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Archivo para la Categoría "Empresas basicas de Guayana"

Más de 3 mil trabajadores de Alcasa marcharán este viernes

Más de 3 mil  trabajadores de CVG Alcasa marcharán este viernes para exigir nuevamente  al Gobierno Nacional el rescate de esta fábrica de aluminio. El director laboral de Alcasa, Henry Arias, dijo que la movilización será liderada por el presidente de la fábrica Elio Sayago y el secretario general del sindicato de trabajadores José Gil, quienes declararon la empresa en quiebra.

Lo que a su juicio evidencia “el fracaso rotundo del Plan Guayana Socialista que se creo con la finalidad de reflotar a las empresas básicas”.

En la movilización pacífica que partirá desde la estatal a las 6:00am de este viernes participarán trabajadores de Bauxilum, Venalum, Carbonorca y otras tuteladas de la CVG. 

El diputado electo Andrés Velásquez también marchará con los trabajadores.  ¿Dónde están los mil 400 millones de dólares que invirtió el Fondo Chino a través del acuerdo que estableció el Gobierno del país asiático con Venezuela?”, cuestionó Velásquez. 

Dijo que a través del Parlamento Nacional los diputados electos por la MUD exigirán al Gobierno que “devuelvan los recursos económicos  para que sean reinvertidos en las empresas básicas de Guayana”.

AVN le miente al pais…

Publicado 06/10/2010. Ver nota en: http://www.avn.info.ve/node/21720

Derechista que apoyó privatización de Sidor hoy critica actuación del Estado en materia siderúrgica

Caracas, 06 Oct. AVN .- Voceros de la ultraderecha nacional que, cuando fueron gobierno, apoyaron la privatización y despidos de los trabajadores de las Industrias Básicas de Guayana, hoy critican las políticas del Ejecutivo en este materia y señalan que éstas “sólo han generados la paralización”.

(Andrés Velásquez recordó que en el año 1997, cuando se adelantó la privatización de la Siderúrgica del Orinoco, rechazaron la medida y plantearon que en vez de entregar la empresa a capital extranjero, debía diseñarse un esquema que permitiera la participación conjunta de los trabajadores con inversionistas venezolanos y foráneos.

“Ahora la historia nos da la razón. Nos enfrentamos a eso por considerar que la privatización, planteada como un hecho aislado, no podía resultar en nada bueno para los trabajadores”.

En ese momento los más importantes dirigentes del partido acudieron al Fondo de Inversiones de Venezuela, donde expusieron sus argumentos en torno a los efectos negativos de las privatizaciones en América Latina. Y tras concretarse la privatización de Sidor, La Causa R demandó ante la Corte Suprema de Justicia, la suspensión de esa medida, hasta que el ejecutivo nacional adecuara las condiciones y los precios de esa negociación. Ver nota completa)

Uno de estos es el recién electo diputado, por la autollamada Mesa de la Unidad Democrática, Andrés Velásquez, quien aseguró que la situación de las empresas básicas de Guayana “es grave” y se comprometió a buscar, desde su curul, recursos para apoyar a los trabajadores de estas industrias.

“La situación en las empresas básicas de Guayana es grave razón por la cual, yo, en nombre de mis compañeros diputados de Guayana y de la MUD me comprometo a buscar recursos para Guayana”, aseguró el legislador durante su participación en el programa Aló Ciudadano, que transmite el canal privado Globovisión.

Es importante destacar que esta postura de Velásquez contrasta con la que tuvo, cuando era gobernador del estado Bolívar, que guardó silencio y no trató de impedir que la principal empresa de Guayana fuese rematada a un precio de “gallina flaca” y contra la voluntad de los trabajadores.

(“…vale la pena recordar que el ex gobernador salio de la gobernación, en enero de 1996 y Sidor fue privatizada en 1997, entonces mal pudiera ser Velásquez, responsable de ese hecho. Por el contrario, en los tiempos de Velásquez al frete de la gobernación, los distintos presidentes de la república, no se atrevieron a tomar una acción de este genero, pasando por Carlos Andrés Pérez, Octavio Lepage, Ramón J Velásquez y el propio Rafael Caldera, porque Velásquez como gobernador, siempre se opuso a la privatización” Americo De Grazia, 19/03/2009. Ver nota)

También, la postura de este vocero de la derecha choca con su actuación como líder sindical en Sidor, desde donde en varias ocasiones traicionó a sus compañeros para defender los intereses de los patronos.

Prueba de lo antes dicho son la gran cantidad de cartas abiertas que han publicado, sus ex compañeros de Sidor, en portales en internet como http://www.aporrea.com, en donde le han reprochado su actitud frente a los que, en el pasado, fueron sus represores.

De igual manera, cabe destacar que desde la nacionalización de Sidor los trabajadores de esta empresa han sido reivindicados salarialmente.

¿”Reivindicados salarialmente”? (Paralizaron Sidor por “ganancias liquidas”. Fecha: 07/10/2010. Ver nota)

“Aplican brujería financiera a empresas básicas de Guayana"

Caracas (20/07/10) PS.- Andrés Velásquez, dirigente de la Causa R, y candidato a la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar denunció el presunto delito que especulación cambiaria que se estaría llevando a cabo en Venalum con la compra de aluminio primario con dólares preferenciales a Brasil y México para luego ser vendido a 4,30 Bs. F

Explicó Velásquez “Se está anunciando que Venalum importará aluminio primario con dólares preferenciales otorgados por el Gobierno nacional a 2,60 Bs. F, y que la empresa revenderá a 4,30 Bs. F. Lo que está anunciando esta empresa no se le permite a ningún empresario. Por esa razón de especulación cambiaria están persiguiendo a los operadores de bolsa”.

Destacó que este es el mismo proceder de las mafias de aluminio en el Estado Bolívar y que Venalum oficializará de concretarse esta operación. “Venalum legalizará lo que se le reprocha a las mafias del aluminio, quienes adquieren un cupo de aluminio que no son capaces de transformar, lo colocan luego en el mercado internacional y con la diferencia cambiaria se ganan una fortuna de la noche a la mañana”.

“Estamos frente a un acto de brujería financiera con lo cual estas empresas pretenden tapar su fracaso y presentarlo como una extraordinaria estrategia financiera. Rechazamos este hecho ilícito que atenta contra los recursos del Estado”, sentenció.


500 millones perdidos

Andrés Velásquez asegura que hay 500 millones de dólares con paradero desconocido producto de la venta de aluminio a futuro. “Con el cuento de vender aluminio a futuro, le fue entregado a esta empresa 500 millones de dólares. ¿Dónde están esos dólares? Rodolfo Sanz se fue de Guayana sin presentar cuentas. Se dice que están en un banco en el Líbano y que el saldo que queda en esa cuenta es de unos 60 mil dólares. ¿Adónde fue a parar el resto del dinero?”

Para Andrés Velásquez, se agrava la situación cuando no hay respuesta por parte de las empresas que tienen la responsabilidad de producir aluminio para los pasivos laborales, pasivos con Edelca y deudas con las empresas proveedoras de Guayana.


