deficiencia de la energía eléctrica ¿Y sabe qué me preguntó la magistrada en la audiencia constitucional? Han pasado 6 años, dijo, eso debe haber mejorado. Yo le contesté: no, qué va, ahora es peor… Ojalá que estuviéramos equivocados en las luchas que hemos emprendido contra el Estado, porque tendrá que pagar si se comprueba lo que hemos sustentado jurídicamente, porque el Indepabis debió actuar diligentemente canalizando las denuncias e impedir el cobro del IPC. ¿Por qué no hizo cumplir la ley? ¿Cuáles intereses privaron? ¿Por qué el Ministerio de la Vivienda no estableció un contrato único que rigiera la compra y venta de inmuebles como lo solicitamos? Le puedo mostrar 15 tipos de contratos, y el de … ¿sabe qué dice? Que si no lo quiere pagar le rescinden el contrato.

– Los principales voceros de las Cámaras Inmobiliarias han asegurado que es legal el cambio de los términos de los contratos de preventa si son de mutuo acuerdo.

– ¿Mutuo acuerdo? ¿Usted cree que es legal que bajo presión de que le rescindirán el contrato le exijan que pague 600 ml bolívares más por un bien que convino comprar en 300? ¿Verdad que no? Ellos presionan con no protocolizar la venta y devolverte el dinero depreciado con el cual construyeron la vivienda, para sacarle el triple. ¡Ellos nunca van a perder vendiendo al precio inicial, porque el IPC ya está incluido en el precio de venta! Lo que quieren es cobrarlo de nuevo, un interés sobre interés !Eso es latrocinio!

El Estado no actúa correctamente

La Fiscal General de la República anunció que actuará en el caso de las órdenes de expropiación y ocupación temporal de complejos habitacionales que giró el Presidente porque la vivienda era un problema de Estado…

– ¿Luisa Ortega Díaz? Ella se contradice. En junio de 2009, hace ya un año, nosotros le llevamos a la Fiscalía -muestra la fecha y firma de recibido- un documento solicitándole que indagara. ¿Cuál era el petitorio? Lee: “… que su despacho ordene una investigación a objeto de determinar la presunta comisión de los delitos enunciados…” Aquí está el listado de las empresas, pero ¡qué casualidad! Terrazas de Guaicoco denunciada en 2009 fue una de las que expropió el Presidente. Terrazas de la Tahona, Inversiones Martinica… ¡Pero ella nunca hizo nada! Tampoco el Indepabis, Míralo, aquí está el listado. El Presidente le jugó en posición adelantada al Tribunal Supremo de Justicia y a la Fiscalía General, impidiendo así la actuación de una asociación civil. Nos quitaron el protagonismo en esta lucha para aprovecharse de la necesidad de la gente. Es importante que se sepa que los Poderes Públicos no están actuando ajustados a derecho. Si quisieran resolver el problema deberían prohibirle la salida del país a los constructores, enajenarles sus bienes para responder por el cobro ilegal del IPC y obligarlos a que protocolicen los miles de contratos. Tienen que precisar a los bancos que se conjugaron en componenda con los constructores para pedirles a los compradores el precio actualizado. ¿Por qué la Fiscal no actuó cuando se lo solicitamos, repito, hace un año? ¿Chávez no sabe que al expropiar viviendas casi listas ya no son del constructor? Si sólo le faltan detalles, ya tienen dueño y créditos aprobados. ¿Cómo va a ser ese paquete ahora? ¿A quién le van a pagar?

El Presidente está haciendo cosas que le pesarán dentro de dos años en el proceso electoral, pero la gente con su memoria corta no se acordará de que la vivienda que está ocupando gracias a la expropiación, ya no le pertenece de verdad. Y no le estoy hablando como un político. Yo hablo así porque salgo desayunado de mi casa.

– ¿La sociedad civil organizada perdió esta batalla de lograr vía el TSJ la sentencia contra el cobro del IPC?

– No, porque nuestras acciones se hicieron visibles para que el Presidente mirara el cobro del IPC como un problema. Mi llamado es para que todo usuario víctima haga valer su documento original, insista, no se doblegue, porque somos los ciudadanos organizados los que tenemos que exigirle a las instituciones del Estado que den respuesta, en este caso el Indepabis. Veremos ahora cómo se moverán subterráneamente los hilos del poder, como siempre, para evitar dar respuesta a las miles de personas que están siendo afectadas.

Seguiremos atendiendo a todos los perjudicados. En un país donde el Estado de Derecho no existe, estamos en total desamparo.

Para que triunfe la revolución tienen que diezmar al pueblo y someterlo a la pobreza, pero en Venezuela encontrarán resistencia porque venimos de 40 años de democracia, contrario a Cuba que cuando llegó Fidel Castro había una dictadura.

– ¿Pero la gente sabe que las expropiaciones, confiscaciones y el despojo de la propiedad privada significan un avance hacia el comunismo?

– La gente en realidad no sabe qué es el comunismo, pero se dan cuenta de que lo que hace el Gobierno no es una respuesta a sus necesidades, porque han vivido algo mejor, por eso en las elecciones de 2012 cambiará a los que detentan el poder político. Por eso Chávez está acelerando la revolución con estas medidas.

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