Empresas en el suelo


Señaló Andrés Velásquez que el caso de Sidor es de extrema gravedad “Sidor viene de producir 4.3 millones de toneladas de acero y este año produce 700 mil toneladas. Sencillamente eso indica la gravedad de esta empresa. El único horno operativo de palanquillas se daño esta semana, de manera que está paralizada totalmente”.

“El gobierno está dedicado a hacer convenios con otros gobiernos para fortalecer el empleo en otros países mientras en el nuestro nos dejan en la calle, haciendo que el descontento sea aun mayor. Descontento que se materializará el 26 de septiembre”, finalizó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad


Ver Video Globovision y nota Noticias24

OIT pide cuentas a VenezuelaOIT pide cuentas a Venezuela

OIT designará misión de Alto Nivel para constatar violaciones a los convenios en Venezuela. Foto Cortesía

En la 99º Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) gobierno, sindicatos y empresarios expusieron este sábado sus quejas.

La Comisión de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitirá esta semana conclusiones sobre el cumplimiento de los convenios suscritos entre Venezuela y el organismo de las Naciones Unidas.

En la plenaria de este sábado Venezuela debió responder -entre otras quejas- por la número 2.763 interpuesta por el Sindicato Único de Empleados Públicos de la CVG (Sunep), admitida en marzo pasado, según informó el abogado de la causa Eleuterio Benítez.

La queja, contentiva de cuatro puntos, tiene como punta de lanza la presunta parcialización de la Inspectoría del Trabajo “Alfredo Maneiro” evidenciada en la negación de las 120 horas requeridas -desde hace tres años- para iniciar una protesta.

Esta “parcialización” ha deshabilitado a los trabajadores la posibilidad de ejercer -legalmente- el derecho a huelga.

 Además el sindicato denunció la criminalización de la protesta y como prueba de ello consignó documentación por los procesos penales abiertos a dirigentes de Sutra-CVG: Ronald González, Caroy Quijada, Adonis Rangel Centeno, Elvis Lorán Azocar y Darwin López, quienes estuvieron detenidos en octubre de 2009.

Siendo el caso más grave el de Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, quien ya cumple 9 meses privado de libertad (los últimos seis en Patrulleros de Caroní) por haber acompañado una paralización de 16 días en Ferrominera Orinoco (FMO), en reclamo por la convención colectiva.

Otros de los dos casos expuestos tienen que ver con los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), el primero referente a los procesos abiertos contra 52 sidoristas y, el último, el juicio a 11 contratados y tres dirigentes de la siderúrgica.

El especialista laboral sostiene que un pronunciamiento de la OIT podría resultar un recurso contundente para lograr la liberación del dirigente sindical y el cese a la persecución contra dirigentes sindicales.

Liquidación de la contratación colectiva

 Al expediente de violaciones podría incluirse como prueba la carta que el viceministro de la República, Elías Jaua, envió al titular del Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam), José Khan, y al resto de los ministros.

Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), indicó que esa comunicación bien puede formar parte de una nueva queja interpuesta por los sindicatos si así lo quisieran. Para el conocedor de la materia laboral estos oficios están enmarcados en una política que el Gobierno ha profundizado desde 2005.

“Esa comunicación afecta a -al menos- 2 millones 400 mil trabajadores que laboran para el sector público, sin contar a los incluidos con las estatizaciones. Aunque esto no se había redactado antes, ya se asumió de facto a partir de 2005”.

Barrios indicó que dicho oficio institucionaliza la discrecionalidad del Gobierno. “En pocas palabras se acabó el diálogo social. La pobreza de las convenciones es lo que caracteriza al sector público, lo que hace que el patrón socialista sea el que más ha atacado a los trabajadores”.

Resaltó que el diálogo social es parte de los convenios que suscribió Venezuela con la OIT, para lo cual se necesita la concertación del Ejecutivo, sindicatos y empresa privada.

Comisión de alto nivel

Jesús Urbieta, ex miembro del Consejo de Administración de la OIT, informó que probablemente se autorice a una comisión de alto nivel viajar a Venezuela a indagar sobre todos los aspectos denunciados.

“Los países que violan esas normas son países dictatoriales. Venezuela está dentro de esos países que se destacan en esas violaciones. Es el único precedente que existe”.

El ex funcionario de la organización señaló que los acuerdos que se pueden establecer para negar firma de contratos deben ser acordados. “Por eso el tripartismo es un principio de la OIT, la reunión entre sindicatos, empresarios y los gobiernos, deben acordarse, con las decisiones unilaterales se violan los convenios internacionales”.

Dada las gravísimas violaciones la OIT mandará una misión de alto nivel vendrá a Venezuela a constatar las denuncias. “En el caso de Venezuela o de cualquier país, eso es muy especial y tiene una importancia capital”, dijo Urbieta quien aseguró que la decisión se produjo este sábado producto de la resolución que emitió la Comisión de Normas de la Conferencia.

Fedecámaras vs Gobierno

Los delegados y consejeros técnicos del grupo empleador venezolano, representado por Fedecámaras, presentaron quejas respecto al incumplimiento, por parte del gobierno, de los convenios internacionales, toda vez que en el país se observa: ausencia del diálogo social, la persecución incesante a los dirigentes gremiales, aspectos ideológicos relacionados con las distintas leyes, intervención del ejecutivo para limitar el derecho a la libertad sindical y de asociación, la falta de consulta con los empresarios acerca del establecimiento del salario mínimo, prolongación de la inmovilidad laboral, violaciones a la propiedad privada, entre otros temas.

En contraparte, el viceministro del Trabajo de Venezuela, Elio Colmenares, indicó durante su intervención que “gracias a la política socialista del Gobierno Bolivariano, en medio de la crisis del capitalismo que vive el mundo actualmente, se han aplicado una serie de medidas que amplían y protegen los derechos de los trabajadores”, reseñó ABN.

Como ejemplos de las reivindicaciones, mencionó la inamovilidad laboral; el incremento del salario mínimo nacional año tras año; la igualación de las pensiones al salario mínimo nacional, la incorporación al sistema de pensiones a los pescadores y a trabajadores del campo, entre otras medidas de protección del empleo, además del rescate de las empresas quebradas por el capitalismo, y el contundente apoyo al campesinado para el rescate productivo de tierras acaparadas por el latifundio.

Bajo observación

Además de Venezuela, otros cuatro países latinoamericanos -Costa Rica, Guatemala, México y Perú- han sido analizados este año.

Guatemala fue evaluada por el supuesto incumplimiento de las mismas normas que Venezuela.

 Costa Rica fue analizada respecto al Derecho a Organizar Negociaciones Colectivas; México rindió cuentas sobre la Seguridad Laboral y la Convención sobre Salud Laboral; y Perú en relación a la Convención sobre Pueblos Indígenas.

Los 25 países analizados este año han sido elegidos de entre un centenar sospechosos de incumplir convenios, convenciones, resoluciones y normas de la OIT, relató una agencia de noticias española.

Tello Benítez, director de Fundatrabajo: “Muchos países están mal informados sobre la situación de Venezuela, y es una falla del sindicalismo nuestro porque no ha hecho este trabajo de interponer las quejas. Eso es un escenario importante de lucha y es algo de lo que deben estar conscientes los sindicatos”.

Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la CTV: “La carta del vicepresidente es la confesión del delito. Las comunicaciones -de cualquier patrono- no pueden violentar la Constitución. La libertad sindical y el derecho a la contratación deben ser respetados”

Jesús Urbieta, ex miembro del Consejo de Administración de la OIT: “La OIT exige que el Gobierno venezolano modifique esas violaciones a las convenciones, es la resolución más contundente de esta 99 conferencia”.

Trabajadores de Guayana rechazaron anuncios presidenciales

Trabajadores de las diferentes empresas de Guayana se pronunciaron en pleno en contra de las recientes declaraciones presidenciales a través de las cuales se anunciaba la puesta a punto de las empresas básicas de la entidad tras la implantación del control obrero en las diferentes factorías.

Durante su alocución representantes sindicales de CVG Alcasa, CVG Sidor y CVG Venalum denunciaron la falta de inversiones en la industria así como la creciente cacería de brujas que se ha originado, tras la implementación de la nueva medida.

Bulmaro Ramos, representante de Sutiss, calificó como irresponsables los anuncios del primer mandatario nacional, al tiempo que lo exhortó a reactivar el parque industrial de la ciudad, tras el incremento en los niveles del embalse Guri, cuya disminución habría conllevado a un drástico plan de ahorro energético que provocó la paralización de importantes áreas productivas en cada una de las factorías de la ciudad.

El Presidente de la República no puede continuar escudándose en el fenómeno de El Niño para referirse a las empresas básicas, por lo que desde acá y en nombre de todos los trabajadores lo exhortamos a reactivar nuestra industria, ya que CVG Sidor en manos privadas producía 4 millones 300 mil toneladas y ahora nacionalizada tristemente sólo produce 750 mil toneladas, lo que da pena ajena”, precisó.

Pésima administración

Para Ramos, una de las causas de la caída de la producción de Sidor es la pésima administración con la cual es llevada la industria, la cual ha incrementado los gastos operativos y disminuido abruptamente las ganancias.

Por su parte Henry Arias, secretario de Organización de Sintralcasa, considera la propuesta presidencial como una mentira más, que busca continuar manteniendo en la población la esperanza de cambio, acciones que en la realidad no se cumplen.

El síndrome del embustero nuevamente quedó de manifiesto como ocurrió durante los anuncios de control obrero y cambio de directiva de la empresa a básica en el cual el primer mandatario nacional se comprometió a jugársela con los trabajadores, acción que es completamente falsa ya que en la realidad constantemente ataca a la clase obrera acusándola de privilegiada, como ocurre con los trabajadores de la Polar, a los cuales constantemente les amenaza su seguridad laboral”, afirmó.

Arias aprovechó la ocasión para denunciar que de las 680 celdas instaladas en CVG Alcasa sólo un poco más de 250 se encuentran operativas, situación que se agrava con la falta de repuestos lo cual asciende a más de 3.500 renglones y a la paralización de planta de carbón.

Pero no sólo es CVG Alcasa la que sufre los embates de la crisis nacional, también lo hace CVG Venalum, la cual no posee recursos para la compra de coque, razón por la cual entendemos porqué los trabajadores de Empresas Polar defienden sus puestos de trabajo”, aseveró.

Equidad revolucionaria

En tal sentido, el secretario de organización de CVG Alcasa instó a la diputada Iris Valera a defender la causa de los trabajadores de Guayana, que tienen sus prestaciones sociales congeladas y los contratos colectivos vencidos.

En tal sentido José Saracual, representante de los trabajadores de la Fábrica de Tubos, criticó la ola de estatizaciones, la cual a su juicio no soluciona el problema de las empresas sino por el contrario agrava la situación de los trabajadores.

Los más de 500 trabajadores de Tavsa llevamos más de dos años desde la nacionalización de la empresa sin trabajar, por lo que desde acá desde Guayana le exigimos respuesta al primer mandatario nacional, ya que no estamos produciendo ningún tubo para la industria petrolera, pese a haber estado operativa antes de la nacionalización”, acotó.

Saracual reveló que esta paralización ha estimulado la importación de tuberías desde México y Argentina sin control alguno, lo que ha fomentado los hechos de corrupción en la industria petrolera, pese a contar con la capacidad instalada para iniciar operaciones cuanto antes.

Durante la última prueba de laminado se fabricaron 15 tubos; sin embargo aún estamos sin producir en dos años de nacionalización, elemento que ha generado fuertes pérdidas al Gobierno Nacional” señaló.

Por su parte Pedro Acuña, representante de los Accionistas Clase B de Sidor, destacó la importancia que ha mantenido la región de Guayana para el desarrollo del país, ya que representa el inicio de la industria venezolana.

En el mes de junio del año 1961 se registró la elaboración del primer tubo para la empresa petrolera venezolana, hoy esa Fábrica de Tubos tiene más de dos años paralizada, lo que significa que somos menos soberanos que en el pasado, como lo evidencian las contantes importaciones”, subrayó.

Realidad histórica

Ante este panorama Acuña anunció que los Accionistas Clase B de Sidor forman parte de este acervo histórico, elemento que ha querido desconocer el Gobierno Nacional al no cancelar los beneficios generados por su participación en la compañía.

Nosotros le cancelamos a la Corporación Venezolana de Guayana más de 120 millones de dólares para hacernos propietarios de una empresa de la cual conocemos su potencialidad y capacidades, pero también que una vez que el Estado venezolano declaró esta empresa de utilidad pública e interés social, por no convenir en el nuevo cambio de objeto que se le dio la empresa hemos decidido separarnos de la empresa y esperar que el Estado nos rembolse lo que nos corresponde de acuerdo al Código de Comercio” puntualizó.

Por su parte Leonardo Calderón, secretario de Finanzas de Sutralum, exhortó al primer mandatario nacional a dejar de lado las promesas con el fin de gobernar en pro del país, de sus ciudadanos.

La mayoría de las empresas se encuentran produciendo a sólo el 55% de su capacidad instalada, producto de la falta de recursos y la ciada de la producción. En CVG Venalum el techo de los galpones donde se encuentran las celdas está goteando producto de la falta de mantenimiento, elemento que podría generar una catástrofe ante las fuertes temperaturas del lugar.

Calderón fue enfático al manifestar que los trabajadores del lugar tienen más de tres años sin incrementos salariales, pese a considerarse un gobierno obrerista mediante la entrega de las empresas a los trabajadores a través del control obrero.

Los trabajadores no somos culpables de la situación de la empresa, Señor Presidente, aprenda a ser serio, dirija este país con mucha responsabilidad ya que los trabajadores de Guayana defenderemos nuestras empresas a como dé lugar” finalizó.

Respaldo unitario

Ante este panorama Antonio Rojas Suárez, presidente de Electores de Bolívar, aclaró que el accionar de los trabajadores merece el respaldo de todos los venezolanos, elemento del cual no pueden escapar los dirigentes políticos más aun cuando Guayana representa la mejor vitrina de lo que ha sido la administración del Presidente de la República.

El primer mandatario nacional tiene el mérito de haber destruido la producción del país mediante la falta de inversión en las empresas básicas, elemento que se ha extendido a las empresas privadas a través de la ola de estatizaciones que viola flagrantemente la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como se pretende hacer con la toma de Empresas Polar”, señaló.

En tal sentido Rojas advirtió al pueblo venezolano estar alerta ante la ola de estatizaciones que se extenderá a las estaciones de servicios y las empresas productivas, por lo que los invitó a participar activamente en las venideras elecciones parlamentarias previstas para este 26 de septiembre con el fin de impulsar los cambios que requiere el país.

Por su parte Andrés Velásquez, representante de La Causa R, respaldó de manera abierta losanuncios de los trabajadores e indicó que el primer mandatario nacional le miente al país cuando le dice a través de una cadena nacional que las empresas básicas se encuentran operativas.

Los compañeros se refirieron a CVG Alcasa, CVG Bauxilum, CVG Carbonorca, CVG Venalum y CVG Sidor, pero están otras empresas como Matesi, Venprecar, Cerámicas Carabobo, entre otras, nacionalizadas hace más de un año y que hoy continúan paralizadas”, afirmó.

Velásquez aprovechó la ocasión para referirse al paro cívico de los pueblos del sur ante la la poca efectividad del Plan Caura y la estatización de más de 19 estaciones de servicio.

Yaritza Viña, representante de Acción Democrática, criticó la postura asumida por los diputados de la Asamblea Nacional ante la crisis de las empresas básicas y los hechos de corrupción que allí se cometen.

Da tristeza observar cómo el odio de este gobierno neurótico que es capaz de observar la realidad del país es tan grande que no le importa llevarlo a la ruina con tal de lograr sus objetivos, es increíble que hoy se viole la Constitución Nacional en materia de salud, derecho a la vida y al derecho a la educación bajo el pretexto de socialismo del siglo XXI”, precisó.

Viña indicó que pese a esta situación el Gobierno Nacional no da visos de cambios, lo cual ha conllevado a un amplio descontento de la población y el incremento de la polarización, ante el sectarismo con el cual actúan sus autoridades.

Camino democrático

Antonio Rojas Suárez, presidente de Electores de Bolívar, aprovechó la ocasión para anunciar la inscripción de los candidatos de la Mesa de la Unidad Democrática, este viernes 4 de junio ante la sede del Consejo Nacional Electoral.

Queremos decirle a los guayaneses que la unidad democrática va a llevar al estado a una gran victoria este 26 de septiembre que va a rescatar el estado de derecho, la propiedad privada en el país y la vigencia de nuestra Constitución a través de una nueva Asamblea Nacional en la que conculquemos todos los venezolanos”, puntualizó.


Nueva Prensa de Guayana

Estalla conflictividad en empresas básicas

ImageLa conflictividad laboral en tres de las principales empresas básicas de la región terminó por estallar, teniendo como un único punto de encuentro la exigencia al Ministerio de Industrias Básicas y Minería -Mibam- que no siga haciéndose de la “vista gorda” ante la problemática social y económica que atraviesan los trabajadores.

En ese sentido, la masa laboral de las empresas CVG Venalum, CVG Bauxilum y CVG Ferrominera Orinoco salieron a sus portones a gritar sus reclamos, sin importar la cercanía de la semana mayor y que los presidentes de las compañías continúan poniendo como excusa su falta de jerarquía para tomar decisiones de carácter económico en las factorías.

Los primeros en asumir acciones de protesta fueron los trabajadores de CVG Venalum, que por tercer día consecutivo siguen enardecidos, tanto así que la Guardia Nacional Bolivariana -GNB- tuvo que intervenir en las acciones de protesta de un grupo de trabajadores en contra del Presidente de la reductora, Carlos Acosta Pérez, y el secretario general de Sutralum, Gerardo Pérez.

La problemática que se presentó ayer en la mañana en CVG Venalum se debió a que el presidente de la empresa negó haber pactado con la dirigencia sindical un acuerdo de 22% de incremento salarial, cuando la mayoría de los factores gremiales existentes en la compañía -Sutrapuval, Movimiento 27 y Matanceros- había confirmado un pacto con la representación patronal bajo ese porcentaje.

Otro punto de discordia que se anexa a la conflictividad en la reductora es el supuesto acuerdo entre la representación de Sutralum y CVG Venalum de un aumento salarial por el orden del 13%, que había sido firmado horas después del anuncio de incremento del 22% dado por la otra dirigencia sindical y del desconocimiento total de los trabajadores a la figura de Gerardo Pérez como máximo dirigente del sindicato de obreros de CVG Venalum.

Guerra en el lobby

Toda esta situación desencadenó una singular protesta en el lobby del edificio corporativo de CVG Venalum, cuando el equipo sindical de Sutralum y resto de la dirigencia sindical -Matanceros, Movimiento 27 y Sutrapuval- de la empresa se prestaron para ir a una nueva reunión con el presidente Acosta Pérez para definir el porcentaje del incremento.

Image En pleno lobby del corporativo de CVG Venalum se inició una batalla de gritos donde los trabajadores que acompañaban a los diferentes factores gremiales que se iban a la reunión exclamaban a todo pulmón “fuera, traidor”, haciendo alusión a la presencia de Gerardo Pérez en el edificio, mientras que los afectos al secretario general gritaban “Gerardo, Gerardo”.

Al término de todo, el secretario general de Sutralum y su equipo de trabajo salía del lobby del edificio sin rumbo conocido, mientras que el otro grupo de dirigentes entraba por los ascensores para la reunión con el máximo gerente de CVG Venalum.

La única acción violenta que se desarrolló en esta protesta fue la propiciada por el jefe de División de Servicios Generales, Franklin Paredes, quien a empujones no permitió el acceso al vocero de las cooperativas de CVG Venalum, José Hernández, a la reunión, quien desea asistir a la misma. Allí queda en evidencia la exclusión que mantienen ciertos representantes de CVG Venalum con los cooperativistas pese a que esta fuerza laboral es considerada como el brazo productivo de la reductora.

Bauxilum encendida

A pocos metros del conflicto en CVG Venalum, se realizan las acciones de protesta en el portón principal de CVG Bauxilum, donde tanto Sutralúmina Bolívar y Suprobaux tomaron el micrófono para expresar su inconformidad en cuanto a las políticas aplicadas a la dirección de las empresas.

José Luis Morocoima, secretario general de Sutralúmina Bolívar, por segundo día consecutivo solicitó al Gobierno Central que se pronuncie sobre la petición de aumento salarial para todos los trabajadores por el mermado y vapuleado sueldo que tiene el trabajador de CVG Venalum.

Morocoima también indicó que la empresa debe también dar respuesta a la solicitud del desmontaje de las mafias de las prestaciones sociales de los trabajadores, así como a la permanencia de más de 300 contratados que se encuentran realizando un mantenimiento mayor en la planta y que la empresa no se ha pronunciado sobre este tema.

Asimismo pidió a la empresa que presente cuentas claras sobre las contrataciones que se hacen desde la directiva, entre éstas se encuentra la compra de materia prima –bauxita- y la venta de hidrato, que va ser vendido como una prueba pero a la transnacional Glencore. “Todo se le está vendiendo y comprando a Glencore, esta es la alerta que estamos haciendo, se está hipotecando a las empresas y el dinero no lo estamos viendo”.

Por otra parte, Antonio Rivas, secretario general de Suprobaux, expresó su negativa por el arreglo acordado con la compra de bauxita a una empresa brasilera, dado que se realizó sobre más de 8 dólares de sobreprecio por cada tonelada adquirida.

“Se compra bauxita a 60 dólares cuando a nosotros nos cuesta producirla en 52 dólares, todo a espaldas de los dolientes, de los trabajadores, quienes sabemos qué nos conviene y qué no nos conviene; y aparte de eso sólo hay soluciones en la máquina de hierro y no en la máquina humana, donde el hombre necesita tener sus prestaciones, su salud, su alimentación, su recreación, su vestido, no solamente la quincena”.

El dirigente expresó que si el Mibam no tiene respuesta a los reclamos, el trabajador de CVG Bauxilum no tendrá Semana Santa dado que se abocará a protestar en la factoría. “Aquí aseguramos que no vamos a paralizar la producción, sino las decisiones de la directiva que fueron impuestas y que quieren imponer una robolución; no lo vamos a permitir aquí, la compra de la bauxita es un fraude, aquí le podemos comprobar que el trabajador puede producir a menor costo y a mayor calidad”.

FMO paralizada

La estatal del hierro venezolana también se paralizó, pero en menor proporción que sus empresas hermanas, dos horas de protestas fueron suficientes para que la dirigencia sindical de Sintraferrominera calentara los ánimos en el portón principal del complejo industrial.

Alfredo Spooner, secretario de Organización de Sintraferrominera, expresó que el motivo de las acciones es para que el ministro del Miban responda sobre la negativa de cancelar las deudas con los trabajadores, pese a que la empresa tiene en sus arcas dinero suficiente para poner cuentas claras con los trabajadores.

Spooner comentó que toda la producción de la FMO se encuentra vendida hasta 2015, bajo una cifra aproximada de 1.500 millones de dólares al año, pero todo este dinero se encuentra manejado extrañamente por parte de la CVG. “Cuando tú no cobras lo que produces y vendes es que está intervenida, esa administración se hace desde la CVG bajo una política sin sentido y que poco a poco está acabando con el proceso revolucionario en esta empresa, por lo que le pedimos al ministro que no acabe con la política del presidente Chávez en Guayana”.

Serrano: “Soy solidario con la lucha obrera”

Fernando Serrano fijó posición en cuanto a la conflictividad laboral existente en CVG Venalum y en sus empresas hermanas, comentando que cada uno de los reclamos se ajusta a la realidad económica que tienen sus trabajadores. “Soy solidario con la lucha obrera, porque está ajustada a la razón y sentir de los trabajadores; sabemos de casos en que trabajadores tienen que vender su vehículo, hipotecar sus hogares para pagar deudas, dado que la empresa se niega a dar aumento o cancelar los bonos de producción que son ganados a puro sudor.

Serrano resaltó que los dirigentes sindicales deben conducir esta lucha con sapiencia e inteligencia y pidió a los trabajadores unidad y mantenerse al margen de la ley en todo momento. “Creo que seguimos el camino correcto, no podemos desviar la lucha, es la hora de levantar los brazos en búsqueda de las reivindicaciones”.

Rechaza paralizaciones en CVG FMO

Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, desde su centro de reclusión, rechazó las acciones de protesta impulsadas por la otra ala del sindicato, dado que la misma no cuenta con la participación de los trabajadores.

Image González comentó que el trabajador ferrominero siente aversión hacia la dirigencia sindical que asumió la paralización, por lo cual nadie se interesó por acercarse al portón principal. “Los que me persiguieron y condenaron ahora se proclaman los salvadores de Ferrominera, esto nadie se lo cree, (…) ellos trancan las entradas de los portones para obligar al trabajador a paralizarse; este hecho es un delito que debe ser investigado”.

El dirigente emplazó a la fiscal Fátima Urdaneta a que investigue lo sucedido en FMO en el día de ayer, tal como lo hizo cuando le imputó a su persona cuatro delitos penales por asumir las protestas en la estatal del hierro.

Sin acuerdo en CVG Venalum

Al parecer no es un 22% ni 13% lo que se acordó en CVG Venalum, sino nada, dado que el presidente de CVG Venalum no puede pactar acuerdos de carácter económico sin la aprobación del ministro del Mibam.

Fuentes sindicales comentaron que lo único que se pactó en la reunión fue elevar ese punto al ministro Sanz, quien decidirá cuándo se aplicará un aumento salarial a los trabajadores de la reductora.

Nueva Prensa de Guayana

Guayana se pone a prueba en 2010

Más allá del discurso oficial sobre la urgencia del racionamiento eléctrico, los hornos apagados en Sidor y las líneas de producción que cierran en Alcasa y Venalum clausuran un año plagado de vicisitudes para el mantenimiento operativo de las empresas básicas, las nacionalizadas y la red de pequeñas y medianas industrias de la zona. La falta de diálogo social, la invasión de figuras partidistas en las fábricas con el objeto de reducir el campo de acción sindical, los juicios a dirigentes, los efectos de la política de estatizaciones, parálisis de instrumentos legales propiciados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y aumento del desempleo explican un panorama de alta conflictividad. Correo del Caroní presenta en esta última edición del año un análisis de los eventos que configuraron el andamiaje de un proyecto político ideológico que pretende impregnar las relaciones laborales en el sector industrial. Si bien la película fue extensa, el estudio integral de los casos permite concluir que el 2010 será clave para la definición de las reglas de juego y, al mismo tiempo, escenario de una dramática segunda parte del filme. Lento, muy lento pasó el 2009 para muchos trabajadores guayaneses. Las vicisitudes, las confrontaciones y las movilizaciones para reclamar derechos hicieron más difícil la faena en la industria del hierro, acero y aluminio.

Hasta el sector eléctrico, uno de los grupos más estables en materia laboral, se vio afectado de cerca por la dilación -durante más de 1 año- de la contratación colectiva única para la industria eléctrica.

La parte más fuerte de todo lo que se vivió en este año que se despide está en el que recién se estrena este 1 de enero de 2010.

Pagar deudas, discutir contratos, profundizar el proyecto político bolivariano, fundar una nueva industria, reconstruir el parque industrial y caminar obligadamente hacia el socialismo que pretende construir el Ejecutivo -con el consenso de la clase política que dirige en las empresas- es lo que se espera para este nuevo año.

El diálogo social en materia laboral estuvo quebrado, en su mayor parte, por la exclusión de los dirigentes disidentes que quisieron participar en la discusión de la industria que se quiere para Guayana, pero no fueron incorporados.

La instalación de las mesas de discusión en las empresas fue una excelente oportunidad para profundizar el debate a puerta cerrada. Sin embargo, esa ventana se vio cerrada para un grueso de los trabajadores.

Las diferencias de una empresa u otra, en la ampliación del debate, resaltan. Y aunque hubo saldos positivos en CVG Alcasa con las mesas permanentes y en Sidor con la incorporación de los trabajadores, en otras fábricas las mesas contribuyeron a la conformación de nuevas cúpulas de poder donde se decidieron los aspectos trascendentales de la vida de los trabajadores.

Desde el Ejecutivo se quiso igualar la participación de los dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la de todos los trabajadores, suponiendo que lo que decidiera la organización política contaba con el apoyo del movimiento sindical obrero.

Crisis como excusa

La “sinceración” de la realidad de las industrias fue el argumento que utilizó el ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam), Rodolfo Sanz, para alegar la falta de dinero para pagar a los trabajadores de unas empresas que -según el discurso oficial- no producen para mantenerse.

Sin embargo, durante el 2009 se mantuvo la incorporación y el engordamiento de una clase gerencial que fue importada desde el centro del país.

La gran crítica de los trabajadores sigue siendo que, al frente de las empresas, están funcionarios que no conocen la industria del aluminio, hierro y acero; lo que en consecuencia ha ayudado a que la crisis operativa y gerencial se profundice.

Sanz insistió en que las empresas no producen, pero los altos costos de producción producto del abultamiento de las nóminas a partir de su llegada a Guayana no han recibido el tratamiento correcto, a juzgar por las declaraciones de los empleados en los portones.

En las protestas, Correo del Caroní fue testigo de la capacidad de desmovilización que logró el Ejecutivo, a partir de la política del miedo y las amenazas de despidos hacia “güarimberos” y “contrarrevolucionarios”.

Agenda 2010

Ni qué decir de lo que se espera para el 2010. El año que entra viene cargado de cantidad de retos en materia laboral.

Pendientes están la estructuración de la Corporación del Aluminio, Hierro y Acero, y con ello la discusión de las contrataciones colectivas que tanto traen de cabeza a las organizaciones sindicales.

Quedará por verse cuál es el papel de los sindicatos en el proyecto político “revolucionario” del presidente Hugo Chávez y la recuperación de cada una de las empresas que definen -en gran parte- a Guayana.

El moroso proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Trabajo está por elevarse a consideración del gran público, pues el ritmo que imprimió la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional fue paralizado sin previo aviso, al parecer por indicaciones de Miraflores.

Críticas a los “privilegios” de los trabajadores

El presidente Hugo Chávez en su visita a Ciudad Piar el 6 de marzo levantó polvo en el movimiento sindical guayanés. En su alocución lanzó duro contra los dirigentes sindicales y los trabajadores que quieren “ser ricos” y tener más y más beneficios que -para el Presidente- son privilegios.

El duro discurso del máximo mandatario levantó “roncha” hasta en los dirigentes del PSUV que pidieron al presidente Chávez que rectificara.

Allí anunció la constitución de las Corporaciones del Aluminio, Hierro y Acero, que se concretaron meses después. “No voy a dejar que se hundan las empresas del sector aluminio, ya tengo un plan”, dijo Chávez en aquella alocución.

El 6 de febrero de 2009 se había oficializado la creación de la Corporación Siderúrgica Nacional mediante el Decreto Nº 6.614, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.115; mientras que la Corporación del Aluminio se oficializó a través del Decreto Nº 6.988, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.314 del noviembre de 2009.

Aquellas toneladas de aluminio…

2.063 toneladas de aluminio abrieron la olla de la corrupción en la industria. El 23 de marzo, pocos días después de que el presidente Hugo Chávez dijera que acabaría con la corrupción en el aluminio, fue hallado el cargamento en el muelle de Palúa.

Se generó poco revuelo pero nula acción. La Fiscalía Tercera del Ministerio Público engavetó el caso. Sin embargo, la corrupción con los cupos del aluminio es un secreto a voces en la industria, un negocio en el que están inmersos desde altos funcionarios hasta simples trabajadores.

Las primeros Bs.F. 410 millones

A finales de abril el presidente Hugo Chávez por fin se refirió a la crítica situación de las empresas en cadena nacional. Aunque ese día no anunció el plan que había prometido a finales de 2008 -y prometido en marzo- sí informó sobre un auxilio financiero de Bs.F. 410 millones. Dichos recursos no llegaron de inmediato y nuevamente fueron postergados.

La inversión se convirtió en un balde de agua en el río Orinoco. Según las cuentas -entre lo que se debe y lo que se requiere- los 410 millones de bolívares fuertes representan un 5% de la deuda que se tiene con trabajadores y pequeñas y medianas empresas.

El “frenesí” estatizador

El 21 de mayo el presidente Hugo Chávez sorprendió a todos. En un acto con los dirigentes sindicales del PSUV en Guayana, el máximo mandatario anunció la estatización de Matesi, Comsigua, Orinoco Iron, Venprecar, Tavsa y Cerámica Carabobo.

Hasta el momento la compra accionaria no se ha concretado en ninguna de las empresas, a pesar de que ya venció el plazo estipulado en la Gaceta Oficial Nº 39.220 del martes 14 de julio de 2009.

El documento oficial establece la creación de una comisión técnica para acordar el justiprecio con 60 días continuos de funcionamiento, prorrogables por 60 días más. El tiempo pasó y el justiprecio de los bienes no se convino.

La recesión económica ha atentado contra el proyecto nacional del comandante Hugo Chávez. En esa reunión con los dirigentes, el Jefe de Estado desbordó en halagos a la clase trabajadora y recogió parte del discurso que dio en Ciudad Piar.

Ese fue el primer paso para la instauración del Plan Guayana Socialista 2019 con la exposición del taller “Hacia la transformación socialista de las empresas básicas” y se firmó la convención colectiva de Ferrominera Orinoco (FMO).

Sindicatos ¿Innecesarios?

En la edición del 19 de junio de 2009, el asesor político del PSUV, Alberto Müller Rojas, declaró en exclusiva a Correo del Caroní que desde la concepción teórica del socialismo los sindicatos no son necesarios.

“El sindicato en la sociedad socialista pierde razón de ser, porque no van a luchar los trabajadores contra los trabajadores mismos. No habría la dialéctica capital-trabajo, o capitalismo-trabajo para corregir, porque el capital será siempre un factor de producción”, explicó.

Para Müller, “la empresa socialista tiene un sentido similar a las empresas capitalistas, la diferencia fundamental que hay es en los fines de la empresa, que no tiene fines de lucro, en el sentido de acumulación de capital para los propietarios y la relación que se establece en el ámbito social donde opera la empresa y la empresa misma”.

Sus declaraciones levantaron revuelo pues, días antes, se había hecho público que en el documento del Plan Guayana Socialista se evidenciaba la eliminación de los sindicatos.

“Sabotajes” en la Sidor socialista

A principios de junio un incendio en los sótanos de Midrex II de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) produjo confrontaciones políticas, debido a la acusación que se hizo -desde la gerencia- de un posible “sabotaje” a la fábrica.

Dirigentes sindicales acusaron a la oposición política de la acería de haber perpetrado el supuesto crimen. El incidente redujo la producción -hasta el último trimestre de 2009- a un 50%, pues se afectó el área que suministra el 75% de la materia prima a las acerías.

El hecho marcó el inicio de una seria de inconvenientes operativos que colocaron en jaque la productividad de Sidor y determinaron, para mal, los excedentes de caja de 2009.

Movilización del sector aluminio

El 12 de julio los trabajadores del sector aluminio lanzaron un grito de alerta para la industria. La movilización se prolongó durante toda la semana de ese mes, generando como hecho inédito la unión de los dirigentes del PSUV y los disidentes del proyecto revolucionario.

Las acciones detonaron por la no cancelación de los intereses de prestaciones sociales, un importante pago que se da a los trabajadores a mediados de año. Eso, más la desinversión en las empresas básicas movilizó a un amplio grupo de trabajadores con la consigna de inversiones para la industria, y un fuerte rechazo a la “burocracia”.

El sector del PSUV mantuvo como consigna la salida del titular del Mibam, Rodolfo Sanz, pero este hecho no se concretó. En la movilización también quedaron en evidencia las pugnas internas dentro del PUSV, pues dos fracciones del buró oficial, los aliados de Sanz y del Gobernador dejaron en relieve sus diferencias.

Fraccionado y sin pataleo

Los días de protesta culminaron con las declaraciones del ministro Sanz, quien anunció el 16 de julio el pago fraccionado de los intereses de prestaciones y cero inversiones. Aquel plan del ministro fue objetado por la dirigencia y desató la furia.

La movilización hasta la CVG desató la ira de los trabajadores y finalmente el Gobierno cedió a que los intereses se cancelaran en dos grandes partes.

José Gil y Ángel Marcano, diputados del PSUV y toda la dirigencia que participó fue severamente criticada, incluso desde los medios de comunicación oficiales que durante esos días fueron utilizados para negar las movilizaciones en Guayana.

Fueron tildados de contrarrevolucionarios y güarimberos, pero finalmente la reconciliación llegó a los predios del “proceso”.

Accidente laboral paraliza Sidor

Pocos días después de las movilizaciones del aluminio, la muerte de Lucercio Bastardo en Sidor conmocionó a la acería. El accidente laboral desencadenó un paro de 24 horas el 20 de julio de 2009, con el propósito de exigir al propio presidente de Sidor y titular del Mibam, Rodolfo Sanz, inversiones para la siderúrgica, pues el accidente de Bastardo fue suficientemente advertido.

El siniestro generó la movilización del equipo del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel) a la región, donde ejecutaron la Agenda Guayana con la inspección en todas las empresas.

En ese encuentro con los trabajadores, Sanz prometió cantidad de reuniones para resolver, entre otros puntos, la situación de la nómina de conducción y las ganancias líquidas.

Sidoristas calentaron la calle por las líquidas

Las inmediaciones de los tribunales de Justicia de Ciudad Guayana lucieron casi repletas -como en viejos tiempos- el 23 de julio. La audiencia se postergó para el 6 de agosto y fue entonces cuando el movimiento siderúrgico se hizo sentir con más fuerza.

Los trabajadores defienden el caso de las ganancias líquidas por el incumplimiento que se generó entre 2003-2007 cuando Ternium -mientras administraba a Sidor con la anuencia del Estado- estableció como “gastos” recursos que formaban parte de las ganancias, de las que se debía repartir un 15% a los trabajadores según lo determina el artículo 174 de la Ley Orgánica del Trabajo (LOT).

La promesa del Fondo Chino

Con el Fondo Chino Venezolano bajo la manga llegó el presidente Hugo Chávez a Ferrominera Orinoco (FMO) el 8 de agosto de 2009, en donde anunció la formalización y aprobación de Bs.F. 284,7 millones, más 118 millones de dólares para el sector aluminio, mientras que para Sidor prometió Bs.F. 97,8 millones y 4,4 millones de dólares.

Un total de Bs.F. 382,6 millones y 122,4 millones de dólares proyectó Chávez para el último trimestre de 2009.

Especificó que para los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre se garantizarían las “operaciones mínimas” con los desembolsos para las empresas del aluminio. Aprobó la creación del Instituto de Tecnología Popular Luis Zambrano, Centro de Alta Tecnología Metalúrgica y Centro Ideológico Político, así como la instalación de las oficinas de Contraloría Social en Guayana y los primeros avances del Plan Guayana Socialista.

Hasta la fecha no se conoce cuánto se ha ejecutado de los recursos del Fondo Chino.

Paro en Ferrominera Orinoco

El 11 de agosto comenzó en Ferrominera Orinoco una paralización que se extendió por 16 días y que culminó con los acuerdos del secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González, y el presidente de FMO, Radwan Sabbagh, en Ciudad Piar.

La protesta se desató con mayor fuerza en el cerro San Isidro, donde los trabajadores se mantuvieron firmes en reclamo por bonos, retroactivos e implementos de seguridad, todos beneficios contractuales de la recién firmada contratación colectiva.

Durante los 16 días, la huelga fue negada por el Ejecutivo y hasta por la propia presidencia de FMO. Fue en la edición del 12 de agosto de 2009 cuando apareció en la primera página de Correo del Caroní la gráfica que marcó el acuerdo entre la dirigencia sindical y Sabbagh, sin saber lo que unos días más tarde le depararía a González.

Detienen a Rubén González

El 24 de septiembre funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) aprehendieron a Rubén González, secretario general de Sintraferrominera, mientras rendía declaración en la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención en Ciudad Bolívar en un caso de corrupción que se le sigue a un político de la zona.

El 28 de septiembre el Tribunal Primero de Control, a cargo del juez Arsenio López, dictó la medida de arresto domiciliario.

Hasta la fecha el dirigente sindical permanece privado de libertad sin que se realice la primera audiencia. A él y a otra decena de trabajadores más se le acusa de: agavillamiento, instigación a delinquir, restricción a la libertad del trabajo e incumplimiento al régimen especial de zonas de seguridad, según la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación en sus artículos 47 y 48.

Nuevos focos de criminalización

El 6 de octubre tres trabajadores y dos dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la CVG (SutraCVG) fueron detenidos mientras intentaban realizar una protesta para llamar la atención del presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Rodolfo Sanz.

Ronald González, secretario general del sindicato; Carlos Quijada, secretario de finanzas y los trabajadores de la gerencia de mantenimiento: Ángel Adonis Centeno, Elvis Loran Azócar y Darwin López permanecieron durante 24 horas a orden de la Fiscalía Tercera.

A las 5:30 de la mañana de ese martes los empleados se movilizaron hasta el preescolar de la CVG en Chilemex para increpar al ministro Sanz durante la reinauguración del plantel. Minutos después efectivos de la Guardia Nacional llegaron hasta el lugar para detener a los trabajadores.

La protesta inició por la entrega de uniformes y demás beneficios contractuales. El 7 de octubre los trabajadores fueron dejados en libertad condicional, mientras se investigan los delitos de: agavillamiento, instigación a delinquir y obstrucción a la libertad al trabajo.

Quincenas y utilidades a destiempo

Durante el 2009 se hizo patente el retraso y las dificultades del Ejecutivo para poder cancelar el salario a tiempo a los trabajadores de la industria del aluminio. Los más perjudicados fueron los de CVG Carbonorca y CVG Bauxilum.

En CVG Alcasa el incumplimiento también se presentó pero la paciencia de los trabajadores soportó más. Los retrasos también se vivieron con el pago de utilidades en Sidor, lo cual generó una paralización de 8 horas en la acería socialista.

Cooperativas imploraron pagos

Los cooperativistas de Ferrominera Orinoco y CVG Bauxilum fueron los que más protestaron durante el 2009, no se quedaron atrás los trabajadores tercerizados de Matesi que presionaron, una y otra vez, para su incorporación a las áreas.

Las dificultades económicas reventaron por los más desprotegidos. En diciembre se hizo patente el reclamo de los contratistas, quienes en conjunto con las cooperativas, exigieron al Gobierno que respetara su salario. En Edelca las cooperativas de Caruachi, Macagua y el edificio administrativo tomaron las principales sedes con el objetivo de hacer bulla y lograr su pago en el 2009.

Huelga de hambre

La protesta de los trabajadores de ACBL de Venezuela cambió la tónica. El 16 de diciembre inició la huelga de hambre a las fueras de la empresa, con el propósito de presionar la cancelación de utilidades y demás compromisos contractuales.

La manifestación representó a miles de trabajadores de contratistas que durante el 2009 no recibieron ni un aporte a la deuda que mantiene el Ejecutivo con la pequeña y mediana empresa.

Las empresas que descargan y transportan la bauxita reclamaron lo insostenible de las deudas acumuladas por más de dos años. Los trabajadores, en muchos casos, representaron al patrono privado en el reclamo de los recursos al Ejecutivo.

Para el 2010 aún está en entredicho el transporte y descarga de bauxita en la temporada alta.

La guinda del 2009

El 22 de diciembre, a pocos días de que se fuera el 2009, integrantes del gabinete del presidente Hugo Chávez anunciaron el racionamiento de 560 megavatios en Ciudad Guayana, mediante el recorte energético a tres empresas del parque industrial.

Los ministros María Cristina Iglesias (Trabajo y Seguridad Social), Rodolfo Sanz (Industrias Básicas y Minería) y Ángel Rodríguez (Energía Eléctrica) explicaron la contingencia del embalse de Guri, con lo que justificaron el cierre de las líneas I y II de CVG Alcasa, la desincorporación de 360 celdas en CVG Venalum y la intervención de dos hornos en Sidor.

La medida es quizás el anuncio más pesado del Gobierno nacional, pues se traduce en el recorte de la producción del aluminio en 40%. Sobre la medida reposan cantidad de dudas, especialmente si la industria volverá a recuperarse después del duro golpe al corazón de las fábricas.

Producción aurífera afectada

La resolución Nº 09-04-03 del Banco Central de Venezuela (BCV) que modificó el régimen de comercialización de oro y sus aleaciones en abril de 2009, generó polémica, pues las nuevas normas establecen que del 70% de la producción aurífera nacional destinada al mercado interno, 60% debe ser vendida “obligatoriamente” al ente emisor, mientras que sólo un 10% será colocado en el sector transformador nacional.

La norma publicada en la Gaceta Oficial Nº 39.169 de fecha 30 de abril de 2009, establece que para exportaciones se destinará 30% de la producción nacional, siempre y cuando el ente emisor lo autorice.

Dirigencias sindicales del sur del estado Bolívar, en donde se concentra buena parte de la actividad minera de la entidad, han asegurado que esta resolución repercutirá en la quiebra de las empresas, pues ahora deberán vender al BCV al precio oficial de 2,15 bolívares fuertes por dólar.

Derrumbe de la pequeña y mediana industria

María Ramírez Cabello
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Más de 14 comunicaciones enviaron las pequeñas y medianas empresas de Guayana a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y al Ministerio de Industrias Básicas y Minería (Mibam) a lo largo de 2009 para obtener respuesta sobre las millonarias deudas de las estatales.

El perjuicio a este importante sector de la economía regional fue en ascenso mes a mes, y la Alianza Empresarial integrada por diversas organizaciones de industriales no encontró eco a sus reclamos.

Cuando apenas el 2009 se levantaba, tras un 2008 en el que las deudas estuvieron presentes, los dirigentes empresariales visualizaban un año “duro”, y así fue.

En enero de 2009, el ministro de Industrias Básicas y Minería (Mibam), Rodolfo Sanz, daba fe del “balance bastante positivo” que presentaban las empresas básicas “a pesar de situaciones difíciles y complejas que han generado sectores opositores para desestabilizar a la región Guayana”.

En ese entonces, la crisis en las empresas de Guayana -sobre todo en el sector aluminio- alcanzaba su cúspide, evidenciada en los retrasos en los pagos al personal así como a las empresas prestadoras de servicios y proveedoras de partes y piezas, que se ubicaba por el orden de los 500 millones de dólares.

Los empresarios coincidían en que de continuar el deterioro financiero de las estatales, se ponían en riesgo cerca de 40 mil empleos y la estabilidad económica de la región.

Por distintas vías, la Alianza Empresarial presentó propuestas de rescate del parque industrial y llamó al diálogo mutuo, pero la aproximación nunca se logró.

En marzo de 2009, el para entonces presidente de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras), José Manuel González, precisó que unas 45 industrias de las 300 pequeñas y medianas empresas que se asientan en Guayana habían cerrado sus puertas, acabando con 4 mil puestos de trabajo directos y más de 12 mil plazas indirectas.

Los “sacrificios” del sector empresarial así como de los trabajadores se mantuvieron a lo largo del año y, aunque los industriales han perdido la cuenta de las deudas, coinciden en que supera los 1.000 millones de dólares.

Las pocas pymes de Ciudad Guayana que aún sobreviven, trabajan a 30% de su capacidad, realizando trabajos menores y “matando tigres”, tras reducciones de personal, capacidad de endeudamiento abarrotada e, incluso, venta de activos para continuar.

En diciembre, cuando esperaban el pago de las deudas para cancelar las utilidades a sus trabajadores, muchos debieron sacar de su propio bolsillo, mientras otros se quedaron con la deuda para cargarla a cuestas en el 2010.

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